La empresa Petromovil desmintió que las acciones legales emprendidas contra Jefte Ventura respondan a opiniones emitidas en redes sociales, asegurando que se trata de una respuesta ante una supuesta campaña sistemática de descrédito contra la compañía y sus ejecutivos.
En un comunicado, la empresa afirmó que decidió fijar posición debido a que “el país solo ha escuchado una versión de los hechos”, la cual calificó como “errática, abusiva y falta a la verdad”. Asimismo, sostuvo que las declaraciones de Ventura han sido “falsas y manipuladas”.
Según Petromovil, las acciones legales se sustentan en acusaciones sin pruebas, entre ellas señalamientos de contrabando, así como en un “constante asedio” y provocaciones al personal en estaciones de servicio, lo que motivó a la empresa a recurrir a los mecanismos previstos en la legislación de la República Dominicana para proteger su reputación y actividad comercial.
En relación con la calidad de los combustibles, la compañía indicó que Ventura habría manipulado certificados de inspección de la empresa AIVIPET S.R.L., autorizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes para la toma de muestras de combustibles en el país.
Petromovil recordó que, conforme a la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos, todos los combustibles comercializados en el territorio nacional cumplen con estándares técnicos establecidos, destacando que el suministro proviene en un 70% de importaciones gestionadas por el Estado y en un 30% de la Refinería Dominicana de Petróleo.
La empresa también denunció que Ventura visitó estaciones de servicio para grabar contenidos en los que afirmaba, sin evidencias, la supuesta venta de combustibles alterados, instando a consumidores a no adquirir sus productos, lo que, según indicó, afecta a más de 500 empleados directos y unos 2,000 indirectos.
Además, señaló que existen evidencias en las que el propio Ventura habría admitido, tanto ante un juez como en redes sociales, haber intentado obtener colaboración económica de empresas vinculadas al grupo, lo que, a juicio de la compañía, genera dudas sobre sus intenciones.
En ese contexto, Petromovil recordó que el ordenamiento jurídico dominicano contempla sanciones por difamación, chantaje y delitos tecnológicos, amparados en la Constitución, el Código Penal y leyes como la 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La empresa indicó que el tribunal competente encontró méritos suficientes para iniciar un proceso penal e imponer medidas de coerción contra el imputado.
Finalmente, Petromovil destacó que cuenta con más de 30 años de operación en el mercado local, reafirmando su compromiso con la calidad de sus productos y servicios, y llamó a la ciudadanía y a los medios a manejar la información con responsabilidad.
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