República Dominicana registra un incremento acumulado promedio de 15.6% en los precios de los principales combustibles desde el inicio de la crisis petrolera internacional, una variación que representa aproximadamente la mitad del aumento observado en América Latina, donde los ajustes rondan el 30%.
Así lo afirmó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, durante una presentación sobre las medidas implementadas por el Gobierno para enfrentar el impacto del encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales.
Según explicó el funcionario, la diferencia entre el comportamiento de los precios locales y el promedio regional responde principalmente a la política de subsidios aplicada por el Estado para evitar que los aumentos internacionales se trasladen completamente a los consumidores y a los sectores productivos.
“República Dominicana ha procurado amortiguar el impacto local de los incrementos internacionales”, señaló.
Durante su exposición, Díaz presentó cifras que muestran el comportamiento de los principales combustibles desde el inicio de la crisis energética global.
Los datos indican que la gasolina prémium acumula un aumento de 15.5%, la gasolina regular de 12.8%, el gasoil óptimo de 18.6% y el gasoil regular de 15.6%. Mientras tanto, el gas licuado de petróleo (GLP) se ha mantenido sin variaciones respecto a los niveles previos al inicio de la crisis.
De acuerdo con el ministro, esta evolución ha contribuido a reducir el impacto inflacionario que habría generado una transferencia total de los aumentos internacionales hacia el mercado doméstico.
La estrategia gubernamental, explicó, ha estado orientada a cumplir tres objetivos simultáneos: preservar la estabilidad macroeconómica, amortiguar los efectos internos del aumento de los precios internacionales de la energía y evitar una reducción significativa de la inversión pública que pudiera afectar el crecimiento económico.
Sin embargo, Díaz reconoció que mantener este esquema tiene costos importantes para las finanzas públicas.
Según las cifras presentadas, el Estado ha destinado más de RD$20,000 millones durante este año para subsidiar los combustibles y evitar incrementos mayores en los precios locales.
El funcionario advirtió que la presión fiscal podría incrementarse si los precios internacionales del petróleo permanecen elevados durante los próximos meses.
Las proyecciones oficiales indican que, si el petróleo de referencia de Texas (WTI) se mantiene en un rango de entre US$90 y US$100 por barril durante el resto de 2026, el costo total de los subsidios podría oscilar entre RD$37,398 millones y RD$51,581 millones.
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Díaz sostuvo que la crisis petrolera genera efectos inevitables sobre la economía, independientemente de los mecanismos de mitigación adoptados por los gobiernos.
Entre esos efectos mencionó el impacto sobre la inflación, el crecimiento económico y el déficit fiscal.
A su juicio, el principal desafío consiste en encontrar un equilibrio que permita proteger a la población sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
“La clave es buscar un balance entre estas variables que sea social y políticamente viable”, expresó.
En ese contexto, el ministro adelantó que el Gobierno trabaja en una estrategia orientada a fortalecer la focalización de los subsidios para dirigir los recursos públicos hacia los sectores más vulnerables.
La intención, explicó, es avanzar gradualmente hacia esquemas más eficientes que permitan reducir la dependencia de subsidios generalizados y optimizar el uso de los recursos fiscales.
Según Díaz, la estrategia busca combinar protección social y responsabilidad fiscal en un escenario internacional que continúa marcado por la volatilidad de los mercados energéticos.
El funcionario consideró que la evolución futura de los precios del petróleo será determinante para definir el nivel de apoyo que deberá mantener el Estado y el ritmo con que puedan implementarse cambios en la política de subsidios.
Mientras tanto, sostuvo que el objetivo seguirá siendo contener los efectos de la crisis energética internacional sobre los hogares y las actividades productivas, procurando preservar la estabilidad económica alcanzada por el país.
