La propuesta fiscal presentada por el Gobierno para recaudar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales recibió el respaldo de representantes de los sectores empresarial, comercial, agropecuario y sindical, aunque varias organizaciones condicionaron su apoyo a la adopción de medidas que fortalezcan la eficiencia del gasto público, mejoren la focalización de los subsidios y protejan a los sectores productivos durante su implementación.
El plan, presentado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, busca generar recursos adicionales para enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y el impacto del aumento de los precios internacionales de los combustibles, al tiempo que contempla incentivos para la producción nacional, alivios tributarios para las mipymes y medidas para combatir la evasión fiscal.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) valoró positivamente varias de las iniciativas contenidas en la propuesta, especialmente las orientadas a simplificar el cumplimiento tributario, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, fortalecer la inversión y proteger a los sectores más vulnerables.
No obstante, la organización empresarial consideró que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere una estrategia más amplia que incluya una mejor focalización de los subsidios y una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Asimismo, sostuvo que los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes deben estar acompañados de acciones dirigidas a reducir las presiones estructurales sobre las finanzas públicas y a combatir la evasión y la informalidad.
Codopyme destaca avances para las mipymes
La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) también valoró favorablemente varias de las medidas propuestas, al considerar que responden a reclamos históricos del sector y pueden contribuir a mejorar las condiciones para la formalización, la inversión y la generación de empleos.
Sin embargo, su presidente, Fernando Pinales, señaló que toda iniciativa es susceptible de perfeccionamiento y consideró que el debate legislativo debe servir para enriquecer la propuesta y garantizar su efectividad.
Fenacerd pide blindajes para pequeños negocios
Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd) manifestó su respaldo a la iniciativa, al entender que procura equilibrar las necesidades de recaudación del Estado con la sostenibilidad del comercio detallista.
No obstante, la organización advirtió sobre la necesidad de establecer mecanismos de protección para evitar impactos negativos sobre las micro y pequeñas empresas.
Su presidente, José Díaz Ceballos, planteó que cualquier ajuste relacionado con las transferencias bancarias o los esquemas de retención anticipada debe excluir expresamente a las mipymes acogidas al Régimen Simplificado de Tributación (RST).
A su juicio, una carga excesiva sobre los canales digitales o sobre la liquidez de los pequeños negocios podría afectar los avances alcanzados en materia de formalización.
Sindicatos y agropecuarios respaldan iniciativa
Las principales centrales sindicales expresaron igualmente su apoyo a la propuesta, al considerar que permitirá preservar la inversión pública y garantizar la continuidad de programas sociales dirigidos a la población más vulnerable.
De igual forma, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) respaldó las medidas anunciadas, al entender que procuran proteger la estabilidad económica y preservar la capacidad productiva del país.
No obstante, la organización informó que sus equipos técnicos analizarán el contenido definitivo del proyecto una vez sea sometido al Congreso Nacional, con el objetivo de evaluar su impacto sobre el sector agropecuario y presentar las observaciones que considere pertinentes durante el proceso legislativo.
Aunque con matices distintos, las organizaciones coinciden en que el contexto internacional actual exige medidas extraordinarias para preservar la estabilidad económica, pero insisten en que el proceso legislativo debe servir para perfeccionar la propuesta y garantizar un equilibrio entre las necesidades de recaudación, la competitividad empresarial y la protección de los sectores productivos.
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