La decisión de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) de plantear el retiro de los terminales de pago electrónico de las estaciones de combustibles ha logrado su primer objetivo: colocar sobre la mesa un problema que durante años ha afectado la rentabilidad del sector.
El costo de las comisiones por las transacciones con tarjetas es una realidad que merece ser revisada, especialmente en una actividad cuyos márgenes de comercialización están regulados. Sin embargo, convertir al consumidor en el principal afectado difícilmente constituye la mejor estrategia para alcanzar una solución.
La transformación digital de los medios de pago ha cambiado los hábitos de consumo de los dominicanos. Hoy, pagar con tarjeta o mediante aplicaciones ya no es un servicio complementario, sino una necesidad para millones de personas que buscan mayor seguridad, comodidad y control de sus finanzas.
Pretender volver al efectivo en un sector tan sensible como el de los combustibles supone ir en dirección contraria a una tendencia que el propio Estado ha promovido durante años para impulsar la bancarización, reducir la informalidad y fortalecer la trazabilidad de las operaciones.
Algunas estaciones que comenzaron a restringir los pagos con tarjetas encontraron una respuesta inmediata: muchos clientes simplemente decidieron abastecerse en otros establecimientos donde sí podían utilizar sus medios de pago habituales.
En un mercado altamente competitivo, esa conducta demuestra que el consumidor difícilmente está dispuesto a renunciar a la facilidad de pagar electrónicamente cuando existen alternativas disponibles.
Más que presionar a las entidades financieras o a las empresas administradoras de pagos, la medida corre el riesgo de desplazar clientes hacia estaciones competidoras y afectar las ventas de los propios detallistas. La experiencia demuestra que los consumidores privilegian la conveniencia y, ante restricciones, adaptan rápidamente sus decisiones de compra.
Esto no significa desconocer la legitimidad del reclamo. Si, como sostiene Anadegas, las comisiones absorben cerca del 27 % del margen bruto por galón vendido, existe una discusión válida sobre la estructura de costos que enfrentan las estaciones de servicio. También es razonable revisar si el modelo actual de cobro continúa siendo el más adecuado para un sector regulado, de alta rotación y con márgenes establecidos por el Estado.
La mediación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, ProConsumidor y la participación de las entidades financieras abre la posibilidad de encontrar una salida negociada.
