Santo Domingo.- La incorporación de la facturación electrónica en el comercio minorista podría generar dificultades en la cadena de distribución nacional si entre 80,000 y 90,000 establecimientos todavía no cuentan con las condiciones para recibir y procesar comprobantes electrónicos, advirtió Antonio Cruz Rojas, representante del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacer).
El dirigente empresarial alertó que esta situación podría repercutir en las recaudaciones fiscales, debido a que las empresas suplidoras que abastecen esos negocios tendrían dificultades para continuar comercializando sus productos con establecimientos que no se hayan incorporado al nuevo sistema.
Explicó que los suplidores nacionales visitan entre 80,000 y 90,000 comercios mediante modalidades de distribución conocidas como ventas rancheras. Si esos establecimientos no están preparados para operar con facturación electrónica a partir del día 16 de este mes, las empresas que los abastecen podrían verse impedidas de continuar vendiéndoles.
Ante esa posibilidad, sostuvo que algunos negocios tendrían que limitar sus operaciones a las ventas directas a consumidores finales hasta que logren incorporarse al mecanismo electrónico.
Piden flexibilidad y nueva prórroga
Cruz Rojas indicó que Conacer ha respaldado la implementación de la facturación electrónica e incluso presentó el proyecto al director general de Impuestos Internos. Sin embargo, consideró necesario que la administración tributaria adopte una postura flexible frente a las micro y pequeñas empresas que todavía no han completado su incorporación.
El representante empresarial manifestó que al sector le gustaría que las autoridades consideren conceder una nueva prórroga para esos establecimientos, aunque reconoció que la legislación no contempla la posibilidad de extender el plazo por esa vía y que la ampliación anterior se produjo de manera voluntaria.
Al explicar las dificultades que enfrenta ese segmento comercial, señaló que muchas micro y pequeñas empresas carecen de fortaleza económica para adquirir los equipos necesarios, además de no contar con suficientes conocimientos ni personal capacitado para manejar las herramientas electrónicas.
Como parte de las alternativas planteadas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Conacer propuso desarrollar un proceso de capacitación que permita preparar primero a los dirigentes de las organizaciones comerciales y, posteriormente, extender esos conocimientos a los negocios que representan.
Con ese propósito, indicó que remitieron a la institución una propuesta respaldada por más de 50 federaciones de comerciantes para coordinar un encuentro en el que se pudiera organizar el adiestramiento de sus representantes.
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La obligatoriedad genera resistencia
Sobre la posibilidad de establecer un período adicional para completar la transición, Cruz Rojas evitó fijar una cantidad de meses o años, al señalar que la Ley 32-23 establece la obligatoriedad de la facturación electrónica y no contempla nuevas prórrogas.
También consideró que el carácter obligatorio de la disposición puede generar resistencia entre los comerciantes, debido a la expectativa que produce en los negocios saber que deben adoptar un mecanismo para el cual muchos todavía no tienen las condiciones económicas y operativas necesarias.
El dirigente reiteró que la preocupación del sector no radica en oponerse a la facturación electrónica, sino en lograr que su implementación tome en cuenta las limitaciones de las micro y pequeñas empresas y evite consecuencias sobre la actividad comercial y las recaudaciones del Estado.
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