Caracas. – El acuerdo petrolero anunciado entre Venezuela y Estados Unidos plantea una de las mayores apuestas para la recuperación de la industria de hidrocarburos del país suramericano, con proyecciones de elevar la producción, desarrollar nuevos campos y movilizar más de US$100,000 millones en inversiones.
Sin embargo, la magnitud de las metas contrasta con las interrogantes que todavía rodean la ejecución del convenio, particularmente en materia de infraestructura, seguridad jurídica, condiciones contractuales, inversión y estabilidad política.
El acuerdo, anunciado el 28 de agosto por las autoridades venezolanas y la Administración estadounidense, contempla el desarrollo de 17 campos que concentran unos 65,000 millones de barriles de reservas, dentro de las más de 303,000 millones de barriles que posee Venezuela.
De acuerdo con datos publicados por EFE, la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que el convenio permitirá incrementar considerablemente la producción petrolera del país, que actualmente se sitúa en alrededor de 1.2 millones de barriles por día (bpd).
El proyecto establece como objetivo superar los 1.5 millones de barriles diarios y tendría una vigencia de 25 años.
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado que el acuerdo contribuirá a duplicar las reservas petroleras de Estados Unidos, que se encuentran en niveles reducidos tras la guerra contra Irán.
El convenio contempla una inversión superior a los US$100,000 millones, una cifra que, de acuerdo con el economista Asdrúbal Oliveros, representa por ahora una aspiración de gran magnitud y no necesariamente capital ya comprometido y desembolsado.
Oliveros considera prematuro evaluar el acuerdo como una realidad debido a que todavía no se conocen suficientes detalles sobre su estructura contractual, las garantías, el régimen fiscal y los compromisos efectivos de inversión.
El economista plantea además una diferencia fundamental: disponer de derechos sobre grandes reservas petroleras no significa automáticamente convertir esos recursos en producción, exportaciones e ingresos fiscales.
Para recuperar su industria petrolera, Venezuela necesita inversiones de esa escala, pero su llegada dependerá también de condiciones que permitan sostener proyectos durante décadas.
Entre los elementos señalados están la seguridad jurídica, la infraestructura, los servicios petroleros, el talento especializado y la confianza de los inversionistas.
Otro de los puntos de preocupación está relacionado con la estabilidad institucional que deberá respaldar las inversiones. Oliveros advierte que existiría un riesgo elevado si el futuro del convenio depende principalmente del entendimiento político entre los Gobiernos de Caracas y Washington.
La preocupación se debe a que las inversiones petroleras pueden requerir décadas para recuperar el capital, mientras que los ciclos políticos tienen una duración mucho menor.
En ese contexto, el economista considera especialmente relevante la existencia de un marco jurídico e institucional capaz de mantenerse más allá de los Gobiernos que actualmente impulsan el acuerdo.
La verdadera prueba, según su planteamiento, será determinar si las inversiones pueden mantenerse vigentes ante eventuales cambios políticos tanto en Venezuela como en Estados Unidos.
La dimensión política también acompaña el anuncio petrolero. El economista y exministro venezolano Ricardo Hausmann cuestionó el convenio y lo calificó de inconstitucional al considerar que fue alcanzado con un Gobierno que considera ilegítimo.
Otros dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos Henrique Capriles y Juan Pablo Guanipa, también han cuestionado que las autoridades actualmente en el poder sean las responsables de impulsar el acuerdo, al señalar su responsabilidad en el deterioro de la industria petrolera.
La líder opositora María Corina Machado sostuvo que los enemigos de Estados Unidos en Venezuela se encuentran actualmente en Miraflores y cuestionó la legitimidad del Gobierno.
Machado también planteó que no es posible alcanzar desarrollo sin instituciones sólidas y sin un Gobierno elegido mediante el voto popular.
NABEP, la empresa encargada de los campos
El desarrollo de los 17 campos contemplados en el acuerdo fue asignado a North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía que otorgó al Pentágono una participación accionaria del 35 %.
La concentración de la operación en una sola empresa también genera cuestionamientos entre expertos. Un economista que pidió mantener su identidad en reserva consideró que el esquema otorga a NABEP un poder excepcional sobre una parte importante de la producción petrolera venezolana.
El especialista advirtió que una concentración de ese nivel, sin controles y contrapesos suficientes, podría darle a la compañía capacidad para tomar decisiones con consecuencias relevantes para el país.
Al frente de NABEP se encuentra el empresario Alejandro Betancourt, quien ha sido investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Betancourt construyó su fortuna durante el chavismo a través de contratos eléctricos en medio de una crisis del sector que se agravó con el paso de los años. Su figura ha sido defendida tanto por Rodríguez como por altos funcionarios estadounidenses.
Ante los cuestionamientos sobre el control de la empresa, la Casa Blanca ha señalado que Estados Unidos posee poder de veto sobre el nombramiento de integrantes de su junta directiva y que la mayoría de los miembros deben ser ciudadanos estadounidenses.
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Más allá de las cifras anunciadas, el principal desafío del acuerdo estará en transformar el potencial petrolero venezolano en producción efectiva.
El convenio pone sobre la mesa 65,000 millones de barriles asociados a los 17 campos, una meta de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios y más de 100,000 millones de dólares en inversión.
Pero para que esas proyecciones se materialicen será necesario superar los obstáculos vinculados con infraestructura, inversión, seguridad jurídica y estabilidad institucional que, según los expertos citados, todavía forman parte de las principales interrogantes del proyecto.
Así, la magnitud de las reservas y de las inversiones proyectadas convierte al acuerdo en una apuesta de largo plazo, cuya viabilidad dependerá no solo de los recursos disponibles, sino de las condiciones que permitan desarrollar y mantener las operaciones petroleras durante las próximas décadas.
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