En un contexto global donde la mitigación del cambio climático es cada vez más urgente, la República Dominicana enfrenta el desafío de cumplir con sus compromisos internacionales contraídos bajo el Acuerdo de París.
Una herramienta clave para lograrlo es la implementación de un mercado de créditos de carbono que permita la reducción de emisiones de CO₂ y la financiación de proyectos sostenibles.
Esta propuesta incluye la participación como emisores de dichos créditos tanto por parte del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, como de emprendedores privados, con el respaldo de incentivos fiscales y la regulación por la Superintendencia de Valores (SIV).
Los créditos de carbono son certificados que representan la reducción o captura de una tonelada de CO₂ u otros gases de efecto invernadero (GEI).
Estos créditos pueden ser adquiridos por empresas que emiten CO₂ para compensar sus emisiones, cumpliendo con regulaciones o compromisos de responsabilidad social corporativa (RSC).
El Ministerio de Hacienda puede emitir créditos de carbono respaldados en proyectos sostenibles, como aquellos de reforestación o de generación de energías renovables, entre otros.
Los emprendedores privados también pueden desarrollar proyectos de reducción de emisiones, como la instalación de parques solares, entre otros.
Ahora bien, tanto para el caso de los créditos emitidos por la Administración Pública como por entes privados, estos proyectos deben ser certificados por entidades internacionales de reconocimiento global, como el “Gold Standard (GS)” o el “Verified Carbon Standard (VCS)”, para asegurar que las reducciones de carbono sean reales y verificables.
Una vez certificados, los créditos de carbono deben ser registrados en plataformas internacionales como el “Verra Registry” o el “Gold Standard Registry”. Estos registros garantizan la transparencia, evitando la duplicación de créditos y asegurando su trazabilidad y negociación en el mercado global.
La SIV tendría la responsabilidad de regular el mercado de créditos de carbono, asegurando la transparencia y seguridad de las transacciones. En ese sentido, la SIV supervisaría la emisión, compraventa y registro de estos créditos como instrumentos financieros que son, garantizando que cumplan con los estándares internacionales.
Para que el mercado de créditos de carbono sea efectivo, es necesario promulgar una ley especial que establezca límites de emisiones de CO₂ para sectores clave en el área, como el de energía, el de transporte, y particulares renglones de la industria nacional, que a su vez regule la emisión y comercialización de créditos de carbono y que al mismo tiempo establezca incentivos fiscales que promuevan el desarrollo de proyectos sostenibles y la compra de dichos créditos y que asimismo proporcione el marco legal para la supervisión por la SIV en la emisión y comercialización de los créditos precitados.
¿Cuál es la trascendencia de todo esto? Por un lado, y en primer lugar, no hay duda de que es fundamental enfrentar los factores que originan el cambio climático, y así mismo debemos resaltar nuevamente que RD debe cumplir lo más efectivamente posible el Acuerdo de París, que en su Artículo 4, exige que todos los países signatarios preparen y mantengan contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs) para la reducción de GEI.
Más específicamente la RD se comprometió a reducir sus emisiones de carbono, pero para cumplir con estos compromisos de la manera más eficaz, necesita un marco regulatorio claro que establezca un sistema formal de límites de emisiones y comercio de créditos de carbono. Las iniciativas puntuales que la Administración Pública ha llevado a cabo deben ser superadas con una iniciativa nacional que aborde el tema de manera integral y efectiva.
Implementar un mercado de carbono en RD no solo aseguraría el cumplimiento de los compromisos internacionales precitados, sino que también impulsaría la economía verde en nuestro país , creando nuevas oportunidades de inversión y desarrollo sostenible.
En fin, debemos hacer hincapié en que la creación en RD de un mercado de créditos de carbono debidamente regulado es crucial para la preservación del medio ambiente y para que RD cumpla con mayor efectividad con el Acuerdo de París.
Para lograr esos objetivos es necesaria una intensa promoción para el desarrollo de proyectos sostenibles tanto en el sector público como en el privado y en los mercados extranjeros.
