Las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) registraron hasta mayo de 2025 pérdidas equivalentes al 41.7 % de la energía comprada, lo que evidencia la fragilidad del sistema y la carga que supone para el Estado. Según el Centro Regional de Estudios Económicos Sostenibles (CREES), de los 7,895.5 GWh adquiridos en los primeros cinco meses del año, 3,020.5 GWh no fueron facturados y otro 3.4 % fue facturado pero no cobrado.
El peso sobre los contribuyentes
Las pérdidas del sistema se han traducido en un mayor gasto fiscal. El último informe de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) revela que, a junio de 2025, las EDE recibieron RD$42,003 millones en transferencias, lo que representa el 51.2 % del total presupuestado para el año.
“Las EDE requieren de una reforma que transforme su naturaleza de empresas públicas en entidades capaces de ofrecer un servicio más confiable y eficiente”, señaló el CREES en un comunicado en la red X.
El centro de estudios cuestionó que los ciudadanos carguen con los costos: “Es pertinente que accionistas, que pongan su capital en juego, sean quienes asuman el riesgo inherente a este negocio, no los ciudadanos con sus impuestos”.
El problema no se limita a lo financiero. El país atraviesa una profunda crisis eléctrica que ha detonado protestas y huelgas en varias provincias, donde usuarios denuncian apagones de hasta 12 horas que afectan negocios, seguridad y la vida cotidiana.
La situación se agravó tras la salida de operación de una unidad de Punta Catalina, acompañada de fallas en otras generadoras como Itabo, Los Mina y Siba Energy, lo que provocó un déficit superior a 600 megavatios.
Respuesta oficial y promesas
El presidente Luis Abinader visitó recientemente Punta Catalina y pidió disculpas públicas por los apagones. En tanto, el presidente del Consejo Unificado de las EDE (CUED), Celso Marranzini, explicó que las fallas no se debieron solo a esa central y aseguró que la situación quedará resuelta en el corto plazo: “Lo que nosotros podemos asegurar es que a partir de finales de este año, el problema va a estar subsanado completamente”.
Mientras la población exige soluciones inmediatas y el Gobierno promete estabilidad en el suministro, la propuesta del CREES apunta a un debate de fondo: ¿deben las EDE seguir como empresas estatales subsidiadas o transformarse en entidades privadas donde los riesgos sean asumidos por inversionistas?
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