Más de 80 organizaciones empresariales advirtieron que el proyecto de reforma al Código de Trabajo tal como está redactada, podría encarecer el empleo formal, afectar la competitividad y generar incertidumbre jurídica en el país. La pieza legislativa fue aprobada ayer en primera lectura por la Cámara de Diputados.
El proyecto fue aprobado con 144 votos a favor e incluye cambios como el aumento de la licencia por paternidad, nuevas regulaciones sobre teletrabajo y la suspensión de contratos laborales durante estados de excepción.
Tras la aprobación, un amplio bloque encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) emitió un pronunciamiento conjunto en el que pidió a los legisladores actuar “con prudencia, visión de país y sentido de responsabilidad histórica” antes de convertir la reforma en ley.
El empresariado aseguró que no se opone a la modernización del Código de Trabajo, vigente desde 1992, pero advirtió que algunos artículos del proyecto podrían elevar significativamente los costos laborales, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Entre las principales preocupaciones señaladas por el sector privado figuran posibles aumentos en las cargas económicas para los empleadores, la falta de consenso sobre varios puntos discutidos en la mesa tripartita entre Gobierno, trabajadores y empresarios, así como la ausencia de medidas enfocadas en productividad, informalidad y competitividad.
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No se respetaron los acuerdos
Los gremios sostienen que varios acuerdos alcanzados durante el diálogo tripartito no quedaron reflejados en el texto aprobado por la comisión legislativa, lo que, a su juicio, altera el equilibrio originalmente negociado.
Además, alertaron que temas considerados clave para adaptar el mercado laboral a las nuevas dinámicas económicas quedaron fuera de la reforma, limitando su capacidad transformadora.
La reacción empresarial se produce en medio de tensiones dentro del propio Congreso. El pasado 13 de mayo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, devolvió temporalmente el proyecto a comisión para introducir “algunos toquecitos”, luego de meses de retrasos en los trabajos legislativos.
El sector privado también vinculó sus preocupaciones con el comportamiento reciente del mercado laboral. Según cifras del Ministerio de Trabajo, el empleo formal creció 3.21 % en el primer trimestre de este año, con 75,968 nuevos cotizantes al sistema.
Para los empresarios, una reforma que incremente los costos de contratación podría poner en riesgo ese dinamismo.
El pronunciamiento fue respaldado por asociaciones de prácticamente todos los sectores productivos del país, incluyendo turismo, zonas francas, industria, comercio, construcción, banca, seguros, transporte, energía y mipymes.
Entre los firmantes figuran Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC).
Los empresarios insistieron en que el país necesita una reforma laboral consensuada y sostenible, advirtiendo que aprobar la pieza “con prisa” podría afectar la inversión, el empleo formal y la competitividad de la economía dominicana.
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