Por José Maldonado Stark, socio de la firma Russin, Vecchi & Heredia Bonetti; y César Ariel Sánchez, asociado de la firma
La energía eléctrica es, sin dudas, uno de los grandes pilares que han permitido la transformación y el desarrollo de la vida moderna tomando en cuenta que su generación, transmisión y distribución impactan en todo el quehacer económico y social de los estados. El sector eléctrico es, entonces, uno de los rubros en los que las políticas estatales deben prestar mayor atención, por constituirse en un servicio básico que debe ser confiable y asequible para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad actual.
No obstante, en República Dominicana, es un sector que siempre ha tenido múltiples retos para su estabilidad, tanto por sus particularidades económicas caracterizadas por una regulación y participación estatal que incide en la oferta y demanda de los servicios, como por su desenvolvimiento dentro de una sociedad en vías de desarrollo, con todos los obstáculos que ello conlleva, principalmente el de una falta de planifi-
cación institucional.
I. Panorama actual del sector
Actualmente, el sector eléctrico dominicano se enfrenta a un aumento constante en la demanda energética, cuyas proyecciones arrojan que en los próximos años será aún mayor. De esta manera, la Comisión Nacional de Energía (CNE) estima que para el año 2036 la demanda energética del país llegaría a situarse en un 58 % por encima de los valores de demanda para el año 2018. Esto constituye en sí mismo un reto importante para este sector que ha luchado durante años con déficits de generación y que, en adelante, debe encarar a una sociedad que requiere de mayor energía para el mantenimiento de los índices de crecimiento económico que se han vislumbrado en los últimos años.
Ahora bien, estos mayores niveles de generación, que representan altos costos para las finanzas públicas, necesariamente deberían ir de la mano con una política de eficiencia energética que permita equilibrar el consumo racional de los usuarios. Es así que se deberían implementar las líneas de acción señaladas en los objetivos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 1-12, en busca de promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad. La revisión y posterior aprobación y promulgación de una ley de eficiencia energética, podría ayudar a mitigar estos aspectos. Al final, la energía menos costosa es la no consumida.
A lo anterior se debe sumar el amplio rango de pérdidas de energía que se producen en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), que para abril del 2022 se encontraba alrededor de un 30 % respecto de la energía que compran estas distribuidoras a las generadoras y su relación con la energía que venden y, sobre todo, la que pueden cobrar. Sobre esto último, un reto importante del sector lo constituye el poder garantizar que se realicen pagos recurrentes del servicio por los consumidores, pues el país ha sido afectado durante años por una cultura de falta de conformidad con los pagos del servicio y de conexiones ilícitas al SENI. La suma de estos factores más la política de subsidios por parte del Estado, inciden en lo que muchos consideran como una deficiencia en el esquema de distribución energética del país. Aunque, deben resaltarse los grandes esfuerzos realizados por el Estado dominicano para mantener los referidos subsidios en la actual coyuntura de dificultad económica y lograr aquello que nos distingue de otros países latinoamericanos: nuestra paz social.
II. Retos y proyecciones del sector
a) El Pacto Eléctrico. Tarifa y facturación
Con el fin de atenuar los efectos de estas particularidades del sistema, el sector energético del país tiene como reto continuar con la puesta en ejecución del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico (Pacto Eléctrico). Entre otras cosas, este pacto prevé alzas escalonadas de la tarifa eléctrica, para su ajuste a la realidad económica actual y para transparentar su cobro; pero dichas alzas fueron detenidas recientemente por el gobierno en un intento de paliar la situación económica actual que se vive en el país.
De lograrse la puesta en ejecución total del Pacto Eléctrico se buscaría, entre otras cosas, la transparencia de la facturación y por ende el beneficio económico de los usuarios. La definición y real aplicación de una tarifa técnica que permita disminuir los costos para el consumidor en su generalidad, además de equilibrar la balanza a favor de aquellos que no reciben subsidios de electricidad, es una señal contundente para la atracción de las nuevas inversiones que requiere el sistema de electricidad dominicano con miras de lograr la tan aspirada y necesaria seguridad energética.
b) Energías renovables
Un punto que es también de suma relevancia, incluido en el Pacto Eléctrico, es la continuación en la atracción de inversión en energías de fuentes renovables que permitan avanzar con la transición energética que hemos venido experimentando de la generación con base en combustibles fósiles a otras fuentes como gas natural, carbón y, en menor medida, energías renovables. Los esfuerzos más recientes del gobierno dominicano deben ser reconocidos. La realidad es que el levantamiento de la moratoria en la emisión de concesiones para generación renovable y el otorgamiento de contratos de compraventa de energía en consonancia con la normativa vigente ha logrado que aumentemos de alrededor de unos 300 megavatios de energía renovable en el 2020 a unos 600.
Corresponde ahora continuar promoviendo la inversión en renovables derivadas de luz solar, viento, biomasa y otras fuentes, sobre todo ante el panorama mundial de crisis económica que se ha vivido recientemente, que ha afectado el suministro y costo de los hidrocarburos, el gas natural y el carbón.
c) Algunas reformas e iniciativas para el sector de las renovables
Ahora bien, para continuar incentivando el sector, es importante ponderar algunas de las reformas de la legislación y normativa para fines de mejorar:
1. El organigrama de los órganos regulatorios y sus competencias, muchas veces solapantes.
2. Sustituir la figura de la concesión por un simple permiso de generación que no dependa de una facultad del Poder Ejecutivo para su otorgamiento y que debe pasar por varias instituciones públicas distintas para su otorgamiento.
