EH PLUS, REDACCIÓN.- A finales del 2020 se promulgó la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos 225-20.
Una normativa que suple la necesidad de reorganizar la gestión de los residuos sólidos en República Dominicana. Esto incluye el darle tareas, roles y responsabilidades a todos los sectores y actores: Gobierno, empresas y ciudadanos, respecto a qué tenemos que hacer con los residuos.
“Todas las compañías van a tener que hacer un diagnóstico de sus residuos para saber qué tipos generan, qué cantidad de cada uno y qué puedo hacer luego con ellos”, señala Yomayra Martinó, fundadora de la consultora GreEnergy Dominicana.
Para la experta la Ley 225-20 es una oportunidad para que el sector empresarial y la ciudadanía hagan las cosas bien.
“Es una oportunidad para hacer las cosas bien. Con esta norma se puede rediseñar la planificación de las empresas reconociendo la importancia de la gestión de los residuos. Para la población en general, representa la oportunidad de educarnos en el tema”.
Martinó dice que la ley contribuye a la economía circular porque todas las empresas deberán hacer un plan de responsabilidad extendida del productor.
“Esos planes deben decir qué se puede hacer con esos residuos que tú generas. Ese insumo, es una línea base para que otras empresas y ciudadanos identifiquen oportunidades. Conociendo qué residuo se produce y qué cantidad, podemos identificar potenciales usos. Entonces, ahí hay una apuesta segura a que no lleguen al vertedero, sino que se identifiquen nuevos receptores de esos residuos”.
Sobre la Ley 225-20
- Se aplica a todas las actividades, procesos y operaciones que generen residuos, incluyendo las actividades de importación, pero excluyendo los residuos radiactivos.
- Otorga incentivos a personas jurídicas para promover la reducción, reúso, reciclaje, valorización y aprovechamiento de los residuos.
- Crea una contribución especial en base a los ingresos para mitigar los efectos de las prácticas actuales y desarrollar un sistema integral de gestión de residuos. Los costos van desde 500 hasta 260 mil pesos dominicanos. Además, se debe rehabilitar el área contaminada.
- Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y menos graves. Las multas van desde 50 hasta 3 mil salarios mínimos, servicio comunitario y/o la inhabilitación de actividades.
- La Ley 225-02 entró en vigor a finales de 2020, sin embargo, aún no se aprueba su reglamento de implementación. De igual modo, observa plazos para la adopción de las medidas.
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