La reciente auditoría de la Cámara de Cuentas (CC) sobre la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), el proyecto energético más grande y rentable en la historia de República Dominicana, ha generado controversia por las deficiencias y omisiones detectadas en el informe presentado.
El informe, que supuestamente cubre el período desde 2013 hasta diciembre de 2021, en realidad no incluye información financiera del último año, debido a la falta de documentos suministrados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Esta ausencia impide evaluar plenamente la gestión del proyecto durante 2021, año en que se registraron errores operativos que impactaron negativamente la generación eléctrica y aumentaron los costos de combustible.
El economista Jaime Aristy Escuder criticó la omisión, afirmando en su artículo que: “Hasta el 31 de diciembre de 2021, no fue posible aplicar procedimientos de auditoría, debido a que no fueron suministradas las informaciones financieras correspondientes al período desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, pese a ser requeridas formalmente [al Ministerio de Energía y Minas] en reiteradas ocasiones.”
Escuder, quien tambien fue exadministrador general de Punta Catalina escrió una columna con las precisiones que considera afectaron el proceso de autoria, en el que incluyó que a lo largo del 2021 se cometieron “graves y costosos errores operativos”.
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Uno de los puntos críticos señalados fue la falta de carbón mineral, lo que obligó a adquirirlo directamente, a precios hasta cuatro veces superiores a los de una licitación formal, provocando pérdidas que superarían los 320 millones de dólares.
Sobre esto, Escuder puntualizó: “La omisión no es un asunto menor. A lo largo de ese año se cometieron graves y costosos errores operativos. El más notorio fue permitir que se agotara el carbón mineral de la planta, lo que obligó a reducir la generación eléctrica y a comprar el combustible de forma directa a un precio promedio de 240 dólares por tonelada métrica, en lugar de los 67 dólares (o menos) que habría costado mediante una licitación convocada en marzo de 2021, bajo la Ley 340-06.”
En cuanto al costo total de la planta, la Cámara de Cuentas estableció una cifra de 3,276.8 millones de dólares, incluyendo gastos operativos y financieros, lo que contrasta con los 2,454 millones de dólares pagados al consorcio constructor entre 2013 y 2020. Sin embargo, Aristy Escuder advirtió que esa cifra está inflada, ya que no se dedujeron ingresos ni beneficios que reducen sustancialmente el costo neto.
“Considerando todo lo expuesto, el costo neto total para el Estado asciende a 2,644.8 millones de dólares, suma que incluye 266 millones de dólares por concepto de gastos financieros. Como estos no forman parte del costo del activo, puede determinarse que el costo de la CTPC fue de 2,378.8 millones de dólares”, explicó Escuder.
Agregó además: “Una cifra que, al descontar los 125 millones de dólares correspondientes al puerto y a las obras marítimas relacionadas, se reduce a 2,253.8 millones de dólares. Dividido ese monto entre la capacidad instalada de 752 MW, se obtiene un costo de 3 millones de dólares por MW, un nivel competitivo frente al costo internacional de las generadoras de electricidad que utilizan carbón.”
Según el economista, el informe también menciona irregularidades en procesos de contratación durante la construcción y operación, como adjudicaciones sin documentación adecuada o falta de registros fiscales, aunque aclara que en muchos casos las autoridades auditadas presentaron pruebas que no fueron debidamente consideradas por la CC.
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