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sábado 20, abril 2024

Ecopetrol responde a polémico contrato de asesoría para importar gas venezolano

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EHPLUS,  INTERNACIONAL. -Durante la moción de censura que se realizó el miércoles a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la Cámara de Representantes, la congresista Carolina Arbeláez reveló un contrato que firmó Ecopetrol el pasado 4 de noviembre para recibir asesoría jurídica para la compra, importación y transporte de gas natural desde Venezuela.

Toda esta crisis y el decrecimiento al que nos quiere llevar la ministra, es porque tienen un negocio cocinado con Venezuela. ¿Vamos a renunciar a nuestra soberanía energética, de verdad vamos a apoyar este negocio sólo porque hay una supuesta llamada coalición de Gobierno?”, cuestionó la representante.

Al conocerse este acuerdo con Eversheds Sutherland Nicea, Ecopetrol decidió pronunciarse y aseguró que desde 2007 se tiene un contrato firmado con PDVSA para el suministro internacional de gas, en virtud del cual la estatal venezolana le suministraría gas bajo determinadas condiciones técnicas, comerciales y económicas.

Ecopetrol aclaró, a través de sus redes sociales, que ese contrato en ningún momento ha conllevado transacciones comerciales.

Dicho contrato se ha mantenido inactivo bajo la figura de estabilización de equipos, lo cual implica que no se han generado obligaciones comerciales de nominación ni entrega de gas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”), dependencia gubernamental estadounidense conocida por emitir la lista OFAC de presuntos narcotraficantes y lavadores de activos, impuso sanciones financieras contra la empresa estatal petrolera de Venezuela, PDVSA; por esta razón, la compra de gas natural por parte de Colombia a PDVSA generaría incumplimiento de las normas corporativas con efectos colaterales para las empresas del sector gasífero en Colombia.

Además, se produciría un incumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLFAT.

Los riesgos asociados al SARLAFT podrían representar desde un riesgo reputacional (contaminación corporativa) hasta un riesgo legal.

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