La aprobación de la Ley de Residuos Sólidos ha generado un amplio rechazo entre representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y el sector de combustibles, quienes denuncian exclusión en el proceso legislativo y afirman que la normativa impone cargas desproporcionadas.
Isabel Puig, directora ejecutiva de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) y de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Combustibles a Domicilio (Adecom), sostuvo que la ley fue “concebida e impuesta sin tomar en cuenta la realidad operativa, económica ni regulatoria de las Mipymes, que representan el 98% del tejido empresarial del país”.
Advirtió que las nuevas obligaciones “castigan a los pequeños sin ofrecer acompañamiento, que legisla sin diálogo y que amenaza con hacer retroceder todo el avance logrado en materia de formalización empresarial”.
También afirmó que la normativa viola la Ley 488-08, al no diferenciar ni establecer gradualidad en la aplicación de tarifas y obligaciones, y denunció que las Mipymes no tienen representación en el Consejo de Manejo de Residuos.
“Esta no es una ley de sostenibilidad, es una ley de exclusión”, sentenció Puig.
Le recordamos: Senado aprueba Ley de Residuos Sólidos con 20 votos a favor y 5 en contra
Adecom también rechaza la ley
Desde Adecom, también manifestó su “rechazo enérgico y absoluto” a la ley, al considerar que representa “una amenaza directa a la sostenibilidad económica de nuestro sector, y a la estabilidad de miles de familias que dependen de estas operaciones”. Explicó que las empresas del sector operan bajo un margen regulado por el Estado, con ganancias netas mínimas, y que las nuevas tarifas impuestas por la ley “colocan a nuestro sector al borde del colapso”.
Agregó que, de aplicarse tal como está redactada, más de 3,000 empleos podrían perderse y muchas empresas pasarían a la informalidad, lo que tendría consecuencias negativas para la seguridad energética y ambiental del país. “La ley es técnicamente inconsistente, socialmente injusta y económicamente inviable para las empresas distribuidoras de combustibles a domicilio”, declaró.
Puig anunció que tanto Adecom como Codopyme emprenderán acciones legales e institucionales, incluyendo un recurso de amparo y una solicitud de revisión constitucional. También hizo un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para que abran un proceso de diálogo con los sectores afectados. “Las MIPYMES no pueden seguir pagando el precio de políticas públicas mal diseñadas”, concluyó.
Anadegas dice fue “un palo acechado”
A las críticas se sumó Arnulfo Rivas, expresidente y actual asesor del consejo directivo de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustible (Anadegas), quien calificó la ley original como “un palo acechado”, y denunció que “los sectores a los cuales iban a ser aplicada la ley no fueron ningunos invitados, ni a que conocieran en vista pública, ni a que hubiesen reuniones de sesiones de trabajo para conocer los aspectos que ella incluía”.
Rivas cuestionó que, pese a la magnitud de la reforma, no se haya consultado a los afectados ni explicado el impacto financiero.
El asesor de Anadegas explicó que el nuevo impuesto se calcula en base al volumen de ventas brutas, una fórmula que considera injusta para el sector combustible, ya que el precio del galón incluye impuestos, márgenes de distribución y costos de importación.
“Nuestra venta real de esos 300 pesos no es ese valor completo… De nosotros es una parte”, afirmó.
Rivas recordó que Anadegas recurrió al Tribunal Constitucional tras la promulgación de la ley en 2020, solicitando eliminar el criterio que los ubica en la categoría más alta. “No es que estamos opuestos a pagar, pero sí, no que nos ubiquen en el renglón más alto por una venta que es inflada, que no es todo de nosotros”, insistió.
Rivas cuestionó el método de cálculo para el nuevo impuesto por manejo de residuos sólidos, basado en las ventas brutas. Aseguró que esta forma de medición es engañosa y perjudica a las estaciones de combustibles. “Nuestra venta real de esos 300 pesos no es ese valor completo… De nosotros es una parte”, explicó, al tiempo que aclaró que el margen de ganancia del detallista es apenas un 8.75 %.
En ese contexto, advirtió que los actores del mercado se están organizando para impedir que la ley sea promulgada en su forma actual. “Vamos a llegar a las últimas consecuencias antes de que el presidente promulgue esa ley”, dijo.
Otras opiniones:
“La nueva Ley de Residuos impone cargas desproporcionadas a las pequeñas estaciones de combustibles, sin tomar en cuenta su capacidad operativa ni económica. Necesitamos un enfoque más gradual y diferenciado que permita cumplir sin poner en riesgo la formalidad ni la sostenibilidad del sector”, expresó Omar Issa, presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles y Derivados (Adodicode).
Mientras que el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exsenador de la República, Iván Lorenzo, opina que es una ley que realmente parecería obedecer a un propósito de las élites que están gobernando.
“No la quieren los empresarios, no la quieren los ciudadanos. De todas maneras, es una iniciativa que yo tengo la esperanza de que el presidente pueda vetar, porque no obedece al interés nacional”, dijo.
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