Guarocuya Félix hace observaciones sobre el plan fiscal y cuestiona en qué se usarán los recursos

El exdirector general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, valoró varios aspectos del proyecto de reforma fiscal anticrisis sometido por el Gobierno al Congreso Nacional, pero advirtió que la propuesta aún deja interrogantes sobre el destino de los recursos que pretende recaudar y contiene medidas que podrían afectar la formalización de la economía.

En una columna de opinión publicada en el periódico elDinero, Félix señaló que la iniciativa combina disposiciones positivas con otras de alto riesgo. Entre las medidas que respaldó figuran la reducción de anticipos para micro y pequeñas empresas, la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de gravámenes obsoletos, facilidades para acuerdos de pago, incentivos a la inversión y el establecimiento de impuestos a productos considerados de riesgo para la salud, como los vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Sin embargo, el exfuncionario cuestionó que el Gobierno aspire a recaudar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales sin explicar con claridad cómo serán utilizados esos recursos.

Recordó que, según las propias estimaciones oficiales, el subsidio a los combustibles para 2026 podría oscilar entre RD$37,398 millones y RD$51,581 millones si el precio del petróleo se mantiene entre US$90 y US$100 por barril.

“La similitud no prueba que todo irá a combustibles, pero impone una pregunta: cuánto irá a subsidio, inversión, protección social y déficit”, expresó.

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Félix consideró que la principal debilidad de la propuesta es la ausencia de un plan detallado de gasto público que acompañe los nuevos ingresos tributarios.

“Hacienda afirma que el gasto corriente cayó 0.5 % del PIB en 2025 y que habría una reorientación de RD$30,000 a RD$40,000 millones. Pero el país necesita ver partidas, instituciones, montos, calendario y resultados”, indicó.

Asimismo, calificó como la medida de “peor calidad” el incremento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas, que pasaría de 0.15 % a 0.20 %, lo que representa un aumento relativo de 33.3 %.

A su juicio, gravar con mayor intensidad las operaciones bancarias formales podría incentivar el uso del efectivo y castigar a quienes operan dentro del sistema financiero.

“No debemos permitir que el 0.20 % sea el nuevo recargo cambiario de la formalidad financiera”, afirmó.

El especialista también mostró reservas frente a la nueva amnistía tributaria incluida en la propuesta. Sostuvo que la acumulación de facilidades de regularización desde 2021 envía una señal equivocada a los contribuyentes cumplidores.

“El cumplidor paga a tiempo; el moroso aprende a esperar”, advirtió.

Sobre el ISR a las empresas

Otro de los puntos observados por Félix fue la creación de una sobretasa temporal del Impuesto Sobre la Renta para empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones. Aunque entiende que puede justificarse en una coyuntura extraordinaria, considera indispensable que tenga una fecha de vencimiento automática y una evaluación clara de su impacto económico.

También alertó sobre posibles efectos negativos derivados de mayores retenciones sobre pagos al exterior por servicios digitales, software, almacenamiento de datos y asistencia técnica, así como de anticipos calculados sobre ingresos brutos en lugar de ganancias efectivas.

Respecto a los incentivos fiscales, calificó como “el punto institucional más delicado” la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para objetar la clasificación de beneficiarios de incentivos, al entender que una decisión técnica podría quedar expuesta a presiones políticas.

Pese a las críticas, Félix sostuvo que la propuesta no debe ser descartada por completo y recomendó preservar las medidas que favorecen la producción, la inversión y la simplificación tributaria.

No obstante, consideró que el Congreso debería exigir un desglose artículo por artículo de la recaudación esperada, los costos fiscales, el uso previsto de los recursos, un cronograma para el manejo del subsidio a los combustibles y límites claros a la discrecionalidad en materia de incentivos.

“Una buena reforma no solo consigue dinero. También produce confianza. Esta cobra; todavía no organiza”, concluyó.

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