CIUDAD DE MÉXICO. La organización Admonitor ha advertido sobre la falta de regulación secundaria en México, que es crucial para promover la creación de clústeres de generación y transmisión energética en el país.
Los clústeres de generación y transmisión de energía son agrupaciones de instalaciones que permiten una mayor eficiencia en la producción y distribución de electricidad. Estos clústeres facilitan el acceso a la energía para industrias clave, fomentando la innovación y el desarrollo económico regional.
En países como Alemania y Estados Unidos, estos clústeres han demostrado ser herramientas efectivas para integrar energías renovables y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico.
Esta carencia normativa representa un obstáculo significativo para el desarrollo de proyectos de energías renovables, ya que impide la consolidación de un marco legal que facilite inversiones y operaciones eficientes en el sector.
Según Ana García, analista de energía en la consultora Wood Mackenzie, “sin una regulación específica, es difícil atraer la inversión necesaria para desarrollar estos clústeres, ya que los inversores buscan certeza en las reglas del juego”.
Por su parte, Eduardo Pérez, experto en políticas energéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que la falta de regulación también puede llevar a una planificación ineficiente del sistema eléctrico.
“Los clústeres permiten una gestión más eficiente de los recursos energéticos, especialmente en un contexto de creciente incorporación de fuentes renovables. Sin una regulación adecuada, se corre el riesgo de suboptimizar el uso de estos recursos y aumentar los costos para los consumidores finales”, señaló.
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Consecuencias tangiblessas
Según expertos, esta situación se traduce en una incertidumbre regulatoria que desalienta la inversión extranjera y local, fundamental para alcanzar las metas de transición energética de México.
Alejandro Álvarez, analista en energía, subraya que “sin una regulación clara, los proyectos enfrentan riesgos legales y financieros, lo que retrasa el desarrollo de infraestructura crítica para el país”.
En términos de impacto, la falta de regulación adecuada limita la capacidad de México para integrar nuevas tecnologías y fuentes de energía renovable en su matriz energética.
Además, restringe la competencia y la eficiencia en el sector, lo cual podría llevar a costos más altos para los consumidores finales y a una menor sustentabilidad del sistema energético a largo plazo.
Para mitigar estos riesgos, especialistas sugieren que el gobierno debe acelerar la promulgación de regulaciones secundarias y desarrollar políticas claras que incentiven la creación de clústeres energéticos.
Esto no solo facilitaría la atracción de inversiones, sino que también permitiría a México aprovechar mejor sus recursos naturales para generar energía limpia y reducir su dependencia de los combustibles fósiles.
En resumen, la falta de regulación secundaria en México para clústeres de generación y transmisión de energía es un tema crítico que necesita atención inmediata.
La creación de un marco regulatorio claro y eficaz no solo fomentará el crecimiento del sector energético, sino que también contribuirá a la estabilidad económica y al avance hacia un futuro energético más sustentable.
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¿Qué recomiendan los expertos?
Los especialistas recomiendan que el gobierno mexicano desarrolle una regulación clara y robusta para facilitar el crecimiento de estos clústeres. Esto incluye establecer criterios técnicos y normativos para su operación, así como incentivos fiscales y financieros para atraer inversiones.
“El desarrollo de clústeres energéticos no solo requiere un marco regulatorio, sino también una planificación estratégica a nivel nacional que considere la integración de energías renovables, la modernización de la red eléctrica y la capacitación de recursos humanos especializados”, agrega Laura Fernández, consultora de energías renovables.
Sin un marco regulatorio adecuado, el país podría perder oportunidades clave para mejorar su infraestructura energética, fomentar la inversión y avanzar hacia una mayor sostenibilidad.
La creación de esta regulación no solo beneficiaría a la industria energética, sino también a la economía en general y a los consumidores finales.
