En el entramado estructural de la regulación de combustibles en la República Dominicana, la gestión de Hayrold José Ureña Espaillat se erige como un punto de inflexión que transformó una institucionalidad previamente desvalida en un sistema robusto, articulado y orientado a la evidencia.
Aunque ya no se encuentra en el cargo tras su reciente salida, su paso por la institución deja como referencia una mutación profunda en la forma en que el Estado ejerce su rol de garante del orden técnico, la transparencia y la integridad en un sector históricamente tensionado.
El “antes” respondía a una estructura debilitada, con procesos fragmentados, limitada trazabilidad documental y una escasa capacidad de control efectivo. La regulación operaba con criterios dispersos, generando espacios para la discrecionalidad.
Sobre esta base, la gestión impulsó una transformación estructural sustentada en la creación de sistemas que no solo organizan, sino que disciplinan el funcionamiento institucional. Uno de los pilares fue la implementación de la ventanilla única de precios, concebida como un sistema de automatización que centraliza, estandariza y valida información crítica en tiempo real, reduciendo errores y fortaleciendo la supervisión.
De manera complementaria, se consolidó un sistema de gestión documental estructurado, orientado a garantizar que cada actuación administrativa repose sobre evidencia coherente, íntegra y auditada, redefiniendo la relación entre la institución y los regulados.
El Decreto 666-25 introdujo otro de los saltos regulatorios más relevantes, al estructurar un régimen de conformidad que incorpora ensayos no destructivos, elevando los estándares de seguridad en infraestructuras críticas.
En el ámbito operativo, se instauró un modelo de monitoreo basado en metodologías estandarizadas y criterios reproducibles, permitiendo migrar hacia un esquema preventivo sustentado en ciencia y evidencia. A esto se suma la incorporación de la metrología legal como eje estructural del sistema.
La transformación del segmento de GLP también representó un avance significativo, con la transición hacia paros neumáticos y remotos y la exigencia de formación especializada para choferes, integrando tecnología y capital humano en la gestión de riesgos.
En coherencia con esta visión, se promovió la adopción de normas ISO en procesos críticos, asegurando estandarización y alineación con prácticas internacionales. Asimismo, se desarrollaron múltiples anteproyectos regulatorios enfocados en áreas como reexportación, almacenamiento, transporte e isotanques, incorporando el análisis de riesgo como criterio rector.
La implementación de mecanismos de trazabilidad física mediante distintivos de alta seguridad reforzó el control en campo, cerrando espacios a la informalidad.
Uno de los resultados más relevantes se evidenció en la optimización del proceso de clasificación de empresas generadoras, generando ahorros superiores a RD$22 mil millones, producto de la aplicación rigurosa de criterios técnicos.
Sin embargo, el mayor legado de esta gestión radica en haber impulsado una separación efectiva entre el poder económico y la función reguladora, consolidando una institucionalidad que decide desde la técnica, la evidencia y la ética.
El “después” es una institución con mayor carácter, con sistemas que garantizan coherencia, procesos auditables y una capacidad real de control. La transparencia deja de ser una aspiración para convertirse en una consecuencia del diseño institucional.
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