EHPLUS, SANTO DOMINGO.- En una declaración conjunta emitida el 6 de febrero de 2024, siete relatores especiales y grupos de trabajo de las Naciones Unidas enfatizaron la necesidad urgente de abordar los impactos adversos en los derechos humanos derivados de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC) en la República Dominicana.
Los expertos de la ONU, entre los que se encuentran representantes de áreas como el derecho a la alimentación, el medio ambiente, la salud, la pobreza extrema, los tóxicos, el agua y el saneamiento, así como el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, señalaron una serie de preocupaciones relacionadas con la operación de la CTPC.
En particular, expresaron su inquietud por la falta de medidas de mitigación de riesgos para la central eléctrica, la gestión inadecuada de sus residuos tóxicos y peligrosos, y la ausencia de una evaluación oficial sobre sus impactos en la salud, el acceso al agua potable, y la disponibilidad de alimentos adecuados en las comunidades afectadas.
Los relatores especiales instaron al Estado dominicano a tomar medidas urgentes para proteger los derechos de las poblaciones afectadas, especialmente los niños, y solicitaron información sobre las acciones tomadas hasta la fecha.
Entre las medidas solicitadas se encuentran la evaluación de los impactos ambientales y en la salud de las emisiones y residuos de la CTPC, la garantía de una gestión adecuada de los residuos, la reparación completa a las comunidades afectadas, y el aseguramiento de que la CTPC respete los derechos humanos según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Además, los expertos pidieron al Estado información sobre la consideración del cierre de la CTPC y los planes para promover la transición energética hacia fuentes sostenibles y no contaminantes.
Esta comunicación se produce en respuesta a un informe presentado en septiembre de 2023 al Comité de los Derechos del Niño por parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Comité Nacional para la Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), que documentó los impactos negativos de la CTPC en la población, especialmente en los niños.
La FIDH espera que esta comunicación impulse la implementación de una mesa redonda con las comunidades afectadas y la atención adecuada a las preocupaciones planteadas por los expertos de las Naciones Unidas.
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