En un año hemos descrito cuatro problemas que parecen de ministerios distintos. El diésel que la nueva norma aun permite a 2.500 partes por millón de azufre. La Ley 63-17 que desde 2017 exige inspección técnica vehicular y aún no se aplica. Los semáforos que se sincronizan un rato en la Churchill o la Lincoln y se desarman en el próximo apagón. La tarifa eléctrica que castiga a la industria porque más del 70 % de la matriz sigue atada a fósiles importados con PPA atados a capacidad y no producción. No son cuatro agendas. Son la misma factura, pasada por cuatro ventanillas.
El país discute movilidad eléctrica, monorriel, semáforos inteligentes y, en el papel, incluso reactores modulares. Mientras tanto, circula un combustible 250 veces más sucio que el de Estados Unidos o la Unión Europea; se desconectan filtros en camiones diseñados para menos de 50 ppm; mueren miles de personas al año en las vías; y una central semafórica no puede sostenerse si la energía que la alimenta se cae. La secuencia no es ideológica. Es técnica.
El combustible que impide el vehículo seguro
La NORDOM 415 no es un detalle de hidrocarburos. Es un candado tecnológico. Los fabricantes ya no desarrollan, motores y sistemas de emisiones para diésel de 2.500 ppm. El resultado es un parque que envejece, se modifica y pierde precisamente lo que pedimos en seguridad vial: frenado automático, alertas de peatón, telemetría, filtros que funcionen. Exigir ADAS en vehículos nuevos y al mismo tiempo autorizar un combustible que anula esos sistemas es firmar una norma con una mano y borrarla con la otra.
La inspección técnica vehicular sería el filtro mínimo de ese parque. Ocho años después de la Ley 63-17, sigue siendo un anuncio. Sin ITV no hay manera seria de saber cuántos de los deslizamientos y colisiones tienen origen mecánico. Sin que el diésel solo sea de ultra bajo azufre, la ITV terminaría certificando vehículos adaptados a un veneno que el mercado mundial ya no quiere. Modernizar Refidomsa no es un capricho industrial: es la condición para que la seguridad vial deje de ser un discurso.
El semáforo que depende del apagón
La central semafórica que hemos propuesto —ajustes por densidad de tráfico, corredor verde para ambulancias, respaldo ante cortes— no sobrevive a un sistema eléctrico inestable. Cada apagón desincroniza lo que se había ordenado. El ciudadano lo vive como “tránsito”. El Estado debería verlo como falla de energía aplicada a la vía pública. Reducir minutos de cola no es cosmética urbana: es menos combustible quemado en ralentí, menos emisión sobre el mismo diésel sucio y, en una emergencia, minutos que deciden si el paciente llega vivo.
Por eso la jerarquía importa. Electrificar flotas y anunciar grandes obras de transporte masivo tiene sentido. No tiene sentido ponerlas por delante del combustible que ya circula en casi todo el parque, ni por delante de la energía que debe sostener semáforos, hospitales y fábricas. El orden del impacto es: limpiar lo que ya rueda, inspeccionarlo, darle vías que no se apaguen, y después sí cambiar la matriz y el modo de mover personas.
La energía que sostiene todo lo demás
Una tarifa industrial de 12 a 18 centavos de dólar por kilovatio hora, una red que se interrumpe, que vierte miles de MWh de energía renovable al año, que no tiene capacidad de almacenamiento ni distribución energética adecuada, no son un problema “de electricidad” separado del resto. Encarecen el transporte, el almacenamiento de alimentos, la operación de una central de tráfico y la competitividad de las zonas francas. Explorar reactores modulares pequeños, como han empezado a hacer otros países de la región, es una opción de largo plazo. No sustituye lo inmediato: bajar el azufre del diésel, aplicar la inspección que ya es ley y dar respaldo eléctrico a los semáforos mediante mejoras en almacenamiento y distribución eléctrica.
El Salvador se ha puesto como meta un reactor de investigación hacia 2030. Nosotros todavía argumentamos que2.500 ppm, cinco veces peor que el vecino más permisivo, es una “mejora” aceptable. Esa distancia entre la ambición del discurso y la pobreza de la norma vigente es el verdadero atraso.
Una sola cuenta
Las muertes del tránsito, las enfermedades del aire, las horas perdidas en un cruce a oscuras y la industria que no puede planificar su factura eléctrica se contabilizan en ministerios distintos. El ciudadano las paga juntas. Un estudio de las Naciones Unidas estimó, ya en 2016, más de mil muertes dominicanas asociadas a la contaminación del transporte y más de 1.100 millones de dólares de impacto. Digesett, entre 2024 y mediados de 2025, registró 3.031 fallecidos en accidentes. Pertenecen a la misma cuenta.
Lo que falta no es otro plan. Es el primer paso que cada una de esas normas ya escribió y el Estado no ha cobrado: diésel limpio, ITV efectiva, semáforos con energía de respaldo y una política energética que deje de tratar la tarifa como un destino. Cuatro omisiones. Una sola factura. Y la sigue pagando quien menos puede eludirla.
