En la República Dominicana, la abundancia de vehículos en las calles parece un signo de prosperidad, pero detrás de esta imagen se esconde una historia que pocos conectan: las decisiones financieras posteriores a la crisis bancaria del 2003. Para fortalecer la gestión de riesgos, la normativa endureció el acceso al crédito productivo, mientras abrió una puerta cómoda y rentable hacia el financiamiento de consumo, especialmente para la compra de automóviles.
¿Por qué los bancos apostaron por esta modalidad? La ecuación resultaba perfecta:
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Un vehículo es una garantía tangible y fácil de recuperar.
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Las pólizas de seguro cubrían pérdidas y disminuían el riesgo.
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La reposición rápida del bien permitía refinanciarlo de inmediato.
A esto se sumaba un incentivo para el Estado: los mayores aranceles de importación, que aumentaban la recaudación, mientras el dinamismo automotriz ofrecía una ilusión de crecimiento. Sin embargo, esta política ignoró un punto esencial: el financiamiento a la producción nacional, el comercio y la industria quedó relegado.
Hoy los efectos son evidentes: la banca concentra sus carteras en préstamos de consumo, tarjetas de crédito, financiamiento vehicular, colocaciones con fondos de pensiones y operaciones con títulos del Banco Central, mientras que un pequeño empresario que necesita capital de trabajo enfrenta semanas de trámites. En cambio, si solicita el mismo monto para un vehículo de alta gama, en horas puede salir conduciéndolo.
Este modelo, funcional en un contexto de crisis, ya está agotado. Continuar sosteniéndolo debilita la base productiva, genera dependencia del consumo y limita la creación de riqueza real. Persistir en esta dirección compromete el futuro económico del país.
Es tiempo de preguntarnos: ¿seguiremos alimentando el espejismo del crédito fácil al consumo o construiremos un modelo que impulse la producción y el empleo sostenible? La respuesta definirá la República Dominicana que tendremos mañana.
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