El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) responsabilizaron al Gobierno de los apagones actuales, argumentando que son consecuencia del incumplimiento de disposiciones constitucionales, leyes nacionales y compromisos internacionales sobre cambio climático y transición energética.
Durante una audiencia celebrada hoy en la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), presidida por el juez Ramón Hiciano Berroa, el director ejecutivo de INSAPROMA, Euren Cuevas, sostuvo que si la administración del presidente Luis Abinader hubiera cumplido con los mandatos legales y ambientales, el país no enfrentaría la crisis energética que atraviesa actualmente.
El tribunal rechazó la solicitud de aplazamiento presentada por el Ministerio de Energía y Minas y procedió a escuchar el debate de fondo sobre el recurso de amparo de cumplimiento contra el presidente Abinader y varios funcionarios, reservando su fallo para una fecha aún no determinada.
Las organizaciones denunciaron que el Gobierno:
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No ha cumplido con la Ley 112-00 de Hidrocarburos, que establece un fondo para energías renovables.
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Ha incumplido la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, cuyo cuarto eje establece la descarbonización y el reemplazo de combustibles fósiles por fuentes limpias.
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Ha violado artículos 61, 67 y 194 de la Constitución, que protegen la salud, el medio ambiente y obligan a combatir el cambio climático.
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Ha mantenido en operación la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que emite 4.6 millones de toneladas de CO₂ al año, y ha autorizado barcazas eléctricas contaminantes en Azua y el río Ozama.
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Promueve proyectos en Manzanillo, Monte Cristi, que usarán combustibles fósiles, contrariando las metas de energías renovables.
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No ha alcanzado el objetivo de la Ley 57-07 de que para 2025 el 25% de la matriz eléctrica sea renovable.
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Incumple el compromiso del Acuerdo de París de reducir en 27% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
Además, criticaron que los planes energéticos nacionales prioricen el gas natural, un combustible fósil, como base de la generación eléctrica, en lugar de impulsar energías renovables.
Los representantes de los funcionarios demandados solicitaron al tribunal declarar inadmisible el amparo, alegando falta de calidad jurídica en las organizaciones demandantes.
Por su parte, INSAPROMA y CNLCC pidieron al tribunal ordenar al presidente Abinader y a las autoridades competentes el inmediato cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales e internacionales en materia de cambio climático y transición energética.
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