Los llamados apagones «financieros o programados», que las autoridades prefieren denominar como «control de suministro«, se han convertido en un dolor de cabeza para la sociedad dominicana. Aunque se prometió que no excederían tres horas ni ocurrirían los fines de semana, la realidad es que afectan gravemente a los pequeños negocios, pilar del desarrollo económico del país.
Colmados, salones, comedores, ferreterías y otros negocios que dependen de la electricidad para operar se encuentran entre los más afectados. A pesar de pagar puntualmente su servicio, muchos ven cómo los apagones arruinan sus mercancías y reducen sus ingresos, mientras enfrentan facturas que no reflejan la calidad del servicio recibido.
El sistema prepago, implementado en algunos barrios, tampoco ha resuelto el problema, ya que los cortes persisten incluso en horarios cruciales para los comerciantes. A esto se suma la desigualdad en la persecución de las conexiones ilegales, que muchas veces se concentran en sectores de altos ingresos, mientras se castiga a los más vulnerables.
La Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) ha cuestionado la legalidad de estas prácticas, señalando que quienes pagan el servicio no deberían sufrir apagones ni facturas desproporcionadas.
Es urgente un sistema eléctrico más justo, que equilibre las responsabilidades y garantice un servicio adecuado, sin que los pequeños negocios, que son la base de la economía, sigan pagando las consecuencias de un sistema desigual.