3.Revisar los Reglamentos de Medición Neta y Generación Distribuida de la Comisión Nacional de Energía, pues estos podrían representar límites a la democratización de la producción de energía e implementación de energías renovables y, a juicio de la Asociación para el Fomento de Energías Renovables (Asofer), conseguirían detener el crecimiento y subsistencia del subsector de energía renovable distribuida y medición neta.
4. En ese mismo punto, convendría la regulación de la importación de las baterías que son utilizadas en los procesos de generación eléctrica sobre fuentes renovables, en especial su tratamiento fiscal, pues no se encuentran incluidas en el régimen de exención del listado de equipos del artículo 9 de la Ley 57-07 sobre energías renovables. Estos equipos resultan tener un valor significativo en la eficiencia de este subsector para disminuir la inestabilidad de la generación, a través del almacenamiento de la energía generada.
5. Por último, corresponde que la CNE continúe, como atinadamente ha venido haciendo, con sus procesos de declarar caducas la concesiones de renovables cuyos plazos para desarrollo hayan vencido de modo que se libere el espacio disponible en nuestras muy congestionadas líneas de transmisión para la entrada de otros proyectos nuevos.
III. Posibles sugerencias
Una mayor inversión de infraestructura en el sector sería de gran importancia para mantener el enfoque de aumento de generación sobre fuentes renovables, no sin antes evaluar de manera integral el sistema regulatorio del país con modificaciones legislativas de manera general, que aúpen y brinden mayor seguridad a las inversiones, sobre todo las extranjeras. Si bien se han tomado algunos pasos como la promulgación de la Ley 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y su Reglamento de aplicación mediante Decreto 486-22; se podría considerar que existe la necesidad de que otras normas e iniciativas sean puestas en funcionamiento como:
• La ventanilla única para procesos de permisología y concesiones del sector eléctrico.
• La ley de garantías mobiliarias.
• La ley para establecer el marco regulatorio para el ordenamiento territorial y el uso de suelo en el desarrollo de proyecto. Esto ayudaría a la formulación y ejecución de los planes de ordenamiento territorial y movilidad, atendiendo a lineamientos de interés ambiental, cultural, económico, social, de gestión de riesgos y de desarrollo sostenible.
• Evaluar mejoras en los procesos técnicos y legales para la expansión de las líneas de transmisión eléctricas. No es solo la disponibilidad de los fondos para ampliar nuestra líneas sino también cómo logramos dicha expansión, considerando los retos propios que de ella se derivan. Un ejemplo de esto son los largos procesos de negociación o expropiación con los propietarios de los terrenos por donde pasan dichas carreteras eléctricas.
Por igual, sería saludable la revisión de la Ley 16-95 (de inversión extranjera), para fines de adecuación al panorama económico actual, así como la evaluación de la eficiencia de la Ley 47-20, (de alianzas público privadas para su incidencia en el sector energético). También, la Ley 103-13, (de incentivos a la importación de vehículos de energía no convencional), trae sus propios retos como el establecimiento de varios puntos de carga en el país que garanticen la movilidad de estos vehículos eléctricos y la determinación de la tarifa eléctrica para la recarga. Además, un reto considerable para el sector, que podría brindar un horizonte totalmente nuevo de desarrollo económico si contamos con regulación habilitante, es la implementación de la tecnología en la implementación de los proyectos eléctricos, en especial de energía renovable. Como ejemplo, tenemos el caso de Colombia en donde hay compañías de FinTech que se dedican a la vertical de crowdfunding -o financiamiento colectivo- en el área energética, permitiendo a usuarios invertir en proyectos de energía renovable que se encuentren en desarrollo, a cambio de una rentabilidad mínima de la inversión, fomentando así la diversificación del sector.
Pero sobre todas las cosas, el reto más importante es mantener estabilidad macroeconómica y paz social así como promover el fortalecimiento institucional, la independencia de la justicia y la transparencia, porque sin lo anterior no lograremos superar los retos propios del sector eléctrico, ni continuaremos siendo un referente regional como lo somos actualmente.
José Maldonado Stark
José Maldonado Stark es socio del departamento de Negocios y división de Energía de RVHB. Ha enfocado su práctica en transacciones, financiamiento internacional, desarrollo de proyectos, fusiones y adquisiciones, energía y contrataciones públicas.
Ha colaborado y es coautor de los capítulos correspondientes a la República Dominicana en varias guías legales, incluyendo, el Doing Business de Meritas; Energía, Infraestructura y Transporte 2021–Comisión Nacional de Energía (CNE), Financiamiento y Adquisiciones publicados los dos últimos por Latin Lawyer.
Es vicepresidente de Meritas y presidente de su Comité de Membresía. Meritas es una asociación de despachos de abogados, con 187 firmas afiliadas en más de 94 países y alrededor de 8.600 jurisconsultos. También es miembro de los comités de Energía y Jurídicos de la Cámara Americana de Comercio de la Repÿblica Dominicana, (Amchamrd).
Recibió su graduación de Derecho (Magna Cum Laude) en UNIBE. Es LLM en Derecho Americano de la Universidad de Boston, con estudios de posgrados de la Universidad de Cornell y está presentando tesis para el grado de Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla la Mancha, España.
César Ariel Sánchez
César Ariel Sánchez es abogado asociado del departamento de litigios de RVHB, con experiencia en la resolución de litigios complejos de corte empresarial, laboral y de ejecución, así como en la estructuración de negocios y transacciones comerciales.
Es docente titular de la cátedra de Derecho Comercial II y Propiedad Intelectual de la Universidad APEC. También ha participado como docente en diversos diplomados, cursos y conferencias sobre prácticas civiles y comerciales, derecho penal económico y procesal penal.
Recibió su grado de derecho (Cum Laude) en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Tiene una Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos, también cursada en la PUCMM.
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