Santo Domingo.– La cartera de tarjetas de crédito registró un crecimiento de 203 % entre 2017 y 2025, al pasar de unos RD$49,000 millones a más de RD$130,000 millones, una expansión que ha ganado terreno entre los trabajadores de menores ingresos.
El economista Francisco Tavárez advirtió que, para este segmento de la población, las tarjetas han dejado de ser utilizadas únicamente para compras puntuales y se han convertido cada vez más en un recurso para completar los ingresos y cubrir gastos habituales del hogar.
El planteamiento forma parte de un estudio realizado desde el Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que analiza la evolución del crédito privado y el comportamiento de las tarjetas de crédito entre los trabajadores dominicanos.
Tavárez señaló que la expansión del crédito mediante tarjetas ha sido superior tanto al crecimiento de los salarios como al ritmo de expansión de la economía durante esos años. Aunque el aumento de la cartera puede reflejar una mayor utilización de productos financieros, el economista llamó la atención sobre quiénes están accediendo a ese financiamiento y, especialmente, sobre el destino que le están dando.
Durante una entrevista en El Despertador, Tavárez explicó que las cifras generales de morosidad pueden ofrecer una imagen distinta a la que aparece cuando los datos se separan por nivel de ingresos. La morosidad general de las tarjetas se encuentra por debajo del 3%, pero entre quienes perciben salarios de RD$12,500 a RD$25,000 mensuales, el indicador puede ser entre cuatro y cinco veces mayor que el promedio. Para el economista, esta diferencia demuestra la necesidad de observar el comportamiento del crédito por segmentos y no únicamente mediante indicadores generales.
Otro dato presentado durante la entrevista apunta a que el 63 % de las nuevas tarjetas emitidas en 2025 fue destinado a trabajadores con ingresos inferiores a RD$32,500 mensuales. Ese grupo coincide con un universo de aproximadamente 1.3 millones de dominicanos dentro del mercado laboral formal que reciben ingresos por debajo de ese monto.
Tavárez consideró que estas cifras muestran que el problema de los ingresos insuficientes no se limita a los trabajadores informales, pues también alcanza a personas que cuentan con empleos registrados.
La tarjeta deja de ser un recurso para gastos puntuales
El economista explicó que el uso de las tarjetas también ha cambiado. Según su análisis, anteriormente estos instrumentos se utilizaban con mayor frecuencia para financiar adquisiciones específicas, como electrodomésticos u otros bienes duraderos.
Ahora, sostuvo, una parte de los trabajadores recurre al crédito de manera recurrente para completar los gastos del mes. En ese escenario, la tarjeta deja de funcionar como un mecanismo para enfrentar un gasto extraordinario y pasa a utilizarse para cubrir necesidades habituales.
Tavárez aclaró que el estudio no cuestiona el crédito como herramienta financiera, sino las condiciones económicas que llevan a los trabajadores a depender de él debido a que sus ingresos no resultan suficientes. A su juicio, los bajos niveles salariales existentes en el país han contribuido a que el crédito privado funcione como una vía para compensar la falta de ingresos disponibles.
El uso continuo de las tarjetas para cubrir gastos ordinarios puede llevar, según Tavárez, a una acumulación progresiva de obligaciones. La diferencia, explicó, está entre utilizar el crédito para una compra excepcional y recurrir a él todos los meses para financiar necesidades que forman parte del presupuesto habitual.
Cuando esto último ocurre, el trabajador puede mantenerse permanentemente endeudado y utilizar nuevos recursos de crédito para cubrir compromisos anteriores. El escenario se vuelve más complejo cuando el usuario no puede pagar la totalidad del balance y comienza a acumular mora, intereses y crédito revolvente.
Tavárez resumió su posición con una advertencia directa: “Financiarse con tarjetas de crédito es el camino a la ruina económica”, al referirse al uso permanente de este mecanismo para cubrir gastos ordinarios.
El costo del financiamiento ronda el 58 %
Otro de los aspectos señalados por el economista es el costo que representa mantener una deuda mediante tarjetas. Indicó que las tasas de interés rondan en promedio el 58 %, un nivel que considera particularmente relevante cuando el usuario pertenece a los segmentos de menores ingresos y no cuenta con capacidad para saldar completamente sus consumos.
Tavárez también llamó la atención sobre el nivel de conocimiento financiero de los usuarios, al considerar necesario que quienes utilizan estos productos comprendan el funcionamiento de las tasas de interés, los pagos mínimos y la acumulación de cargos.
El economista también puso bajo cuestionamiento los criterios utilizados para establecer los límites de las tarjetas. Explicó que, mientras en otros tipos de financiamiento las entidades suelen evaluar los ingresos y la capacidad de pago del solicitante, una persona puede recibir mediante una tarjeta una línea de crédito considerablemente superior a su salario mensual. Como ejemplo, mencionó el caso de un trabajador que percibe RD$20,000 al mes y recibe una tarjeta con un límite de RD$150,000.
