Una auditoría independiente sobre el expediente del proyecto del Monorriel de Santo Domingo identificó inconsistencias técnicas, documentales, financieras y metodológicas que, según sus conclusiones, requieren una investigación para determinar si se produjeron errores, sesgos o posibles fallas en la justificación de la iniciativa.
El análisis fue realizado por el consultor en Economía del Transporte y Contratación de Infraestructuras, Carlos Bonnelly Ginebra, a partir de documentos relacionados con el proceso de contratación FITRAM-CCC-LP-2025-0001 y la identificación del proyecto dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), documentación suministrada por el Ministerio de Hacienda y Economía al secretario de Obras Públicas del partido Fuerza del Pueblo, Mariano Germán.
La evaluación abarcó aspectos vinculados con la planificación, contratación, selección tecnológica y estructura financiera del proyecto, que contempla una inversión aproximada de US$900 millones y un período de ejecución estimado de 48 meses.
De acuerdo con el informe, la primera fase del monorriel está proyectada para beneficiar a más de un millón de personas mediante una conexión entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.
Observaciones sobre el expediente
Entre los principales hallazgos, la auditoría señala que, aunque el proyecto cuenta con estudios y actos administrativos, presenta debilidades relacionadas con la madurez, oportunidad, coherencia, comparabilidad y trazabilidad de la información presentada.
El documento sostiene que el expediente no permite reconstruir de manera verificable la cadena de decisiones que llevó a la selección tecnológica, la contratación, la evaluación de rentabilidad socioeconómica y la definición del esquema financiero.
Uno de los puntos señalados corresponde a la cronología del proceso. Según el análisis, algunas actuaciones esenciales de la contratación fueron realizadas entre agosto y septiembre de 2025, mientras que la solicitud de admisión al Sistema Nacional de Inversión Pública aparece registrada en noviembre de ese año y la asignación del código SNIP ocurrió en marzo de 2026.
La auditoría considera que esta secuencia genera una “apariencia fundada de regularización ex post”, aunque aclara que los hallazgos no atribuyen responsabilidades individuales ni determinan una intención específica.
Cuestionamientos a la evaluación tecnológica
En el componente técnico, el informe cuestiona la metodología utilizada para seleccionar la tecnología del monorriel. Según la auditoría, la matriz multicriterio aplicada no reproduce los resultados obtenidos al revisar las puntuaciones y ponderaciones disponibles.
El análisis plantea que esta diferencia podría estar asociada a un error, una fórmula no visible, un ajuste específico o una eventual manipulación, por lo que recomienda revisar la metodología utilizada.
Otro aspecto observado está relacionado con la capacidad operativa estimada del sistema. La auditoría indica que la frecuencia de 90 segundos entre trenes utilizada para calcular la capacidad del proyecto no sería compatible con las 17 unidades presupuestadas.
De acuerdo con la reconstrucción realizada en el informe, el intervalo mínimo entre trenes se aproximaría a 151 segundos, lo que modificaría la capacidad de transporte proyectada inicialmente.
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Observaciones sobre el modelo financiero
En materia económica, el análisis sostiene que los indicadores de rentabilidad publicados no pueden ser comprobados con la información disponible.
El informe señala posibles omisiones vinculadas a costos de mantenimiento, subsidios, reposiciones, impacto fiscal y estructura de financiamiento, elementos que considera necesarios para evaluar la sostenibilidad financiera del proyecto.
Como conclusión, la auditoría plantea que los hallazgos reflejan inconsistencias en la documentación, resultados que no pueden ser reproducidos y modelos técnicos y financieros que requieren mayor sustentación.
Por esa razón, recomienda que las autoridades competentes realicen una investigación de carácter forense antes de avanzar con decisiones definitivas sobre una obra cuya inversión estimada ronda los US$900 millones.
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