Paralelamente a las célebres palabras del insigne Pedro Mir cuando decía que hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Imagínese ese mismo país donde nueve de cada diez habitantes de las ciudades utilizan agua embotellada como fuente de agua. No se trata de una zona desértica, o con escasas lluvias. Es la República Dominicana. Según el Banco Mundial, en 2021, el 40 % de los hogares más vulnerables destina un 12 % de sus ingresos a adquirir agua, cuando lo normal es que sea un 5 %. De ese porcentaje, un 95 % es para agua embotellada que compra a empresas privadas.
Aunque el agua que sale de las plantas de tratamiento es «potable» (la calidad es realmente muy escasa) según el Inapa, el líquido es finalmente no apto para consumo humano por problemas de alcantarillado y de almacenamiento: esto se traduce en que más del 80 % de los hogares dominicanos consumen agua embotellada.
«El laboratorio de calidad del agua del Inapa se traduce en seguridad y salud para la población dominicana», explica el director ejecutivo del Organismo Dominicano de Acreditación, ODAC, Ángel David Taveras Difo.
En la actualidad, solo un 10 % de las aguas residuales son recolectadas por los sistemas de alcantarillado y menos del 20 % recibe algún tipo de tratamiento. «Los esfuerzos realizados desde el sector público, privado, organismos internacionales y sociedad civil, juegan un papel indiscutible para el logro de una hoja de ruta sostenible y el desarrollo de mecanismos que promuevan y financien iniciativas innovadoras que dinamicen la transformación de los modelos actuales», señala la presidenta de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), Dania Heredia.
A pesar de que la República Dominicana cuenta con un enorme potencial hídrico, con recursos de alrededor de los 25.000 millones de m3 – es decir, 2.378 m3/año/persona – (y un promedio anual de precipitaciones superiores a los 1.400 mm – 73km3), el ICEX revela que el sector sigue enfrentado grandes dificultades que sitúan al país en una situación general de estrés hídrico y escasez crónica de agua.
«La seguridad hídrica es la capacidad de la humanidad de proteger el acceso sostenible al agua para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar y el desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo que emprende acciones para proteger los ecosistemas. La falta de seguridad hídrica es uno de los mayores riesgos para el país», señala el ambientalista Adolfo López.
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Sobre el tablero de juego
En las políticas públicas en materia hídrica comparten escenario Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mmarn), el Ministerio de la Presidencia (MP), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), entre otros.
«El uso del agua debe ser consciente y sostenible, ya que la utilización de manera indebida contribuye a la aparición de enfermedades como el cólera, entre otras gastrointestinales, además del dengue que es generado por el almacenamiento incorrecto de esta», explica el viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, quien trabaja con el grupo sectorial de Agua y de Saneamiento e Higiene (GASH).
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), como máxima autoridad en materia de aguas nacionales, comparte escenario con organismos sectoriales de agua potable y saneamiento, Inapa y las diferentes Coraas (Corporaciones de Acueducto y Alcantarillado). Entre el Inapa (26 provincias), la Caasd (Santo Domingo) y la Coraasan (Santiago de los Caballeros) abarcan el saneamiento y provisión de agua potable a nueve millones de personas (un 85 % de la población); no obstante, la cobertura real es muchísimo más reducida.
«El Plan Hidrológico Nacional es una herramienta de gobernanza; en las que se ha hecho una mirada a temas que han permanecido ocultos. Responde a lo que quiere la gente y responde a una política de Estado», explica Juan Saldaña, director de Planificación y Desarrollo Institucional del Indrhi.
En busca de un plan nacional
El Gobierno de la República Dominicana, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y el Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS), están inmersos en el proyecto de apoyo a la elaboración del plan nacional de aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en la República Dominicana.