Tavárez consideró que conceder líneas que pueden llegar a representar hasta diez veces los ingresos formales de una persona es una situación que debe ser observada desde el punto de vista regulatorio.
Por ello, planteó que la Superintendencia de Bancos debería analizar esta práctica y establecer criterios que relacionen el nivel de financiamiento con la capacidad real de pago del usuario.
Aclaró que su planteamiento no busca impedir que los trabajadores de bajos ingresos tengan acceso a tarjetas, sino establecer reglas que reduzcan el riesgo de que las líneas concedidas terminen generando una carga financiera permanente.
Alimentación y salud también se financian con tarjetas
Uno de los elementos que más preocupa al economista es el cambio en el destino del crédito. Tavárez sostuvo que las tarjetas están siendo utilizadas para cubrir alimentación, salud y otros gastos fundamentales, particularmente entre los trabajadores con menores ingresos.
Explicó que el acceso al crédito se ha extendido hacia segmentos que anteriormente tenían una menor participación en este tipo de productos, modificando también el propósito con el que se utilizan. En materia de salud, señaló que una persona puede recurrir a la tarjeta cuando debe asumir un gasto que no está suficientemente cubierto por la seguridad social.
Una situación similar puede presentarse en la educación cuando una familia opta por servicios privados y utiliza el crédito para cubrir los pagos. De acuerdo con su planteamiento, gastos que deberían formar parte de la planificación económica de los hogares terminan siendo financiados mediante deuda cuando los ingresos disponibles no alcanzan.
Tavárez también llamó la atención sobre el crecimiento de los mecanismos digitales de crédito y la aparición de entidades que operan principalmente mediante plataformas tecnológicas. Explicó que estos modelos tienen presencia en segmentos vinculados a tarjetas y otros productos de colocación rápida.
A su juicio, la facilidad con la que puede ponerse liquidez a disposición de los usuarios requiere prestar atención al riesgo de sobreendeudamiento.
El economista citó además experiencias internacionales en las que se han establecido criterios específicos para la concesión de tarjetas a personas con menores ingresos. Mencionó el caso de Argentina, donde, según explicó, el crédito digital ha experimentado una expansión rápida y señaló que este tipo de modelo también comienza a desarrollarse en República Dominicana.
Para Tavárez, la expansión del crédito no puede analizarse de manera aislada del nivel de ingresos de los trabajadores. Sostuvo que cuando las necesidades de las familias aumentan y los salarios resultan insuficientes, el crédito termina convirtiéndose en una alternativa para completar el presupuesto. Por esa razón, planteó que mejorar las condiciones salariales constituye una parte de la respuesta al problema.
El economista aclaró que no propone aumentos indiscriminados, sino mecanismos que permitan recuperar progresivamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Consideró que las discusiones sobre salarios no deberían limitarse a compensar la inflación, porque un ajuste basado únicamente en el aumento de los precios permite recuperar capacidad de compra perdida, pero no necesariamente garantiza que el ingreso sea suficiente frente al costo de vida.
Tavárez planteó incorporar la productividad y los beneficios generados por ella a las discusiones sobre remuneración. Explicó que la indexación salarial permite recuperar parte del poder adquisitivo, pero que los trabajadores también deberían beneficiarse de los resultados asociados al incremento de la productividad. A su juicio, este enfoque permitiría avanzar hacia una recuperación más sostenida de los ingresos y disminuir la necesidad de utilizar crédito para completar los gastos cotidianos.
Relacionada: Aduanas habilita pagos con tarjetas de crédito y débito para obligaciones aduaneras
El economista sostuvo que el problema del endeudamiento tampoco puede resolverse únicamente estableciendo límites a las tarjetas. Consideró necesario revisar las razones por las que los hogares deben destinar parte de sus ingresos a servicios que, en determinadas circunstancias, deberían contar con mayor cobertura o respaldo público.
Se refirió particularmente a salud y educación, áreas en las que, según explicó, las familias pueden terminar recurriendo a proveedores privados y financiando esos gastos mediante crédito. En ese sentido, planteó mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos como una vía para reducir la presión que determinados gastos ejercen sobre el presupuesto familiar.
Mayor protección ante gastos de salud
Tavárez también defendió un fortalecimiento de la seguridad social para evitar que los trabajadores tengan que recurrir a préstamos o tarjetas para enfrentar tratamientos costosos.
Se refirió a personas que acuden a campañas públicas o solicitan ayuda para poder cubrir enfermedades y procedimientos médicos. A su juicio, una persona afiliada al sistema de seguridad social debería contar con una protección suficiente para enfrentar situaciones de salud de alto costo, sin verse obligada a asumir deudas con tasas elevadas.
Entre las condiciones que mencionó figuran enfermedades como el cáncer y la diabetes, cuyos tratamientos pueden representar una fuerte presión financiera para los hogares. Para el economista, atender estas necesidades desde las políticas públicas también contribuiría a reducir la dependencia del crédito como mecanismo para enfrentar gastos esenciales.
República Dominicana será sede del mayor encuentro de estaciones de servicio del Caribe
