Con la urgencia de reformar el sector eléctrico, es necesario revisar lo que establece el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico en la República Dominicana, conocido como el Pacto Eléctrico.
Aunque las autoridades no han informado sobre avances específicos en las reuniones del gabinete eléctrico, designado por el presidente Luis Abinader para reevaluar el pacto firmado por diversos sectores en febrero del 2021, el Consejo Económico y Social (CES) ha registrado varias reuniones entre los miembros de la comisión especial.
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Los avances
De hecho, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró a la prensa que el pacto está avanzado en cerca del 59 % de las metas establecidas, con una serie de recomendaciones para mejorar puntos esenciales.
Recordó que el convenio contempla más de 100 medidas para la transformación y modernización del sector eléctrico nacional, al precisar que el gobierno entregó un informe al CES detallando las metas cumplidas con evidencias.
Tras el anuncio del presidente Abinader de suspender las alzas escalonadas a la tarifa eléctrica, en julio del 2022, se designó a la vicepresidenta Raquel Peña Rodríguez como presidenta del Gabinete Eléctrico, una posición anteriormente ocupada por el exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, desde octubre del 2020.
El objetivo del cambio en el gabinete eléctrico era consensuar el impacto de los ajustes de las tarifas eléctricas en la población, cuyos incrementos se empezaron a implementar desde noviembre del 2021 y actualmente, permanece detenido.
Puntos del famoso Pacto Eléctrico
Papel del Estado
- El Estado mantendrá su participación monopólica en la generación hidroeléctrica mayor de 5 MW y en la transmisión de energía del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
- Promoverá la participación del sector privado en la generación y distribución eléctrica mediante concesiones, autorizaciones, asociaciones y otras modalidades contractuales.
- La Superintendencia de Electricidad regulará y fiscalizará el subsector eléctrico con total independencia y autonomía operativa y presupuestaria.
- La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) será reestructurada.
La protección al derecho de los usuarios
- Las Empresas de Distribución Eléctrica desarrollarán programas para regularizar el suministro de energía eléctrica a usuarios irregulares.
- Se modernizarán los sistemas para facilitar el acceso a facturas, historiales de consumo y otros servicios técnicos.
- Se garantizará el derecho de los consumidores a quejas y reclamaciones con procedimientos expeditos y sencillos.
Educación a la población
- Se implementarán programas permanentes de educación para concienciar a los usuarios sobre sus derechos y deberes en el uso de la energía eléctrica.
Plan de negocios
- Se reconocerá la importancia de contar con un alumbrado público eficiente y amigable con el medioambiente.
- Se establecerán capacidades de respuesta ante emergencias eléctricas en el Sistema de Emergencias 911 y se concienciará a los ciudadanos sobre la gestión de riesgos y accidentes eléctricos.
- Se diseñará un Plan Integral de Reducción de Pérdidas de Electricidad y un Plan Estratégico y de Negocios para mejorar la gestión de las empresas eléctricas estatales.
- Se racionalizará la política de subsidios y se implementará un régimen tarifario de referencia ajustado trimestralmente según variaciones en costos y eficiencia.
Energía renovable y otras alternativas
- Se promoverán proyectos de energía renovable gestionable, uso de energías renovables a nivel domiciliario, comercial e industrial y estudios para el uso del hidrógeno y la energía nuclear a largo plazo.
- En un plazo no mayor de 12 meses desde la firma del pacto, el Ministerio de Energía y Minas presentará un proyecto de ley de promoción del uso racional de la energía.
Comité de seguimiento
- Este comité será responsable de dar seguimiento a la ejecución de las acciones derivadas del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
La reforma al sector eléctrico no solo busca mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector, sino también garantizar una mayor transparencia y protección de los derechos de los consumidores.
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