La Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Anadegas) expresó su preocupación por el impacto económico y operativo que representan las resoluciones emitidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) sobre las licencias de operación de estaciones de expendio de combustibles, al considerar que las disposiciones se han convertido en requisitos de difícil cumplimiento y con costos insostenibles para el sector.
De acuerdo con un informe general emitido por la entidad, el proceso se remonta al 28 de marzo de 2017, cuando el MICM promulgó la Resolución 74-17, mediante la cual se creó el Registro Nacional de Estaciones de Expendio de Combustibles. El objetivo inicial era contar con un registro formal, organizado y moderno de todas las estaciones de expendio de combustibles líquidos, plantas de gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural vehicular (GNV) existentes en el país.
Anadegas recordó que, en ese momento, el sector detallista colaboró activamente con el Estado para cumplir con el registro, “sin imaginar que el apoyo brindado al MICM se convertiría más adelante en un problema”, tras la entrada en vigor de las resoluciones 265-2023 y 266-2023, del 24 de noviembre de 2023.
Estas disposiciones establecieron un plazo de seis meses para que los titulares de estaciones con registro provisional solicitaran su Licencia de Operación definitiva, conforme a los requisitos establecidos en las normativas vigentes. Sin embargo, según Anadegas, esto resultó imposible de cumplir porque las estaciones existentes estaban siendo tratadas igual que las nuevas, exigiendo requisitos técnicos como evaluaciones finales de construcción que no aplican a infraestructuras con más de 40 años de operación.
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Altos costos de licencias y cargas adicionales
Anadegas también denunció que la Resolución 265-2023 fijó un cargo de RD$1,100,000 por la licencia de operación de combustibles líquidos —con un recargo adicional de RD$50,000 por cada dispensador extra—, lo que calificó como “un golpe financiero injustificable” para los detallistas.
Tras reclamos del sector, el MICM emitió la Resolución 105-2024, el 24 de mayo de 2024, otorgando una prórroga de seis meses al plazo establecido y una dispensa del 50 % en la tasa del servicio, reduciendo el costo a RD$550,000. Asimismo, dicha resolución flexibilizó algunos requisitos, eliminando la necesidad de permisos vigentes de otras instituciones y de la evaluación técnica final de construcción, aunque mantuvo otras exigencias documentales y de seguridad.
No obstante, Anadegas explicó que, a pesar de estas modificaciones, las estaciones que hoy solicitan la licencia definitiva siguen recibiendo órdenes de pago con el monto original de RD$1,100,000, ignorando la dispensa establecida.
“El sector se encuentra a la espera de una respuesta del Ministerio de Hacienda, pero en vez de reducir los costos, lo que se ha hecho es aumentarlos, lo cual agrava aún más la situación de los detallistas”, indica el informe.
Nuevas prórrogas y ampliaciones de alcance
Posteriormente, el MICM emitió la Resolución 278-2024, que extendió por siete meses adicionales el plazo para las estaciones ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, con vigencia hasta junio de 2025.
En ese mismo sentido, la Resolución 274-2025 amplió el alcance para incluir todas las provincias del país, otorgando un año adicional para que las estaciones con registro provisional soliciten su licencia de operación definitiva.
A pesar de estas prórrogas, Anadegas considera que el proceso se ha convertido en una carga administrativa y económica desproporcionada, especialmente para los detallistas independientes, cuyos márgenes de utilidad son los más bajos del sector energético nacional.
El gremio subrayó que los detallistas ya enfrentan altos costos de operación, cargas impositivas múltiples y tasas por servicios que comprometen la rentabilidad de las estaciones, al tiempo que deben cumplir con regulaciones estrictas y superpuestas.
“Lo que comenzó como una iniciativa de colaboración con el Estado para formalizar el sector, se ha convertido en una solicitud de imposible cumplimiento”, afirma ANADEGAS, que compara la situación con el proceso de registro civil de una persona:
“Cuando una persona nace, el Estado le entrega un acta de nacimiento única. De igual manera, una estación de combustible nace con la permisología del momento; no puede exigírsele que cumpla con regulaciones creadas décadas después, pues las leyes no son retroactivas.”
Llamado al diálogo y revisión de costos
Anadegas solicitó formalmente al MICM revisar los valores establecidos en las resoluciones vigentes y ajustar las tasas a la realidad operativa del sector, advirtiendo que los actuales costos podrían provocar el cierre progresivo de muchas estaciones de servicio, con un impacto directo en el empleo y la estabilidad del mercado energético.
El gremio insistió en que la intención original del registro nacional fue fortalecer la supervisión y la transparencia, no crear barreras financieras ni técnicas para las estaciones que ya operan legalmente.
“Reiteramos nuestro compromiso con la formalidad, la seguridad y la transparencia del sector hidrocarburos, pero solicitamos que se apliquen criterios razonables, acordes con la realidad de los detallistas de combustibles”, concluye el documento.
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