La propuesta está contenida en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, que identifica el esquema tarifario desactualizado como uno de los factores que mantienen las finanzas de Edenorte, Edesur y Edeeste bajo presión.
El documento señala que el proceso de ajuste tarifario fue suspendido en 2022 ante las presiones inflacionarias y advierte que, sin una corrección estructural, los déficits operacionales de las distribuidoras continuarán creciendo, aumentando la carga para las finanzas públicas.
La dimensión fiscal del problema se refleja en los recursos que el Estado ha tenido que destinar para cubrir el saldo negativo de las distribuidoras.
Entre 2014 y 2024, las tres empresas, de propiedad pública, recibieron RD$505,629 millones mediante transferencias estatales para cubrir sus déficits.
El Gobierno plantea que la solución no depende exclusivamente de modificar las tarifas. El plan identifica tres frentes principales: avanzar en la reforma tarifaria, reducir de manera sostenida las pérdidas de electricidad y acelerar la transición energética.
La presión continúa en 2026. Solo entre enero y el 14 de agosto, el subsidio eléctrico había devengado RD$78,800 millones, frente a un presupuesto vigente de RD$85,586.7 millones destinado a ese propósito.
Esto significa que, para esa fecha, ya se había utilizado aproximadamente 92 % de los recursos presupuestados para el subsidio eléctrico.
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Las pérdidas alcanzan 38.9 %
A la presión tarifaria y fiscal se suma uno de los principales problemas operativos del sistema de distribución: las pérdidas de electricidad.
Al cierre de mayo, las pérdidas técnicas y no técnicas de las tres distribuidoras alcanzaban 38.9 %.
El peor desempeño correspondía a Edeeste, con 56 %, seguida por Edesur, con 31.6 %, y Edenorte, con 26.1 %.
Por ello, el plan plantea que, en el mediano plazo, la política energética debe concentrarse en reducir las pérdidas, fortalecer la fiscalización de los circuitos de distribución y ampliar el uso del Sistema de Información Geográfica (IGEA) para controlar las pérdidas no técnicas.
El planteamiento coloca la reforma tarifaria y la reducción de pérdidas como componentes complementarios: mientras el ajuste busca acercar los ingresos de las distribuidoras a los costos reales del servicio, la disminución de las pérdidas apunta a mejorar la eficiencia del sistema.
La dependencia de combustibles fósiles también preocupa
El Gobierno vincula la situación financiera de las distribuidoras con un desafío más amplio del sector eléctrico: la planificación de la generación y la composición de la matriz energética.
El documento señala que la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) aumentó de 4,889 megavatios en 2019 a 5,795.9 MW en 2024, mientras que la generación total pasó de 19,266 GWh a 25,397 GWh durante ese período.
Sin embargo, el incremento de la capacidad y la generación no ha eliminado la dependencia de los combustibles fósiles.
El plan considera que la matriz energética continúa siendo altamente dependiente de combustibles fósiles, por lo que plantea fortalecer los planes indicativos de expansión de la generación para orientar las inversiones hacia tecnologías limpias y reducir la dependencia de los hidrocarburos.
La planificación de la generación es señalada como otro elemento de la problemática. El Gobierno considera necesario establecer metas vinculantes y mecanismos efectivos de seguimiento, además de mejorar la coordinación entre las entidades responsables del sector.
Tarifa, pérdidas y transición energética
La estrategia planteada por el Gobierno, por tanto, combina medidas sobre tres puntos que están directamente relacionados con la sostenibilidad financiera y operativa del sistema eléctrico.
El primero es la tarifa, cuyo reajuste busca que el precio pagado por el servicio se acerque a sus costos reales y reduzca progresivamente la necesidad de subsidios.
El segundo es la reducción de pérdidas, que permitiría mejorar la relación entre la electricidad adquirida por las distribuidoras y la energía que finalmente se convierte en ingresos.
El tercero es la transformación de la matriz de generación, mediante una planificación que favorezca tecnologías limpias y disminuya la exposición del sistema a los combustibles fósiles.
El desafío fiscal sigue siendo considerable: mientras las EDE mantienen elevados niveles de pérdidas y requieren transferencias públicas, el Estado continúa destinando miles de millones de pesos para sostener el subsidio eléctrico.
El Plan Nacional Plurianual plantea que la combinación de una tarifa actualizada, menores pérdidas y una transición hacia una matriz menos dependiente de los hidrocarburos es necesaria para contener el déficit de las distribuidoras y reducir su presión sobre las finanzas públicas.
