Puerto Rico avanza hacia un punto de inflexión en su transición energética. Para el experto Luis Aníbal Avilés, el panorama es claro: “El almacenamiento energético será el corazón de la resiliencia”.
Los sistemas de baterías (BESS) permitirán absorber la generación solar durante el día, sostener la red en momentos de interrupción y habilitar microredes comunitarias en casos de huracanes u otros eventos climáticos extremos.
Sin estas tecnologías, la isla queda expuesta a la volatilidad del gas natural y a las restricciones de curtailment que actualmente impone LUMA Energy.
Obstáculos regulatorios y legales
A pesar de su potencial, la implementación masiva de BESS enfrenta un entorno incierto. Según Avilés, los avances dependen de reglas claras y de un marco estable:
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La Junta de Supervisión Fiscal (FOMB) mantiene una ofensiva legal contra la Ley 10-2024, que protege la medición neta en la isla. Esta medida genera un efecto cascada que frena la inversión privada en proyectos de energía limpia.
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LUMA Energy ha intentado imponer curtailment sin compensación, limitando la inyección de energía renovable incluso cuando hay capacidad disponible.
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El cobro de 300 dólares a prosumidores desincentiva la adopción residencial de almacenamiento y retrasa la descentralización del sistema.
“Sin resolver ese frente regulatorio, la adopción masiva de BESS seguirá en riesgo”, advirtió el especialista.
La sombra del gas natural
La contradicción entre la política pública, que ordena avanzar hacia energías renovables, y las decisiones políticas recientes genera tensiones adicionales.
Avilés señaló que la gobernadora González insiste en firmar un contrato de entre 7 y 10 años con New Fortress Energy, una empresa con dificultades financieras.
“Se busca cerrar un contrato con una empresa casi insolvente”, subrayó.
De concretarse, este acuerdo podría atar a Puerto Rico al gas natural por otra década, comprometiendo los objetivos de transición.
Tres frentes decisivos
Pese a las dificultades, el sector renovable mantiene expectativas activas. Según Avilés, el rumbo de la isla se definirá en torno a tres ejes:
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La adjudicación de proyectos de almacenamiento a gran escala.
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La habilitación de microredes resilientes en comunidades.
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La defensa legal de la Ley 10-2024.
“Los próximos meses marcarán si Puerto Rico consolida su ruta a 100% renovables o si queda anclado en gas natural por otra década”, concluyó.
El almacenamiento energético es hoy la pieza fundamental para garantizar un sistema resiliente, autónomo y limpio. Las decisiones regulatorias y contractuales que se tomen en el corto plazo definirán si Puerto Rico avanza hacia la soberanía energética y la resiliencia climática, o si permanece atado a modelos fósiles en crisis.
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