Cámara de Cuentas detecta pagos por RD$60.8 millones a Senase después del vencimiento de contrato con Edesur

Santo Domingo.- Los desembolsos realizados por Edesur a favor de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase) continuaron después de vencido el contrato de vigilancia y seguridad que vinculaba a ambas entidades. La Cámara de Cuentas documentó 14 pagos por RD$60 millones 855 mil 536 entre septiembre de 2021 y octubre de 2022, pese a que el plazo contractual había concluido el 30 de junio de 2021.

El hallazgo forma parte de una investigación especial sobre los contratos, pagos y desembolsos de fondos públicos relacionados con Senase. La revisión también identificó expedientes con documentos faltantes, diferencias entre registros y operaciones que no contaban con el respaldo contractual correspondiente.

La contratación está vinculada al caso Operación Lobo. En su acusación, el Ministerio Público atribuye a Senase el pago de sobornos a funcionarios encargados de supervisar sus servicios, presuntamente para mantener los contratos, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de las prestaciones sin una fiscalización efectiva.

La Procuraduría presentó acusación contra 14 personas físicas y jurídicas. Entre los señalados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de Senase, y Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur y mayor general retirado del Ejército, según la Procuraduría.

La investigación de la Cámara de Cuentas se originó en una solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), formulada el 15 de agosto de 2025. Posteriormente, el órgano fiscalizador amplió el período examinado desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 18 de marzo de 2025.

Contrato de vigilancia y modificaciones

El informe registró el contrato 0215-2017, firmado el 28 de septiembre de 2017 por un monto de RD$104 millones 727 mil 207. Su objeto era prestar servicios de seguridad y vigilancia para proteger al personal y los bienes de Edesur en Santo Domingo Norte y San Cristóbal, correspondientes al bloque número 2. La descripción contractual consignó 31,782 horas/hombre.

Las primeras dos adendas modificaron las tarifas del servicio. La adenda I, número 0302-2017, del 6 de diciembre de 2017, estableció tarifas de RD$97 por hora diurna y RD$100 por hora nocturna.

Posteriormente, la adenda II, número 0297-2019, firmada el 27 de septiembre de 2019, fijó los precios en RD$106 por hora diurna y RD$113 por hora nocturna, tarifas que, según el informe, se aplicaban desde el 1 de agosto de ese año.

La Cámara de Cuentas registró adicionales de RD$7 millones 766 mil 330 para la primera modificación y RD$12 millones 67 mil 615 para la segunda, en la que consignó un monto contractual de RD$124 millones 561 mil 152.

Las adendas III y IV modificaron los plazos de prestación del servicio. La primera, identificada con el número 0257-2020, fue firmada el 26 de octubre de 2020 y estableció el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de ese año.

La cuarta, número 0005-2021, se suscribió el 15 de marzo de 2021 y fijó la vigencia entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021. El documento establecía que el contrato no tendría renovación automática y quedaría rescindido al llegar a su término.

Edesur justificó los desembolsos sin contrato vigente

Ante los auditores, la Dirección de Finanzas de Edesur explicó que los pagos posteriores al vencimiento contractual se realizaron mientras se desarrollaban licitaciones para contratar nuevos proveedores de seguridad.

Como respaldo, la distribuidora citó un oficio de su Dirección de Seguridad que solicitaba ejecutar los desembolsos para garantizar la continuidad de los servicios de vigilancia.

En una comunicación fechada el 10 de marzo de 2026, Edesur indicó que no se formalizó una nueva adenda por recomendación de la entonces Gerencia de Compras. Según la empresa, un correo del 29 de abril de 2021 advertía que extender el contrato contravendría la Ley de Compras y Contrataciones.

La entidad sostuvo que los pagos se ejecutaron directamente, conforme al oficio DS-00147-2021 emitido por la Dirección de Seguridad.

Sin embargo, después de examinar esa explicación, los auditores mantuvieron la observación. La Cámara de Cuentas consideró que la necesidad de garantizar la continuidad de la vigilancia no justificaba realizar desembolsos de recursos públicos sin un vínculo contractual vigente y debidamente respaldado.

Expedientes con documentos faltantes

La revisión también identificó deficiencias en los soportes documentales de los pagos. Entre los expedientes examinados, la Cámara de Cuentas registró RD$183 millones 364 mil 441 sin certificados de disponibilidad de cuota para comprometer o disponibilidad de fondos.

Asimismo, identificó RD$179 millones 829 mil 694 en expedientes que no contenían formularios de recepción de bienes y servicios.

