Santo Domingo. – En nuestro último artículo examinamos el hoyo eléctrico, su costo de oportunidad y la necesidad de mayor transparencia sobre precios, contratos y responsabilidades. Hoy corresponde un paso adicional: qué puede hacerse sin desconocer contratos vigentes, sin improvisar otra tarifa de emergencia y sin confundir una generación más barata con la solución del problema.
Según estimaciones técnicas que me han sido facilitadas, la entrada de generación más eficiente —en particular, de ciclo combinado a gas natural— podría acercar el costo promedio de compra desde unos 15 hasta alrededor de 11 centavos de dólar por kilovatio-hora. El alivio sería importante. Pero si las distribuidoras siguen perdiendo cerca del 40 % de la energía adquirida y, además, cobran mal lo facturado, el problema estructural permanecerá. Se abarata el hoyo. No se cierra.
Esa distinción es decisiva para la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Ley 1-12 no trata la electricidad como un asunto sectorial aislado, sino como condición de competitividad, sostenibilidad fiscal y calidad de los servicios públicos. Cada peso destinado a cubrir pérdidas, ineficiencias y subsidios indiscriminados es un peso que no se invierte en capital humano, agua potable, seguridad ciudadana o infraestructura productiva. Cerrar el hoyo no es solo una meta del sector: es un requisito para que la END deje de ser un documento de aspiraciones y se convierta en una guía de ejecución.
Comprar más barato forma parte de la solución. Un sistema con generación eficiente y disponible cuando la demanda la requiere puede desplazar unidades costosas, moderar el costo marginal y reducir la factura de las EDE. Pero no modifica por sí solo el porcentaje de pérdidas. Si de cada 100 unidades que ingresan a las redes solo se facturan alrededor de 60, el país seguirá comprando energía que no se convierte en ingreso.
Tampoco es lo mismo perder energía que no cobrar. La pérdida es la diferencia entre lo comprado y lo facturado; la falta de cobro aparece cuando parte de lo facturado no se recauda. El país necesita, para cada EDE, tres cifras separadas: pérdidas técnicas; pérdidas comerciales por fraude, conexiones irregulares y deficiencias de medición o facturación; y el porcentaje cobrado de lo ya facturado. Mientras esos indicadores se presenten confundidos en una sola cifra, será difícil saber dónde se pierde la energía, dónde se pierde el dinero y quién debe responder.
Si baja el costo de adquisición, la Superintendencia de Electricidad y el Gobierno deben transparentar cuánto se traduce en menor tarifa, cuánto reduce el subsidio, cuánto se destina a inversión y mantenimiento, y cuánto mejora el resultado de las EDE. El menor costo de generación no puede convertirse en otra manera de financiar la ineficiencia.
No incluyo entre las opciones un aumento de la tarifa eléctrica, porque el Gobierno debe comprender que no puede trasladar el costo de su ineficiencia a quienes sí pagan. Hacerlo podría ser, además, la gota que derrame el vaso de la gobernabilidad.
Los dos grandes componentes de la crisis no tienen el mismo tiempo ni el mismo instrumento. El primer reloj es el de los contratos de generación vigentes. Lo legalmente celebrado crea derechos y obligaciones. No puede desconocerse por conveniencia política ni por una decisión administrativa unilateral, salvo causa jurídica específica o renegociación voluntaria. Imponer de un día para otro precios distintos a obligaciones válidas no sería una reforma: sería otra improvisación, con costos jurídicos, financieros y reputacionales para el país.
El segundo reloj es el de las pérdidas de distribución. Esa batalla no depende del vencimiento de ningún PPA y puede comenzar de inmediato. Rehabilitar redes, medir, facturar, cobrar y perseguir el fraude no está atado a un contrato de generación. Depende de la capacidad gerencial —y de la voluntad política— de las distribuidoras y del Estado que las capitaliza cada año. Una política coherente hace correr ambos relojes a la vez.
La distribución es un monopolio natural y se regula con instrumentos como el Valor Agregado de Distribución. La generación opera en un Mercado Eléctrico Mayorista que combina contratos y transacciones spot. Lo contratado se paga conforme a cada PPA; el corto plazo se valoriza al costo marginal. Cuando falta capacidad eficiente y disponible, el sistema recurre a unidades más costosas.
De ahí no se sigue que toda la generación privada deba someterse a un régimen administrativo de costos reconocidos más un margen máximo universal. Ese camino podría desalentar inversiones y sustituir las señales del mercado por decisiones burocráticas. Lo que corresponde es que el Estado deje de comprar mal.
