El 2025 nos dejó un sabor amargo. Un evento de blackout de alto impacto, déficit de generación en momentos críticos y un incremento sostenido de las pérdidas evidenciaron que el sistema eléctrico dominicano sigue siendo vulnerable cuando los desequilibrios estructurales se acumulan. No fue un episodio sin consecuencias, sino una señal clara de que cuando generación, transmisión y distribución no avanzan al mismo ritmo, el costo termina recayendo sobre el ciudadano y sobre las finanzas públicas.
De cara al 2026, el panorama presenta luces y sombras, pero también avances que merecen ser reconocidos. Se observan mejoras puntuales en dos pilares fundamentales del sistema, generación y parte de la distribución. No se trata aún de una transformación integral, pero sí de un cambio de tendencia frente a lo vivido el año anterior.
En generación, el 2026 estará marcado por la integración de varios proyectos al sistema, algunos ya en fase de pruebas y otros con fecha definida de inyección al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Entre los más relevantes se encuentra el cierre de ciclo de la planta SIBA, que aporta alrededor de 68 MW, optimizando infraestructura existente mediante mayor eficiencia. A esto se suma Energás 4, en San Pedro de Macorís, con aproximadamente 130 MW, reforzando la generación térmica a gas natural y aportando firmeza al sistema en horas pico. Ya con impacto directo en 2026, entra Energía 2000 en Manzanillo, un proyecto de gran escala con cerca de 414 MW, llamado a convertirse en uno de los principales soportes de la oferta térmica nacional.
Dentro de estos avances, resulta relevante destacar el proceso de transformación de la matriz de generación hacia tecnologías térmicas más eficientes y limpias, con un protagonismo creciente del gas natural. Este cambio representa un salto cualitativo frente a esquemas anteriores basados en combustibles más costosos y contaminantes. El gas natural aporta mayor eficiencia térmica, menor volatilidad en los costos de generación y una reducción significativa de emisiones, al tiempo que ofrece la firmeza necesaria para respaldar la integración de energías renovables. La expansión de esta tecnología fortalece la seguridad energética del país y marca una evolución estructural positiva en la matriz eléctrica dominicana.
En términos cuantitativos, este cambio de matriz ya es visible. En los últimos años, el gas natural ha pasado a representar más del 40 % de la generación térmica nacional, desplazando de forma progresiva combustibles líquidos más costosos como el fuel oil y el diésel. Con la entrada de nuevos proyectos a gas en 2025 y 2026, esta participación continuará aumentando, consolidando al gas natural como el principal energético de respaldo del sistema. Este avance no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también contribuye a una mayor estabilidad de los costos de generación y a una reducción del costo marginal en el mercado eléctrico, fortaleciendo la sostenibilidad económica del sector.
En paralelo, continúan integrándose proyectos renovables, principalmente solares y eólicos, algunos ya operativos y otros en fase final de conexión, que en conjunto superan los 100 MW adicionales. A esto se suma la perspectiva de nuevos proyectos con almacenamiento, cuyo valor no está solo en los megavatios instalados, sino en la capacidad de aportar estabilidad, respaldo y un mejor manejo de la curva de demanda. En términos agregados, el sistema incorporará más de 600 MW nuevos entre 2025 y 2026, un avance relevante frente al déficit evidenciado en 2025.
Sin embargo, el verdadero problema sigue estando aguas abajo. En distribución, aunque se han intervenido circuitos críticos, se han realizado procesos de normalización y se han ejecutado mejoras operativas, las pérdidas continúan siendo el gran talón de Aquiles del sistema. A finales de 2025, las pérdidas totales superaron el 40 %, un nivel crítico que refleja tanto fallas técnicas como debilidades en la gestión comercial. En términos financieros, estas pérdidas han sido reportadas en alrededor de 1,200 millones de dólares anuales, una carga que termina siendo absorbida por el Estado y que presiona directamente la sostenibilidad fiscal y la calidad del servicio.
El nivel de pérdidas del sistema dominicano resulta aún más preocupante cuando se compara con otros países de la región. En América Latina y el Caribe, las pérdidas eléctricas totales se han estimado en torno a un 17 % a nivel regional, con variaciones entre países, pero muy por debajo de los niveles que hoy presenta la República Dominicana. En el caso dominicano, las pérdidas han escalado a valores cercanos o superiores al 40 % en 2025, ubicándose entre las más altas de la región. Esta brecha no puede explicarse únicamente por factores técnicos; responde también a debilidades persistentes en la gestión comercial, el control del fraude y la gobernanza de la distribución. La comparación regional deja claro que reducir pérdidas no es una utopía técnica, sino una decisión de política pública sostenida en el tiempo.
Dentro de este contexto, es justo reconocer avances técnicos específicos, como la repotenciación de transformadores de distribución. La sustitución de equipos subdimensionados por unidades de mayor capacidad y el reforzamiento de bancos existentes han permitido reducir sobrecargas, mejorar perfiles de voltaje y disminuir pérdidas técnicas. Esta potenciación prepara la red para absorber mayor demanda, integrar nueva generación y sostener procesos de normalización y medición más eficientes. Es un paso correcto y necesario, pero que debe continuar de forma sistemática y planificada para que su impacto sea sostenible en el tiempo.
A esto se suma un tema que no puede seguir postergándose en 2026, el esquema de subsidios a la factura eléctrica. Hoy, los subsidios se aplican de forma generalizada, beneficiando incluso a usuarios que no los necesitan. Esto distorsiona el sistema, incentiva el consumo ineficiente y aumenta la presión sobre las finanzas públicas. El problema no es la existencia del subsidio, sino su mala focalización.
Este debate está directamente ligado a un compromiso aún pendiente de materializar plenamente, el Pacto Eléctrico. Más que un acuerdo firmado, debía ser la hoja de ruta para reducir pérdidas, ordenar subsidios, mejorar la gobernanza de las distribuidoras y garantizar sostenibilidad. Su implementación parcial y lenta tiene hoy un costo claro y medible.
Desde una visión técnica, las prioridades para 2026 son claras. Atacar las pérdidas con inversión y tecnología de punta. Continuar la repotenciación de transformadores y redes, priorizando los circuitos de mayor impacto. Reformular el esquema de subsidios para que sea identificado y focalizado. Y reactivar el Pacto Eléctrico como instrumento operativo, con metas medibles y responsabilidades definidas.
Para finalizar, la energía lo mueve todo. No hay industria, comercio, servicios ni bienestar posible sin un suministro eléctrico confiable, eficiente y sostenible. Un país no puede hablar de desarrollo real si no cuenta con un sistema energético que lo respalde, que acompañe el crecimiento económico, garantice competitividad y mejore la calidad de vida de su gente. Todo lo demás, planes, discursos y promesas, se queda corto si la base energética no es sólida. Porque al final, el desarrollo no se improvisa, se enciende, se sostiene y se gestiona con energía.