«Estamos trabajando en ejes estratégicos como la construcción de la presa de Haina (o presa de Madrigal) y la conducción de agua desde la presa de Hatillo, que incluirá una tubería de aproximadamente 66 kilómetros, con una capacidad de 10 m3 de agua, casi el 50 % de la producción actual de la ciudad. Además, se destacó la presa de Don Juan en Monte Plata, con una capacidad de 4 m3», sostiene Felipe Suberví, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).
El Fondo Agua Santo Domingo (FASD), procura y administra recursos financieros para apoyar proyectos e iniciativas que promuevan la capacidad de las cuencas de los ríos Haina, Nizao y Ozama de generar agua en cantidad y calidad. Con acciones de mantenimiento en 1,015.32 hectáreas y la siembra de 1,341,140 plantas, el fondo ha beneficiado directamente a 483 comunitarios y de manera indirecta a 1,932 personas. Además, se han realizado 25 actividades de reforestación y 56 capacitaciones, impactando a más de 500 personas.
«Es fundamental la colaboración entre el sector público y privado para asegurar un futuro donde el acceso equitativo al agua sea una realidad», apunta el presidente del FASD, Roberto Herrera.
Gestión del agua multipolar
El Fondo Agua Yaque del Norte (FAYN), creado en el 2015, por iniciativa de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua bajo la Ley 122-05 sobre regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro, es una plataforma público privada diseñada para canalizar recursos de inversión destinados a la preservación de los servicios ecosistémicos de provisión de agua en la cuenca del río Yaque del Norte a los fines de aportar a la seguridad hídrica de la ciudad de Santiago.
«El río Yaque del Norte es de vital importancia para el desarrollo económico del país, el cual suple de agua a alrededor de dos millones de personas e irriga más de 100,000 hectáreas de tierra de cultivadas de arroz, banano, entre otros rubros, beneficiando unos 48,000 productores», asegura Juan Manuel Ureña, presidente del Fondo Agua Yaque del Norte.
Una visión en la que inicialmente participaron el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Asociación para el Desarrollo (Apedi), The Nature Conservancy (TNC), Universidad ISA, Plan Yaque, Plan Sierra Inc., Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Cooperativa San José, Fundación Propagas, Fundación Bermúdez, Aquiles Bermúdez, Manuel José Cabral y Juan Manuel Ureña. En el 2017 se integraron cinco nuevos: Fundación Popular, Cooperativa La Altagracia, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Corporación de Zona Franca Santiago y Fondesa, en el 2019 dimos la bienvenida a Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste (Banelino) y en el 2021 a la Fundación Grupo M.
«Los principales retos del Fondo de Agua Yaque del Norte en cuanto al agua y saneamiento giran en torno a la gestión eficiente de la cuenca del río Yaque del Norte, que enfrenta problemas como la deforestación, la agricultura intensiva, la expansión urbana descontrolada, el cambio climático y la falta de aplicación de políticas ambientales», apunta Ureña.
El Fondo Agua se ha enfocado en contribuir a mitigar esta situación a través de soluciones basadas en la naturaleza, desarrollando proyectos de conservación y restauración de cuencas, así como proyectos para el tratamiento de aguas residuales construyendo humedales artificiales, una tecnología que emula los ecosistemas naturales para filtrar contaminantes.
«Desde su creación, el Fondo de Agua Yaque del Norte ha gestionado más de RD$100 millones en proyectos orientados a la conservación, restauración y manejo sostenible de los recursos hídricos en la cuenca, además cuenta con un fideicomiso financiero que proporciona recursos de capital creciente para el financiamiento de estas acciones. En cuanto al saneamiento, la inversión reciente en proyectos de tratamiento de aguas residuales, como los humedales artificiales, ha alcanzado los RD$20.5 millones, destinados a iniciativas que abordan directamente la contaminación y mejoran la calidad del agua».
