Quizás el título suena muy fuerte, pero es la realidad. Y no es por llamar la atención. Es que llega un momento en el que debemos exigir.
Aquí nos gusta aparentar firmeza, carácter e inteligencia. Pero cuando se trata de cómo nos estructuran los impuestos y de decisiones públicas que impactan directamente nuestro bolsillo y nuestro acceso a servicios esenciales, guardamos silencio.
Los servicios de telecomunicaciones en República Dominicana están gravados con un 30 % real en impuestos. Eso significa que de cada 100 pesos que usted paga por internet, telefonía o datos móviles, 30 pesos van directamente al Estado.
Y esto no afecta a un grupo específico. Afecta a todos. Desde el que compra una simple recarga hasta quien paga un plan mensual o corporativo.
Dentro de esos impuestos está el 18 % de ITBIS. Ese, aunque elevado, es un impuesto general al consumo y puede entenderse dentro del esquema tributario normal.
Pero los otros dos gravámenes son los que realmente merecen debate.
El 10 % de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Un impuesto que en teoría se aplica a bienes no esenciales como tabaco o alcohol. Sin embargo, hoy el internet no es un lujo. Es una herramienta básica para estudiar, trabajar, emprender y desarrollarse. Gravar la conectividad como si fuera un vicio no tiene coherencia con la realidad digital.
Y no lo digo solo como opinión. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el acceso a internet es un facilitador clave para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación y la participación ciudadana. En varias resoluciones ha instado a los Estados a promover y facilitar el acceso universal a la conectividad.
Si a nivel internacional se reconoce el internet como un habilitador de derechos humanos y desarrollo, tratarlo fiscalmente como un bien suntuario es una contradicción estructural con cualquier discurso de transformación digital.
El otro 2 % es la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT). Ese 2 % existe para financiar conectividad en las zonas donde a las empresas no les resulta rentable invertir. Es un fondo destinado a cerrar la brecha digital y llevar infraestructura donde el mercado por sí solo no llega.
Y aquí es donde está el punto clave. Las grandes telefónicas, en muchas localidades remotas, no despliegan infraestructura porque el retorno de esa inversión no les resulta factible. No es rentable llevar fibra o montar nodos en zonas de baja densidad poblacional o bajo consumo.
Precisamente ahí debería entrar el rol del Indotel y de ese fondo del 2 %. Ahí es donde debería usarse estratégicamente para construir backbone rural, redes de acceso sostenibles y cobertura estructural que cierre la brecha digital.
Pero gracias a esa ausencia estructural, continúa ocurriendo algo muy interesante.
Mientras tanto, quienes verdaderamente están llevando internet a comunidades olvidadas son pequeños y medianos ISP locales y revendedores de internet. Empezaron como operadores inalámbricos, instalando antenas punto a punto o punto multipunto para revender capacidad mayorista; hoy muchos han evolucionado, despliegan fibra óptica, montan redes GPON, instalan ONT en los hogares y estructuran infraestructura propia para cubrir una necesidad real donde a las grandes empresas no les resulta rentable llegar.
Eso sí es desarrollo real. Cada vez que veo al director del Indotel anunciando el proyecto “Canasta Digital Social 3.0”, siento una gran impotencia por ese populismo y esa política chatarra.
Al final, entregan dispositivos con internet incluido, pero sin ningún tipo de seguimiento real. Muchos de esos equipos terminan utilizándose solo para ver los números de la lotería, la novela turca o algún programa de farándula. No se trata de criticar el entretenimiento; se trata de cuestionar si esa es realmente la política pública que necesitamos.
Sé que desde Indotel responderán con la misma retórica de siempre, citando estudios del BID y teorías que, en el papel, demuestran impacto positivo. Pero la realidad en muchas de esas zonas dice otra cosa: en esos sectores donde se entregan tales dispositivos, verás cientos de bancas de lotería, lo que demuestra que no es un tema económico; es un tema de lógica y de enfoque.
Si hablamos de transformación digital, no podemos seguir gravando el acceso a internet como si fuera un lujo ni usar los fondos como herramienta de espectáculo. La pregunta sigue siendo la misma: ¿Estamos financiando desarrollo o estamos pagando populismo?
