El contrato de concesión que regula la operación del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) establece un marco jurídico que limita las acciones del Estado dominicano frente a eventuales incumplimientos de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) en la construcción de la nueva terminal.
Según una publicación de Diario Libre, el acuerdo, renovado en noviembre de 2023 y vigente hasta 2060, define que cualquier conflicto derivado del proyecto deberá resolverse exclusivamente mediante arbitraje internacional, dejando fuera la posibilidad de litigios ante tribunales nacionales o extranjeros.
Le recordamos: Aerodom rechaza críticas sobre avances en el AILA tras pronunciamiento del presidente
Pese a las advertencias públicas del presidente Luis Abinader sobre posibles acciones legales contra la concesionaria y su empresa matriz, Vinci Airports, el marco contractual impone reglas precisas que condicionan el alcance de cualquier reclamación formal.
El documento establece que las controversias se conocerán bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional, mediante un tribunal arbitral integrado por tres árbitros bilingües, con sede en Nueva York y con el español como idioma oficial del proceso.
Las partes, además, renuncian expresamente a recurrir a tribunales de la República Dominicana, Francia u otra jurisdicción.
Se recuerda que, la nueva terminal, cuya inversión supera los US$350 millones, tiene como fecha de entrega el segundo semestre de 2028. El contrato solo activa sanciones cuando los retrasos superan un plazo mínimo de seis meses.
Asimismo, el acuerdo excluye de responsabilidad directa a la concesionaria en casos de demoras vinculadas a procesos de importación de materiales y equipos, lo que reduce el universo de retrasos penalizables.
Cuando el incumplimiento es atribuible exclusivamente a Aerodom, las multas se calculan sobre una base de US$250 millones, con un esquema progresivo diario que incrementa a partir del cuarto mes de retraso. Sin embargo, el tope sancionatorio está limitado contractualmente a un 6 % del monto base, lo que establece un techo cercano a los US$15 millones.
 establece un marco jurídico que limita las acciones del Estado){kind=link}