Para los contratos nuevos pueden fijarse de antemano condiciones técnicas, disponibilidad, indexación, distribución de riesgos, garantías y precios máximos de reserva sustentados en estudios independientes. A partir de esas reglas, debe ser la competencia la que determine el precio. Quien invierte tiene derecho a recuperar capital, cubrir costos eficientes y obtener una rentabilidad razonable. Lo que no puede normalizarse es que la urgencia, la opacidad o una licitación mal diseñada formen parte del precio. Si el Estado espera a firmar con urgencia, volverá a negociar desde la debilidad.
Mientras se preparan las contrataciones futuras, el frente decisivo sigue siendo la distribución. El país necesita una trayectoria verificable que acerque las pérdidas al 15 % y, después, a estándares más eficientes. La referencia no es arbitraria: el Pacto Eléctrico incorporó parámetros de hasta 15 % de pérdidas y 97 % de cobranzas. Años después, las estimaciones disponibles colocan al país lejos de esos niveles.
Una red saturada, una conexión fraudulenta, un cliente sin medidor y una factura no cobrada son problemas distintos y requieren respuestas diferentes. Tampoco es igual el hogar vulnerable que no puede pagar que el usuario que puede pagar y decide no hacerlo. Focalizar el subsidio y cobrar con rigor a quien tiene capacidad económica no es crueldad tarifaria: es la condición para que el presupuesto deje de financiar el fraude, la morosidad tolerada y el clientelismo eléctrico. Eso también es END: política social con destinatarios identificados, no filtraciones disfrazadas de subsidio.
Los anuncios de medidores inteligentes, rehabilitación de redes o “fases de estabilización” solo valen cuando se traducen en metas anuales por empresa, responsables nominados, resultados auditables y consecuencias ante el incumplimiento.
La baja del costo de generación solo será sostenible si la nueva oferta es eficiente y está disponible cuando el sistema la necesita. Los megavatios nominales no bastan. Una planta indisponible, una renovable sin respaldo en la hora crítica o una unidad limitada por la transmisión no aportan la potencia efectiva que sugiere su placa.
Esto no disminuye la importancia de las renovables. Pueden reducir combustibles, diversificar la matriz y moderar costos en sus horas de producción. Pero su aporte debe evaluarse junto con almacenamiento, respaldo, hidroelectricidad, transmisión y gestión de la demanda. El país no necesita un catálogo de inauguraciones. Necesita un sistema capaz de entregar energía confiable al menor costo posible durante todas las horas del día.
El objetivo debe ser simultáneo: menos pérdidas en distribución y contratos futuros con reglas transparentes, competencia efectiva y riesgos equilibrados. El Gobierno debería comprometerse con cinco acciones verificables:
- Publicar un informe técnico, financiero y contractual sobre demanda, capacidad efectiva, proyectos retrasados, compras por contrato y en el spot, despacho forzado, indexación y agentes que reciben los mayores pagos.
- Fijar metas anuales para cada EDE, separando pérdidas técnicas, comerciales y cobranzas, con funcionarios responsables e informes periódicos auditables.
- Presentar un calendario de entrada de capacidad efectiva, transmisión y almacenamiento, no solo megavatios nominales o fechas de inauguración.
- Publicar la metodología de las licitaciones y de los contratos futuros: disponibilidad, precios máximos de reserva, indexación, garantías, reglas de revisión y el riesgo fiscal que asume el Estado.
- Establecer una regla transparente de traslado de beneficios, para que toda reducción del costo de compra permita conocer cuánto baja la tarifa, cuánto se reduce el subsidio, cuánto se destina a inversión y mantenimiento, y cuánto mejora el resultado de las EDE. Esta última partida debe atarse al cumplimiento de las metas de pérdidas y cobranzas.
Nada de esto exige romper contratos ni desconocer derechos adquiridos. Exige dejar de administrar el hoyo eléctrico como un gasto inevitable del presupuesto nacional.
Una generación más eficiente puede reducir el costo del problema. Resolverlo exige disminuir las pérdidas técnicas y comerciales, elevar las cobranzas, focalizar los subsidios y dejar de firmar cada nuevo contrato bajo la presión de la urgencia.
La Estrategia Nacional de Desarrollo no se cumple tapando agujeros. Se cumple cuando la energía deja de ser una detracción permanente.
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