Santo Domingo.– Obtener una licencia de operación para una estación de expendio de combustibles líquidos implicaba un cargo base de RD$1 millón bajo la Resolución 70-17, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) el 24 de marzo de 2017. Para las plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP), el monto establecido era de RD$600,000.
La disposición organizó los cargos por los servicios que prestaba el ministerio, a través del Plan Regulador Nacional, para la instalación, operación y supervisión de ambos tipos de establecimientos. La tabla tarifaria diferenciaba los pagos según el trámite requerido y la naturaleza de la instalación.
En el caso de las estaciones de combustibles líquidos y las plantas de GLP, los cargos base para la primera licencia de operación incluían cuatro dispensadores. Cuando el establecimiento contaba con unidades adicionales, la resolución establecía un pago suplementario de RD$25,000 por cada dispensador aprobado, tanto para las estaciones de combustibles líquidos como para las plantas envasadoras de gas.
De acuerdo con el Compendio de Normativas de Combustibles del MICM, la resolución también contemplaba un cargo de RD$5,000 por la solicitud de licencia de operación, independiente del monto establecido para el otorgamiento de la autorización.
Cargos por evaluaciones y permisos de construcción
Antes de llegar a la etapa de operación, los promotores de estos establecimientos debían cubrir otros servicios contemplados en la tabla del MICM.
La solicitud de evaluación técnica de funcionalidad del terreno, que incluía la verificación documental, tenía un costo de RD$5,000, mientras que la realización de la evaluación técnica ascendía a RD$50,000.
Por su parte, la solicitud de autorización para iniciar los trámites de obtención de permisos costaba RD$5,000, pero el otorgamiento de esa autorización tenía un cargo de RD$100,000.
Para solicitar una carta de no objeción destinada a la construcción del establecimiento, la tarifa era de RD$5,000. La emisión de esa carta implicaba otros RD$50,000.
La normativa también fijaba pagos por las extensiones de plazo. Solicitar una prórroga para continuar los trámites de obtención de permisos costaba RD$5,000 y su otorgamiento, RD$50,000. En cambio, la solicitud de extensión para continuar la construcción tenía el mismo cargo de RD$5,000, mientras que la autorización correspondiente ascendía a RD$25,000.
Al concluir las obras, la solicitud de evaluación técnica final tenía una tarifa de RD$5,000 y la realización de esa evaluación, de RD$50,000.
La Resolución 70-17 estableció un esquema de pagos para la renovación anual de las licencias de operación, tanto de estaciones de combustibles líquidos como de plantas envasadoras de GLP.
La solicitud de renovación costaba RD$5,000 e incluía la solicitud de verificación documental y de evaluación técnica. La realización de la evaluación técnica para esos fines tenía un cargo adicional de RD$30,000.
Para renovar la licencia de operación de una planta envasadora de GLP, el cargo base era de RD$60,000 e incluía cuatro dispensadores. Cada dispensador adicional generaba un pago de RD$5,000.
En las estaciones de expendio de combustibles líquidos, el cargo por el otorgamiento de la renovación anual ascendía a RD$100,000, también con cuatro dispensadores incluidos. Por cada dispensador adicional se establecía un cargo de RD$5,000.
Estas tarifas de renovación eran distintas de los montos fijados para el otorgamiento inicial de las licencias, que alcanzaban RD$600,000 para las plantas de GLP y RD$1 millón para las estaciones de combustibles líquidos.
Traspasos, modificaciones y reaperturas
El esquema tarifario también abarcaba las modificaciones administrativas y operativas de los establecimientos.
La solicitud de no objeción para traspasar la titularidad de una licencia costaba RD$5,000. El otorgamiento de esa no objeción tenía un cargo de RD$30,000 para las plantas envasadoras de GLP y de RD$50,000 para las estaciones de expendio de combustibles líquidos.
En los casos de modificación del registro por cambio de datos, la solicitud tenía un costo de RD$5,000. La autorización para modificar el registro por cambio de titular del proyecto ascendía a RD$10,000. Los mismos montos se aplicaban a la solicitud y autorización de modificaciones del registro por arrendamiento: RD$5,000 por solicitar el trámite y RD$10,000 por la autorización.
Para los establecimientos que requirieran una reapertura, la solicitud de evaluación técnica costaba RD$5,000 y la realización de la evaluación, RD$50,000. A su vez, solicitar la reapertura por cese de una suspensión provisional tenía un cargo de RD$5,000, mientras que la autorización correspondiente ascendía a RD$200,000.
Las remodelaciones, modificaciones de instalaciones y ampliaciones de la capacidad de almacenamiento también estaban sujetas a tarifas. La solicitud de no objeción para estos trabajos costaba RD$5,000, y la emisión de la carta correspondiente, RD$50,000 hasta el cargo base. Si los trabajos implicaban aumentar la cantidad de dispensadores, se sumaban los cargos suplementarios previstos para cada unidad nueva.
La evaluación técnica para comprobar la culminación de esas obras tenía un costo de RD$30,000, además de los RD$5,000 correspondientes a la solicitud de evaluación. La conformidad para reabrir el establecimiento una vez terminados los trabajos ascendía a RD$50,000. La certificación de documentos, por su parte, tenía una tarifa de RD$2,000.
En los considerandos de la Resolución 70-17, el MICM explicó que, tras la reorganización institucional derivada de la Ley 37-17, se encontraba inmerso en un proceso de reforma interna que incluía la modernización de su plataforma tecnológica y el rediseño de los procedimientos para solicitar, emitir y renovar permisos y licencias de estaciones de combustibles líquidos y plantas envasadoras de GLP.
El ministerio argumentó que las características técnicas de esos sectores requerían personal calificado, herramientas y sistemas que permitieran mejorar las labores de control, supervisión e inspección, así como responder a las tecnologías utilizadas por los promotores de los proyectos y contribuir a la seguridad pública.
Según la resolución, esas mejoras necesitaban recursos económicos para su implementación y sostenibilidad. La institución también señaló que la revisión buscaba adecuar los cargos a las características de los servicios y procedimientos, con el propósito de mejorar su suficiencia, eficiencia y objetividad en el marco de las reformas institucionales.
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El documento indica que el 4 de diciembre de 2016 el MICM había solicitado al Ministerio de Hacienda la no objeción para establecer o modificar los cargos, conforme al artículo 44 de la Ley 253-12. La respuesta favorable fue comunicada mediante la carta DM-DGPLT-1085, del 9 de marzo de 2017.
La Resolución 70-17 fue emitida el 24 de marzo de ese año y dispuso la modificación de la tabla de cargos por servicios vinculados con la instalación, operación y supervisión de estaciones de combustibles líquidos y plantas envasadoras de GLP. Además, ordenó su publicación en un periódico de circulación nacional y en la página web institucional, en cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
Los montos descritos corresponden a la tabla tarifaria incluida en esa resolución de 2017 y, por sí solos, no confirman cuáles son las tarifas vigentes en la actualidad.
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