Las observaciones también abarcaron RD$187 millones 765 mil 298 en expedientes sin certificaciones de estar al día ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

En cuanto al certificado de proveedor del Estado (RPE), el monto consignado en los expedientes sin ese documento ascendió a RD$182 millones 979 mil 445. A esto se sumaron RD$184 millones 173 mil 48 en expedientes sin constancias de retención del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) entregadas al proveedor.

La investigación también registró RD$19 millones 374 mil 391 en documentos de pago sin firmas ni sellos, así como RD$68 millones 713 mil 362 en expedientes sin orden de compra o de servicios y/o contrato.

En otra categoría, el órgano fiscalizador identificó un pago de RD$4 millones 785 mil 853 sin control de facturación, registros de entrada y salida del personal de seguridad, factura ni carta bancaria para el desembolso.

Pagos, transferencias y diferencias en los registros

La relación de desembolsos posteriores al vencimiento contractual incluyó transferencias realizadas entre el 14 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2022. En conjunto, registró RD$60 millones 855 mil 536 transferidos y RD$67 millones 73 mil 274 facturados.

Los conceptos correspondían a servicios de vigilancia de distintos meses de 2021 y 2022. Uno de los registros mencionaba conjuntamente los meses de junio y agosto de 2021.

Entre las operaciones examinadas figura la transferencia TPT-ES16188-2021, para la cual la Cámara de Cuentas consignó dos montos diferentes: RD$4 millones 53 mil 665 en la relación de pagos posteriores al vencimiento contractual y RD$4 millones 785 mil 853 en la clasificación de expedientes con documentos faltantes.

Esta operación, cuyo concepto correspondía a octubre de 2021, apareció en varias categorías de observaciones: control de facturación y otros documentos, disponibilidad de recursos, recepción del servicio, certificaciones ante la DGII y la TSS, retención de ITBIS, documentos sin firmas ni sellos y ausencia de orden de compra o servicios y/o contrato. En el espacio donde otras entradas incluían datos de factura, figuró la anotación «Contiene soportes de Guardianes Ranger».

La relación también incluyó la factura FC-0013243, emitida el 29 de septiembre de 2022 por RD$4 millones 927 mil 85. La última transferencia registrada fue la TPT-ES19814-2022, realizada el 11 de octubre de ese año por RD$4 millones 175 mil 496, correspondiente, según su concepto, al servicio de vigilancia de septiembre de 2022.

Otra diferencia aparece en varias relaciones de 2019, donde la transferencia TPE-ES-20840 figura con fecha del 8 de agosto de 2019, pero con un concepto que menciona vigilancia de mayo de 2020.

En la categoría correspondiente al certificado de proveedor del Estado, el informe consignó un subtotal de RD$26 millones 451 mil 892 para 2019 y un total general de RD$182 millones 979 mil 445.

La Cámara de Cuentas también verificó la documentación publicada en los portales institucionales de Edesur y de la Dirección General de Compras Públicas.

En el portal de Edesur registró la publicación del pliego de condiciones, el formulario de preguntas y respuestas de la circular 001-2017, la enmienda 0217-001, la resolución 098-17 de habilitación, la resolución 108-2017 de adjudicación y el acta 097-2019 de terminación.

No obstante, para el proceso vinculado con el contrato inicial, el informe consignó la indicación «No publicado» en el portal de la Dirección General de Compras Públicas. Esa misma observación apareció en ambos portales respecto de las cuatro adendas.

Sobornos y empresas vinculadas a la acusación

En el expediente de Operación Lobo, el Ministerio Público sostiene que Senase habría entregado sobornos mediante transferencias bancarias y pagos en efectivo durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, con el propósito de asegurar la permanencia de contratos adjudicados en distintas instituciones públicas.

La acusación atribuye a funcionarios responsables de supervisar los contratos la recepción de esos pagos a cambio de mantener las contrataciones, agilizar procedimientos administrativos y permitir que los servicios se ejecutaran sin objeciones ni controles efectivos.

Además de Servicios Senase, la Procuraduría incluyó en la acusación a El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL. El Ministerio Público vinculó las dos primeras empresas con Quilvio Bienvenido Rodríguez González y las otras dos con Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.

La investigación de la Cámara de Cuentas sobre Edesur documentó desembolsos posteriores al vencimiento contractual y deficiencias en los expedientes que respaldaban los pagos, mientras que las imputaciones sobre el supuesto esquema de sobornos forman parte de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Fuente: Acento

                 ¿Ya has visitado nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete ahora!

Mira otros tags: