Santo Domingo.- La adecuación de las empresas a las nuevas disposiciones sobre responsabilidad penal corporativa es el argumento con el que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reclama al Congreso Nacional completar la modificación del artículo 31 del Código Penal antes del 5 de noviembre de 2026, fecha prevista para la entrada en vigencia de ese régimen.
La organización empresarial considera que las entidades necesitan un plazo razonable para establecer los mecanismos internos que les permitan responder a las obligaciones legales. Por esa razón, solicitó a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, que den continuidad al proyecto que amplía el período previsto para la aplicación de esas disposiciones.
El proyecto, impulsado por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, ya recibió declaratoria de urgencia y aprobación en el Senado. Sin embargo, el Conep considera prioritario que la propuesta sea remitida oportunamente a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su trámite para que pueda ser aprobada y promulgada antes de la fecha establecida.
En sus comunicaciones a los titulares de ambas cámaras, el gremio planteó que la extensión no solo permitiría preparar a las empresas, sino también establecer condiciones para una aplicación organizada del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
«Esta iniciativa constituye un paso importante para garantizar una implementación ordenada y efectiva del nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa, al reconocer la necesidad de otorgar a las empresas y organizaciones un plazo razonable para adecuar sus estructuras, políticas y procedimientos internos a las nuevas exigencias legales», expresó el Conep.
Programas de cumplimiento y criterios de aplicación
Entre las tareas que el sector empresarial considera necesarias antes de asumir las nuevas obligaciones figuran la creación de programas de cumplimiento, políticas de prevención, controles internos, canales para recibir denuncias y procedimientos de evaluación.
El gremio también advierte sobre la necesidad de preparar a los operadores del sistema de justicia y establecer criterios institucionales que permitan aplicar las disposiciones bajo parámetros uniformes y previsibles.
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Otro de los aspectos señalados por la organización es la valoración de las particularidades de cada empresa u organización al momento de aplicar el régimen. En ese sentido, considera que los criterios de imputación y la evaluación de los programas de cumplimiento deben responder a parámetros objetivos que contemplen la naturaleza, el tamaño, la actividad, la estructura y el nivel de riesgo de cada entidad.
Para el Conep, tomar en cuenta esas diferencias resulta determinante para que las disposiciones se apliquen de manera efectiva y proporcional, además de contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica.
La organización reiteró su compromiso con el desarrollo de una cultura empresarial sustentada en la integridad y el cumplimiento, así como su disposición de aportar asistencia técnica durante los procesos de revisión e implementación de las disposiciones.
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