La economista y exsubdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Germania Montás, expresó preocupaciones sobre varios aspectos de la recién aprobada Ley 36-26, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían generar dificultades prácticas para los contribuyentes y limitar la efectividad de medidas que, en principio, buscan facilitar el cumplimiento tributario.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, Montás analizó el artículo 17-1 de la legislación, relativo a los acuerdos de pago con la DGII, y sostuvo que, aunque la formalización de este mecanismo representa un avance, la inclusión de procedimientos específicos dentro de la ley podría convertirse en un obstáculo para su aplicación.
“Muy bien que se formalice lo que es una práctica desde 1992. Pero incluir procedimientos en una ley es un error recurrente en nuestra legislación tributaria porque la vuelve inflexible y abre la puerta a normativas internas que terminan alejándose de la propia ley”, señaló.
Cuestiona requisitos para acuerdos de pago
La especialista explicó que la nueva normativa exige un pago inicial mínimo equivalente al 15 % de la deuda, además de garantías reales o personales para acceder a acuerdos de pago con la administración tributaria.
Entre las garantías contempladas figuran hipotecas, vehículos, maquinarias, equipos, certificados financieros, garantías solidarias, fiadores o pagarés.
A juicio de Montás, estos requisitos podrían excluir a contribuyentes que no cuentan con bienes suficientes para respaldar una negociación o cuyos ingresos son variables a lo largo del año.
“¿Qué pasa con quien no puede cumplir con estos requisitos? ¿Qué pasa con quien recibe ingresos extraordinarios en meses específicos y solo podría cumplir mediante cuotas variables? Sencillo: queda fuera de la posibilidad de un acuerdo o asume uno que probablemente no podrá cumplir”, afirmó.
Según la economista, esta situación podría provocar que algunos contribuyentes incumplan los acuerdos o que la propia administración se vea obligada a flexibilizar los requisitos para hacer viable su aplicación.
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Alerta sobre el derecho de defensa
Montás también cuestionó el párrafo IV incorporado al artículo 81 del Código Tributario, al considerar que podría generar incentivos para que los contribuyentes paguen previamente una deuda antes de agotar los recursos administrativos o judiciales disponibles.
La disposición establece que el contribuyente podrá consignar el monto reclamado ante la DGII para evitar medidas conservatorias y sanciones pecuniarias mientras se conoce su recurso, aclarando que dicho pago no implica renuncia a sus derechos de defensa.
Sin embargo, la exfuncionaria entiende que, en la práctica, la norma podría reproducir indirectamente el antiguo criterio conocido como “paga primero y reclama después”.
“Si no existe obligación de pagar para recurrir, ¿por qué el pago se convierte en la única vía para evitar embargos y sanciones mientras el recurso se tramita?”, cuestionó.
Recordó que disposiciones similares contenidas en el Código Tributario aprobado en 1992 fueron posteriormente declaradas incompatibles con la Constitución y dieron lugar a decisiones judiciales favorables a contribuyentes que impugnaron ese requisito.
Impacto sobre trabajadores independientes
En entrevistas recientes sobre los cambios introducidos por la nueva legislación, Montás también analizó el incremento de la retención aplicada a trabajadores independientes, que pasó de 10 % a 15 %.
Explicó que esta modificación no necesariamente implica un aumento del impuesto final a pagar, ya que las retenciones funcionan como pagos adelantados del Impuesto sobre la Renta (ISR) que posteriormente se compensan al momento de presentar la declaración anual.
No obstante, advirtió que la medida sí afecta la liquidez de los profesionales independientes, quienes recibirán menos efectivo durante el año por los servicios facturados.
“Lo que cambia es el flujo de caja del contribuyente. Aunque el impuesto final puede ser similar o incluso menor dependiendo de las deducciones y los nuevos tramos exentos, el profesional dispondrá de menos recursos durante el año”, explicó.
Las observaciones de Montás se producen pocos días después de la promulgación de la Ley 36-26, iniciativa impulsada por el Gobierno con el objetivo de aumentar las recaudaciones fiscales entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones anuales mediante ajustes tributarios y medidas de fortalecimiento de la administración fiscal.
Las nuevas disposiciones continúan generando debates entre economistas, abogados tributarios y representantes del sector empresarial, quienes analizan el alcance de los cambios y sus efectos sobre contribuyentes, empresas y la capacidad recaudatoria del Estado.
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