Multeratilidad de las inversiones
El Programa multilateral de inversiones, un fondo de capital privado que financia proyectos de desarrollo en países en desarrollo, ha incrementado proyectos en agua potable y saneamiento en siete provincias de la República Dominicana, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
«El Gobierno Central aplica políticas públicas en el sector agua, situación que ha garantizado un servicio de calidad a favor de dos millones de personas», expone el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, presidente pro tempore del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (Focard-APS). Una presidencia del foro especializado del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que celebra su veinte aniversario, siendo precisamente la República Dominicana donde se firmó su acta constitutiva mediante la denominada Declaración de Boca Chica.
«El cambio climático plantea un desafío global urgente que afecta la disponibilidad y la calidad del agua con eventos climáticos extremos, sequías prolongadas e inundaciones», dijo Arnaud.
Los Fondos de Inversión para el Clima (Climate Investment Funds, CIF, en inglés), aprobaron en Washington un plan de inversión para la implementación del proyecto «De la Loma a la Bahía», diseñado para la restauración y protección de la cuenca alta y baja del río Yuna.
El proyecto, financiado por los Fondos de Inversión para el Clima, a través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de su Programa de Inversión People Nature and Climate (Personas, Naturaleza y Clima), se realizó con la aprobación de la Junta de Gobierno del Caribbean Investment Facility (CIF).
«Es una responsabilidad que asumimos con gran compromiso, a través de nuestros equipos técnicos, que trabajarán en estrecha colaboración para garantizar que todas las estrategias y actividades estén alineadas con los objetivos nacionales de sostenibilidad y resiliencia climática», expresó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton.
Derecho humano al agua para reducir la vulnerabilidad
Los fenómenos climáticos generan inestabilidad y dificultan, además, los procesos productivos y el acceso estable al agua y al saneamiento gestionados de manera segura. Según el informe del IPCC del 2021, América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por los desastres relacionados con el clima. Desde la década de 1980 los desastres relacionados con el agua (sequías e inundaciones) se han duplicado, pasando de 344 desastres reportados a 615. Lo anterior repercute no solo en términos de personas afectadas y fallecidas, sino en el valor económico asociado a los daños y pérdidas provenientes los desastres derivados del cambio climático.
«Hay que impulsar nuevas inversiones hídricas en cantidad, calidad y continuidad para universalizar el acceso a agua y saneamiento gestionados de manera segura con especial énfasis en el ámbito rural, en comunidades distantes de los centros y en zonas urbanas marginales, de manera que las operadoras públicas, privadas o comunitarias tecnifiquen los sistemas de agua y mejoren las capacidades técnicas relacionadas a la calidad del agua», manifiesta Silvia Saravia, experta de la Cepal.
Con una inversión total del proyecto de US$900,160, del cual el BID LAB aportará US$600,000, y adicionalmente Hábitat para la Humanidad República Dominicana USD$300.160, estas entidades se han unido para desarrollar un proyecto de saneamiento, que busca mejorar el acceso al alcantarillado en la provincia de Monte Cristi. El proyecto «Una solución limpia a un problema sucio», tiene como objetivo mejorar el acceso de 200 familias, a los servicios básicos de saneamiento. Un problema que a nivel país afecta al 73 % de la población, según el informe.
«Este proyecto cuenta con la participación de actores locales y se gestiona con asociaciones de base comunitaria. Junto con este liderazgo comunitario, 32 juntas de vecinos convertidas, se espera que la iniciativa aborde las necesidades urgentes de saneamiento domiciliario y lo conecte al sistema de alcantarillado, para contribuir así a la disminución de contaminantes de fuentes de agua, la reducción de enfermedades impactando a más de 800 personas a través del sistema de alcantarillado», explica Cesarina Fabián, presidenta de Hábitat para la Humanidad República Dominicana.
La voluntad de todos los actores está puesta en la misma dirección. Sin embargo, queda por delante políticas de incentivos y regulación que promuevan la innovación y uso de tecnologías adaptadas al país, así como, y si cabe, más importante establecer asociaciones público-privadas (APP) y con actores diversos de la sociedad civil y las comunidades locales para acceder a la financiación y promover una nueva cultura y valoración del agua.
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