Tener acceso a la energía eléctrica no solo es una necesidad básica, sino un derecho fundamental vinculado directamente al desarrollo humano, la equidad social y la reducción de la pobreza. Sin embargo, miles de familias dominicanas todavía viven sin este servicio esencial, enfrentando barreras que limitan su calidad de vida y sus oportunidades de crecimiento.
Desde 2022, 2,746 hogares dominicanos ya han accedido a electricidad gracias a la ejecución de 30 proyectos eléctricos por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), lo que representa un avance concreto en la meta de universalizar el servicio energético en todo el territorio nacional.
A estas cifras se suman otras 1,300 familias cuyas viviendas ya disponen de electricidad, aunque los proyectos aún están pendientes de inauguración, de acuerdo con datos suministrados a EHPlus por el propio ministerio. Estas intervenciones permiten calcular que el número de hogares sin acceso a energía en el país se ha reducido a 60,098, partiendo de los 64,144 reportados por el ministro Joel Santos Echavarría en marzo de este año, data oficial a 2022.
servicio de energía eléctrica, según zona y región de residencia
Los trabajos ejecutados entre agosto de 2022 y febrero de 2025 han abarcado desde la instalación de paneles solares, rehabilitación y extensión de redes eléctricas, hasta la construcción de microcentrales hidroeléctricas, con una inversión acumulada de RD$292,539,203.83.
Entre los proyectos más emblemáticos figuran la Microcentral Hidroeléctrica Limoncitos, en Constanza, con un costo de RD$22.5 millones, y la Microcentral Hidroeléctrica Palero, en Sabaneta, Santiago Rodríguez, con una inversión de RD$42.6 millones, beneficiando a 149 hogares.
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Otra obra de alto impacto es la ejecutada en El Maniel y Poster Río, en la provincia Independencia, que involucró tanto generación hidroeléctrica como expansión de redes, con una inversión de RD$44.8 millones, para 240 hogares beneficiados.
Además de estas grandes infraestructuras, el Gobierno ha priorizado la llegada de energía a comunidades rurales aisladas como La Ciénaga y Los Caños (Constanza), El Aguacate y Los Algarrobos (La Altagracia), y Los Pajones y Arroyo Hondo (San José de Ocoa), donde se entregaron kits de paneles fotovoltaicos como solución sostenible.
Otras zonas atendidas con extensión de redes eléctricas incluyen:
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La Manga y Don Juan, en Monte Plata
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La Malanga y Los Texanos, en Barahona
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El Puente y Los Calcaños, en Samaná
Estas obras oscilaron entre los RD$2.5 y RD$3.4 millones, mejorando la vida de decenas de familias.
En áreas periurbanas como Santo Domingo Norte, el proyecto de rehabilitación y extensión de redes en El Hornillo, El Mamey y Villa Mella benefició a 37 hogares, con una inversión de RD$2.8 millones, mientras que en Boca Chica se intervino el sector La Altagracia 2da (Los Tanquecitos) por RD$1.2 millones.
Asimismo, se electrificaron pozos con energía solar en comunidades como Jina Jaragua y Amacey I, y se rehabilitaron redes en barrios como Hato Nuevo, Nuevo Amanecer y Calle 7, en Tamayo, Bahoruco, este último con una inversión de RD$6.7 millones.
La meta: cero hogares sin electricidad
En marzo de 2025, durante su participación como orador principal en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), el ministro Joel Santos reveló que 64,144 hogares seguían sin acceso a energía eléctrica, concentrados mayormente en zonas rurales.
Esta cifra representaba el 1.72% del total de hogares del país, una deuda pendiente que el Gobierno planea saldar en cinco años con una inversión de US$130 millones.
El plan integral incluye:
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Compra masiva de medidores y transformadores
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Ampliación de la telemedición
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Repotenciación de redes y subestaciones
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Intervención de 26 subestaciones eléctricas en 2025
Paralelamente, se proyecta una expansión de la capacidad energética nacional con un incremento de 2,178 megavatios (MW) para 2028, mediante nuevas plantas térmicas actualmente en desarrollo.
Aunque el camino hacia la universalización energética aún es largo, los avances realizados por el MEM en menos de tres años evidencian un compromiso gubernamental tangible con la equidad energética y el desarrollo sostenible, especialmente en las comunidades históricamente marginadas del sistema eléctrico nacional.
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