EH Plus, España. EFE.- La huelga indefinida de transportistas autónomos y pymes en España, que dura ya cinco días en pleno estallido de los precios de la energía y los carburantes, amenaza el abastecimiento de alimentos y otros suministros en el país, mientras las grandes organizaciones empresariales y el Gobierno los rechazan como interlocutores y los vinculan a la ultraderecha.
No solo la industria alimentaria, sino también otras como la siderúrgica, la automoción e incluso la hostelería, advierten de pérdidas millonarias si no cesa este paro durante el que se han producido algunos actos violentos con heridos y detenidos.
Unos 23.600 policías y guardias civiles están desplegados para garantizar el abastecimiento ante esta protesta que se prologa desde el pasado lunes, que según el sector del consumo puede conllevar seiscientos millones de euros en pérdidas y hace peligrar unos 10.000 empleos.
El paro indefinido está convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, que representa a autónomos, pequeñas y medianas empresas, un colectivo que el Gobierno considera minoritario.
Los convocantes denuncian que no pueden cubrir los costes de producción por lo que consideran una posición dominante del Comité Nacional del Transporte de Carretera, que reúne a grandes empresas.
Los huelguistas advierten de que están en una situación límite, agravada por el alza de precios del combustible tras la invasión de Rusia en Ucrania.
Este viernes volvieron a realizar marchas de camiones a escasa velocidad en carreteras de distintas partes del país, en medio del amplio despliegue policial para escoltar convoyes de suministros, dar seguridad a centros logísticos y actuar contra piquetes violentos.
Al menos seis personas fueron detenidas en varias partes del país, donde algunos conductores que no secundaban el paro sufrieron heridas por el lanzamiento de piedras y desperfectos en sus camiones por roturas de lunas y pinchazos de neumáticos.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, fue abucheada por un grupo de huelguistas en un acto en la ciudad de Valladolid (norte), con gritos de “ministra dimisión, cómprate un camión” y “son transportistas, no terroristas”.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, hizo “un llamamiento al diálogo, a la negociación”, y llamó a la calma ante esos actos violentos.
“Ahora bien, el Gobierno tiene la exigencia de garantizar el orden público ante determinadas conductas que afortunadamente son minoritarias”, advirtió desde Roma, donde se encontraba dentro de una gira europea para consensuar medidas ante el encarecimiento de la energía por la guerra en Ucrania.
Varios de sus ministros insistieron en que se trata de un boicot, no de una huelga, con acusaciones a la extrema derecha de estar detrás, algo que niegan los convocantes y el partido ultraderechista Vox, tercera fuerza en el Congreso o Cámara baja del Parlamento español.
“No se puede usar la falta de suministros para chantajear al Gobierno”, con un paro “que alienta la ultraderecha” en su objetivo de “provocar inestabilidad en Europa y hacerle el juego al villano de -Vladímir- Putin, el presidente ruso, aseveró la ministra española de Hacienda, María Jesús Montero.
La oposición y la patronal española CEOE exigen al Gobierno medidas urgentes para frenar la escalada de precios de la energía, sin esperar a una posición conjunta en la Unión Europea.
El propio jefe de Estado español, el rey Felipe VI, alertó durante un acto con empresarios en Madrid del impacto “muy negativo” de la actual coyuntura para “las cadenas de suministros, los precios de la energía, las presiones inflacionistas y la inestabilidad geopolítica”. EFE
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