La Cámara de Diputados aprobó este lunes, de urgencia y en dos lecturas consecutivas, el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, estableciendo un aporte mínimo de RD$5,000 para las empresas con ingresos de hasta RD$5 millones y elevando hasta RD$2.2 millones la contribución de las compañías de mayor facturación.
La iniciativa fue conocida durante dos sesiones celebradas en un período de aproximadamente cinco horas. La mayoría legislativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados respaldó la declaratoria de urgencia, lo que permitió omitir el estudio en comisión solicitado por legisladores de la oposición.
Como la Cámara de Diputados introdujo modificaciones al texto aprobado previamente por el Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para ser conocida en una única lectura antes de ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Cambian la escala de aportes
El principal ajuste modifica el artículo 36 de la ley, que establece la contribución especial obligatoria para financiar la gestión integral de los residuos sólidos.
A diferencia de otros modelos internacionales, el esquema dominicano mantiene como criterio principal el nivel de ingresos de las empresas y no el volumen de residuos que generan.
Con las modificaciones aprobadas por los diputados, las contribuciones quedarían establecidas de la siguiente manera:
| Ingresos anuales | Contribución |
|---|---|
| Hasta RD$5 millones | RD$5,000 |
| Más de RD$5 millones hasta RD$10 millones | RD$6,000 |
| Más de RD$10 millones hasta RD$25 millones | RD$20,000 |
| Más de RD$25 millones hasta RD$50 millones | RD$90,000 |
| Más de RD$50 millones hasta RD$80 millones | RD$120,000 |
| Más de RD$80 millones hasta RD$100 millones | RD$150,000 |
| Más de RD$100 millones hasta RD$300 millones | RD$400,000 |
| Más de RD$300 millones hasta RD$500 millones | RD$500,000 |
| Más de RD$500 millones hasta RD$700 millones | RD$675,000 |
| Más de RD$700 millones hasta RD$1,000 millones | RD$750,000 |
| Más de RD$1,000 millones hasta RD$2,500 millones | RD$1.7 millones |
| Más de RD$2,500 millones | RD$2.2 millones |
La reforma también establece que la contribución será deducible del Impuesto sobre la Renta y que podrá pagarse en dos cuotas semestrales: la primera junto con la declaración jurada del ISR y la segunda seis meses después.
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De aprobarse definitivamente la reforma de la Ley 225-20, modificada por última vez mediante la Ley 98-25 en diciembre pasado, las contribuciones obligatorias del sector privado prácticamente se triplicarían, elevando los ingresos anuales del fideicomiso de unos 3,000 millones de pesos a cerca de 9,000 millones, según estimaciones derivadas del nuevo esquema de aportes.
La iniciativa fue conocida por el Senado el mismo día de su depósito, incorporada al orden del día a solicitud del senador Antonio Marte y aprobada de urgencia en dos lecturas consecutivas, sin el estudio previo de una comisión permanente. Días después, la Cámara de Diputados repitió el procedimiento al aprobarla también de urgencia, aunque introduciendo modificaciones que reducen parcialmente los montos originalmente aprobados por los senadores.
Proyecto genera rechazo empresarial
La aprobación acelerada de la iniciativa volvió a generar críticas del sector privado.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reiteró que respalda el fortalecimiento del sistema de gestión de residuos sólidos, pero cuestionó que una reforma con impacto económico haya sido conocida mediante el mecanismo de urgencia, limitando el análisis técnico y la participación de los sectores involucrados.
El gremio advirtió que el proyecto incrementa las cargas económicas sobre empresas que recientemente asumieron un aumento en la tasa del Impuesto sobre la Renta y que, además, ya financian los costos de disposición final de los residuos que generan.
Asimismo, sostuvo que las políticas públicas deben evaluarse por su efecto acumulado sobre la actividad productiva, ya que la concentración de nuevas obligaciones tributarias y regulatorias podría afectar la competitividad y el clima de inversión.
El CONEP también expresó preocupación por aspectos relacionados con la gobernanza del fideicomiso creado por la ley y exhortó al Congreso Nacional a privilegiar el diálogo y la deliberación técnica en reformas de alto impacto económico.
“Las mejores leyes no son necesariamente las que se aprueban con mayor rapidez, sino aquellas que nacen del diálogo y la evidencia técnica”, señaló la organización.
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