La estabilidad financiera del sector eléctrico dominicano es un tema de preocupación nacional crónica. Durante años, el debate público se ha centrado en los apagones y la supuesta falta de generación, pero el verdadero talón de Aquiles de las empresas distribuidoras (Edesur, Edenorte y Edeeste) reside en un problema más profundo y, hasta ahora, malentendido: las pérdidas.
A pesar de la inyección de subsidios multimillonarios por parte del Estado, un análisis exhaustivo de los datos oficiales revela que las pérdidas no solo persisten, sino que se han agravado, alcanzando niveles alarmantes.
Este artículo desafía la narrativa popular que asocia el fraude eléctrico casi exclusivamente con la pobreza y los barrios marginados, y argumenta que la mayor parte del impacto financiero devastador proviene de una industria delictiva sofisticada, concentrada en los sectores de alto consumo.
Un vistazo a los números: el ascenso inquietante de las pérdidas
El panorama de pérdidas eléctricas en el país muestra una tendencia preocupante. Según el “Informe de Desempeño – Mayo 2025” del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, las pérdidas acumuladas de las distribuidoras aumentaron de 39.8% (mayo del 2024) a 42.6% (mayo del 2025).
Es fundamental entender que estas pérdidas se dividen en dos categorías: las técnicas, inherentes al transporte de la electricidad y típicamente bajas, y las no técnicas, que son el resultado directo del robo, fraude, errores de facturación y falta de pago.
El aumento descontrolado de las pérdidas no técnicas a pesar de las cuantiosas inversiones en la red es una clara señal de que el problema no es de capital, sino de gobernanza y estrategia.
Si se inyectan recursos masivos pero el síntoma principal (el fraude) se agrava, la causa subyacente es una falla estructural en la gestión y fiscalización. La estrategia actual no está logrando el objetivo de reducción de pérdidas.
El desempeño individual de las distribuidoras valida esta tendencia. EDEESTE, en particular, sigue presentando el peor índice de pérdidas, que pasó del 56% en mayo del 2024 al 58.4% en mayo del 2025.
Aunque en menor medida, EDENORTE y EDESUR también experimentaron incrementos, con sus pérdidas subiendo de 28.4 % y 34% a 31.2% y 38.2 % respetivamente en el mismo periodo.
Tendencia de pérdidas por Distribuidora (mayo 2024 – mayo 2025)
Pérdidas (%) | May-24 | May-25 | Cambio porcentual |
Promedio | 39.8% | 42.6% | 2.8% |
EDENORTE | 28.7% | 31.2% | 2.5% |
EDESUR | 34.8% | 38.2% | 3.5% |
EDEESTE | 56.0% | 58.4% | 2.3% |
Fuente: “Informe de Desempeño – Mayo 2025” del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana
El vasto subsidio: financiando la ineficiencia
Ante este panorama, el Estado ha asumido la pesada carga de financiar el déficit operativo de las distribuidoras, impulsado en gran parte por estas pérdidas.
En el primer cuatrimestre del 2025, el gobierno transfirió RD37,300 millones al sector eléctrico, monto que representa un aumento de 1.8% respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con el informe “Informe de situación macroeconómica – Seguimiento de coyuntura mayo 2025” del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la RD.
En lugar de ser un apoyo temporal, el subsidio funciona como un salvavidas que permite a las EDEs posponer la solución estructural al fraude, creando un círculo vicioso: las pérdidas no técnicas generan un déficit que el Estado cubre con subsidios, y la existencia de estos subsidios reduce la presión financiera para erradicar el problema. El resultado es que el subsidio, de manera indirecta, se ha transformado en un mecanismo para financiar el robo de energía.
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La radiografía del fraude: el fraude de la percepción vs. la realidad del impacto
El fraude eléctrico ha evolucionado de la simple conexión directa a una “industria” delictiva sofisticada, utilizando mecanismos electrónicos para manipular medidores y alterar programas informáticos.
La metodología oficial para calcular la energía sustraída se basa en la Tabla Homologada de Consumos de Equipos Eléctricos (THCEP), pero la heterogeneidad de los sistemas dificulta una medición transparente, lo que impide una verdadera auditoría ciudadana del problema.
Aun así, los operativos de fiscalización revelan una realidad incómoda: el foco del problema no es el usuario residencial de bajos ingresos. Si bien esos casos son los más numerosos, el mayor golpe financiero para las distribuidoras se concentra en un número reducido de clientes de consumo masivo.
Las intervenciones recientes se han centrado en plazas comerciales, discotecas, “drinks” y otros establecimientos de alto consumo, y también han incluido fábricas de hielo y fincas. Estas evidencias indican que las pérdidas importantes están concentradas en ese segmento de alto consumo.
Esto se explica por la estructura de los clientes y las tarifas. Los usuarios residenciales constituyen alrededor del 89.7 % de la base, mientras que los comerciales representan el 9.1 %, los industriales el 1.0 % y otros clientes el 0.8 %.
Aunque los hogares de bajo consumo son los más numerosos, el mayor impacto económico para las distribuidoras proviene de fraudes en clientes de consumo masivo, como los comerciales e industriales.
En estos casos, las tarifas incluyen cargos por demanda máxima de potencia, lo que multiplica el efecto financiero de cualquier irregularidad. Por ello, un solo fraude en este segmento puede equivaler al impacto económico de decenas o cientos de fraudes residenciales pequeños.
El costo real del fraude por sector: percepción vs. realidad
Factor de Comparación | Sector de Bajo Consumo (Residencial) | Sector de Alto Consumo (Comercial/Industrial) |
Número de casos | Alto (miles de usuarios individuales) | Bajo (unidades de negocio y grandes consumidores) |
Impacto financiero por caso | Bajo, ligado a consumos modestos (100 -500 KWh) | Exponencialmente alto, ligado a consumos masivos y demanda de potencia (miles de KWh) |
Evidencia de operativos | Operativos en barrios, denuncias individuales | Operativos en plazas comerciales, fábricas, drinks y fincas |
Impacto en las EDE | Pérdida acumulada, pero menor por caso | Golpe económico devastador en un solo caso |
Narrativa pública | Foco de la lucha contra el fraude; criminalización de la pobreza | Ignorado o subestimado; percepción de “el problema es el barrio” |
Rompiendo el círculo vicioso de la ineficiencia
Los datos son contundentes. Las pérdidas de las EDE, impulsadas por el fraude no técnico, están en aumento, y el subsidio estatal, a pesar de su magnitud, no está resolviendo el problema de raíz.
El análisis de los operativos y la lógica de consumo demuestran que el fraude en los sectores comercial e industrial, aunque menos numeroso en casos, representa el golpe financiero más devastador para la sostenibilidad del sistema.
Para romper este círculo vicioso, se necesita un cambio de enfoque. En lugar de financiar el déficit de forma incondicional, los subsidios gubernamentales deben estar atados a indicadores de desempeño concretos, como la reducción de pérdidas no técnicas.
Las EDEs y la Superintendencia de Electricidad (SIE) deben reorientar sus operativos de fiscalización, priorizando los sectores de alto consumo, donde la recuperación de un solo caso tiene un impacto financiero mucho mayor.
Finalmente, es imperativo que las autoridades publiquen estadísticas detalladas de fraude por sector y tipo de cliente, para que la ciudadanía pueda monitorear y participar en un debate informado y transparente.
La sostenibilidad del sistema eléctrico dominicano no se logrará con más subsidios, sino con una gestión más inteligente y una lucha frontal y honesta contra el fraude en todos sus niveles, especialmente allí donde el costo es más alto para todos.
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