El economista Andrés Dauhajre Hijo alertó sobre efectos desproporcionados en la nueva estructura de contribuciones para la gestión de residuos sólidos, tras considerar que el esquema aprobado incrementa de forma significativa la carga sobre las empresas, especialmente las de menor tamaño.
En un artículo publicado en EH+, el especialista analizó los cambios introducidos por la Ley 98-25, promulgada por el presidente Luis Abinader, que modifica el modelo de financiamiento establecido en la Ley 225-20.
La normativa original fijaba contribuciones anuales en función de los ingresos brutos por ventas de las empresas, con montos que iban desde RD$5,000 para compañías con ventas entre RD$8 y RD$20 millones, hasta RD$260,000 para aquellas que superaban los RD$100 millones.
No obstante, el esquema no logró generar los recursos necesarios para el desarrollo del sistema. En 2025, las recaudaciones alcanzaron RD$2,970 millones, por debajo de lo requerido, lo que dio paso a una reforma con la que se proyecta recaudar RD$8,686 millones.
Según el análisis, la nueva estructura eleva de manera considerable las contribuciones. Una empresa que anteriormente pagaba RD$90,000, con ventas cercanas a RD$100 millones, pasaría a aportar RD$675,000 si sus ingresos aumentan ligeramente, lo que representa un incremento de 7.5 veces.
Dauhajre Hijo indicó que el diseño actual genera desigualdades, al establecer montos similares para empresas con niveles de ingresos muy distintos. Señaló que, bajo este esquema, compañías con ventas de RD$100 millones y otras con ingresos significativamente superiores podrían terminar pagando la misma contribución anual.
Asimismo, advirtió que la estructura implica tasas efectivas más elevadas para empresas con menores niveles de ingresos, mientras que grandes corporaciones enfrentarían cargas proporcionalmente menores en relación con sus ventas.
El economista también cuestionó el proceso de aprobación de ambas normativas, al considerar que la estructura vigente evidencia la ausencia de un análisis técnico riguroso previo a su implementación.
Frente a este panorama, planteó la necesidad de revisar el modelo actual y propuso que las contribuciones se definan tomando en cuenta la intensidad en la generación de residuos por sector económico, en lugar de establecer montos fijos.
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En ese sentido, sugirió la aplicación de tasas progresivas sobre los ingresos brutos, vinculadas al nivel de generación de residuos, así como la definición de una meta de recaudación acorde con las necesidades reales del sistema.
Como referencia, citó estimaciones que sitúan en más de US$259 millones los recursos necesarios para gestionar los residuos generados anualmente en el país, equivalentes a unos RD$16,089 millones.
El especialista concluyó que la estructura actual de contribución debe ser corregida para garantizar un esquema más equitativo y sostenible en la gestión integral de residuos sólidos.
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