Emprender es muy cuesta arriba, y quizá no se trata tanto de realizar una idea que tenemos en la cabeza, sino de sostenerla en el tiempo dentro de un entorno que muchas veces no acompaña.
El sueño de emprender le llega a muchos. No siempre nace del deseo de hacerse rico, sino de la necesidad de avanzar, de no depender exclusivamente de un salario y de construir algo propio. Para algunos es vocación; para otros, una salida cuando el sistema no ofrece suficientes oportunidades formales. Emprender, en esencia, es una apuesta al futuro.
Pero emprender es difícil. Y lo es aún más cuando el entorno, lejos de facilitar el camino, termina empujando de manera silenciosa hacia la informalidad.
Desde el inicio, el mensaje es contradictorio. Se habla de emprendimiento, innovación y desarrollo, pero la realidad impone trámites complejos, costos fijos desde el primer día, impuestos que no distinguen tamaño ni etapa y obligaciones que llegan antes de que el negocio logre estabilidad. El emprendedor se enfrenta a una disyuntiva silenciosa: formalizarse y asumir una carga que no puede sostener, o mantenerse informal para poder sobrevivir.
En ese contexto, la informalidad no se percibe como una falta moral, sino como una estrategia de resistencia. Es la forma en que muchos logran arrancar, probar, equivocarse y seguir. No porque no quieran cumplir, sino porque el sistema no les permite hacerlo sin asfixiarlos.
A esto se suman factores estructurales que terminan de inclinar la balanza. Los anticipos fiscales afectan el flujo de caja incluso cuando la rentabilidad es mínima. En el plano laboral, seguimos arrastrando una legislación de 1992 que no dialoga con la realidad económica, tecnológica y productiva actual. Es una ley pensada para otro contexto, para otra estructura empresarial y para un mercado laboral que ya no existe.
Dentro de ese mismo marco laboral, la cesantía, que nació como una protección legítima, hoy opera también como una carga adicional para el pequeño empresario. Al calcularse sobre el último salario, cada aumento multiplica el pasivo futuro, lo que termina frenando mejoras salariales. Al mismo tiempo, para muchos trabajadores se convierte en un ahorro forzoso que limita la movilidad laboral, generando estancamiento tanto para la empresa como para el empleado.
A ello se añade un movimiento sindical anclado en una mentalidad heredada de la Guerra Fría, con liderazgos que en muchos casos no se renuevan, no dan paso a nuevas generaciones y mantienen un discurso que ya no conecta con la realidad productiva actual. Ese desfase no solo afecta al empresario; tampoco representa de manera efectiva al empleado.
El trabajador de hoy enfrenta desafíos distintos: informalidad, necesidad de capacitación continua, cambios tecnológicos, empleos híbridos, plataformas digitales y un mercado laboral cada vez más competitivo. Sin embargo, el discurso sindical sigue centrado en esquemas del pasado, desconectados de las verdaderas necesidades del trabajador moderno. Al final, el empleado queda atrapado entre un sistema rígido y una representación que no evoluciona al ritmo de la realidad.
El resultado es un entorno poco flexible y profundamente desbalanceado, donde quien intenta formalizarse carga con obligaciones, pero no recibe respaldo proporcional.
Todo esto ocurre, además, en medio de una carencia crónica de servicios básicos. Energía eléctrica inestable y costosa, inseguridad ciudadana, deficiencias en infraestructura y servicios públicos que el empresario termina resolviendo por su cuenta: planta eléctrica, inversor, seguridad privada. Costos adicionales que no aparecen en ninguna tabla fiscal, pero que impactan directamente la rentabilidad.
Así, el empresario no solo financia su negocio, sino que termina supliendo al Estado. Paga impuestos, cumple o intenta cumplir con la ley y aun así debe cubrir servicios que deberían estar garantizados. En ese escenario, la informalidad deja de ser una evasión y se convierte en una consecuencia lógica del entorno.
Creo en la formalidad y entiendo que es el camino correcto. No solo porque ordena la economía, sino porque permite crecer, acceder a financiamiento, proteger a los empleados y construir empresas sostenibles. Pero creer en la formalidad también implica entender lo que significa operar formalmente en la práctica.
Operar dentro del marco formal conlleva una estructura de costos y obligaciones que impactan directamente la operación diaria del negocio: Impuesto Sobre la Renta, anticipos, Impuesto a los Activos, ITBIS que exige liquidez constante, aportes a la Seguridad Social y, cuando aplica, impuestos sobre dividendos. Todo ello requiere contabilidad organizada, reportes permanentes, planificación fiscal y capacidad administrativa.
En conjunto, estas obligaciones representan una carga operativa que puede situarse entre un 30 % y un 45 %, dependiendo de la estructura del negocio. No es solo un tema de impuestos; es una exigencia de gestión y disciplina financiera que muchos emprendimientos no tienen desde el inicio.
Si se analizan los beneficios de la formalidad con realismo, se observa que existen, pero no son inmediatos ni sencillos. Venderle al Estado implica asumir créditos de 90 a 120 días, mientras el proveedor debe financiar toda la operación y pagar mensualmente el ITBIS sin haber cobrado la factura. El impacto en la liquidez es evidente.
Algo similar ocurre con el acceso al financiamiento bancario. En muchos casos, el crédito descansa sobre el propio empresario, que termina siendo el garante con su patrimonio personal. El riesgo del negocio se traslada directamente a la persona.
Y hay otro elemento que no se puede ignorar: el riesgo de perder y de quebrar forma parte natural de la vida empresarial. Emprender implica asumir incertidumbre y aceptar que no todos los proyectos prosperan.
El problema surge cuando ese riesgo natural se ve amplificado por un sistema poco flexible, donde fallar no solo significa perder capital, sino arrastrar obligaciones fiscales, laborales y administrativas que sobreviven al negocio mismo. El fracaso, que debería ser parte del aprendizaje, se convierte en una carga prolongada que desalienta volver a intentarlo.
La informalidad no se combate solo con fiscalización ni con discursos. Se combate rediseñando el camino hacia la formalidad, simplificando procesos, diferenciando etapas, reduciendo cargas iniciales y acompañando al que decide hacer las cosas bien.
Al final, emprender es un acto de valentía. No es para todos ni debería romantizarse. Implica riesgo, incertidumbre y la posibilidad real de perder.
Por eso, debemos reconocer y aplaudir a quienes se arriesgan y lo logran. A los que crean empleo, generan valor y apuestan por el país aun en entornos adversos.
