Hay advertencias que una nación no puede darse el lujo de desatender. Cuando el deterioro de un Estado vecino amenaza con desbordar sus fronteras, la prudencia exige anticiparse. Esperar a que el peligro se materialice para reconocerlo puede convertir una crisis prevenible en una tragedia irreversible.
La reciente advertencia de Pelegrín Castillo merece ser examinada con esa seriedad. Su planteamiento es grave: la prolongación del colapso haitiano podría desembocar en un éxodo masivo hacia la República Dominicana y en presiones internacionales para instalar campamentos de refugiados en nuestro territorio. El secuestro de cuatro militares salvadoreños vinculados a la misión contra las pandillas añade un elemento explosivo a un escenario frágil, evidenciando el agotamiento de intervenciones tibias, fragmentadas y sin mandato real de combate para pacificar el territorio vecino.
La denuncia de una operación deliberada requiere pruebas e identificación de responsabilidades. Pero el peligro de desbordamiento existe con independencia de que pueda demostrarse una estrategia concertada. La incapacidad internacional para contener la violencia produce consecuencias tan devastadoras como una decisión consciente de trasladar sus efectos.
Ese es el punto que los dominicanos debemos comprender: cuando una emergencia se prolonga, lo que ayer parecía excepcional termina presentándose como inevitable. Y una nación que no define sus límites a tiempo corre el riesgo de que otros pretendan definirlos por ella.
La historia universal advierte
Las analogías históricas requieren cuidado; ningún conflicto reproduce exactamente a otro. Sin embargo, algunas experiencias muestran lo que ocurre cuando la fragilidad institucional y las fracturas identitarias se combinan con desplazamientos humanos masivos y descontrol territorial.
La disolución de Yugoslavia demostró la inviabilidad de imponer por decreto la unidad entre comunidades con memorias, alfabetos y confesiones religiosas divergentes (ortodoxos, católicos y musulmanes). Cuando la estructura central colapsó, los agravios acumulados desencadenaron limpiezas étnicas y más de cien mil muertos. La lección no es que toda diversidad conduzca a la guerra, sino que ninguna arquitectura política puede sostenerse ignorando las identidades y la voluntad de sus pueblos.
La partición de la India en 1947 ofrece otra advertencia trágica. El intento colonial de gestionar apresuradamente la coexistencia entre cosmovisiones antagónicas (hindúes y musulmanes) derivó en matanzas comunales que costaron más de un millón de vidas y catorce millones de desplazados. Trazar líneas en un mapa desde mesas de negociación no garantiza seguridad si se atropella la realidad sobre el terreno.
El Líbano aporta una enseñanza particularmente inquietante. Su equilibrio confesional saltó por los aires cuando la llegada masiva de poblaciones desplazadas y milicias armadas alteró el balance demográfico e institucional. Sería injusto atribuir la guerra civil libanesa a quienes buscaban protección, pero sería irresponsable ignorar cómo la pérdida del control soberano puede convertir a un país receptor en escenario de guerras ajenas.
Ninguno de estos casos anuncia un destino fatal para La Española, pero todos advierten contra la improvisación y la ingeniería social forzada.
Dos naciones que no son intercambiables
La República Dominicana y Haití comparten una isla, pero no constituyen un mismo proyecto nacional. Sus trayectorias históricas, lenguas, instituciones y memorias colectivas han forjado identidades profundamente diferenciadas.
Esa disparidad se remonta a sus actas de nacimiento: mientras Haití fundó su orden constitucional de 1805 sobre una premisa exclusivista que prohibía la propiedad de la tierra a extranjeros y blancos, la sociedad dominicana estructuró un modelo mestizo, hispanoparlante y de tradición legal continental. Durante los veintidós años de ocupación encabezados por Jean-Pierre Boyer (1822–1844), el régimen pretendió desarraigar la personalidad oriental despojando a la Iglesia católica, clausurando la Universidad Santo Tomás de Aquino e imponiendo normas foráneas.
Nuestra independencia de 1844 no se libró frente a una metrópoli ultramarina, sino contra la dominación haitiana, y tuvo que ser ratificada durante más de una década de duras campañas militares (desde Azua y Santiago hasta Santomé y Sabana Larga). Hay dimensiones de esas identidades que no pueden disolverse en un proyecto estatal común sin exigir a una de las partes que renuncie a elementos esenciales de su propia existencia histórica. Reconocerlo no implica menoscabar la dignidad del vecino; significa entender que la coexistencia pacífica exige el respeto mutuo a la soberanía y a la diferencia.
La emergencia no debe convertirse en hecho consumado
Conviene distinguir con rigor técnico entre migración laboral, protección humanitaria y asimilación estatal. Precisamente por ello, el país debe rechazar con firmeza cualquier tentativa de introducir obligaciones excepcionales o instalaciones transfronterizas bajo la presión del pánico humanitario.
La instalación de campamentos de refugiados no constituye, por sí sola, una fusión formal; pero en la práctica internacional rara vez representa una solución temporal. La alarma debe traducirse en interrogantes indispensables: ¿quién asumiría la custodia armada de esos recintos?, ¿durante cuántos años?, ¿con qué presupuesto?, ¿bajo qué jurisdicción legal?, ¿y qué impediría que una medida transitoria se convierta en un asentamiento permanente e ingobernable?
República Dominicana necesita una posición pública inequívoca y protocolos de contingencia que impidan que la urgencia suplante a la deliberación soberana.
Asimismo, se impone una estricta coherencia interna: blindaje fronterizo efectivo, persecución implacable a las mafias del tráfico de personas, sanciones ejemplares a la corrupción en los puestos de control y fiscalización del mercado laboral. No es legítimo denunciar la presión extranjera mientras sectores económicos internos lucran con el desorden migratorio y fomentan la informalidad.
La solución real opera en Haití
El reclamo de Castillo para articular una respuesta de seguridad hemisférica plantea una exigencia ineludible. Si los mecanismos de cooperación regional pretenden neutralizar organizaciones criminales y terroristas, no pueden seguir contemplando el colapso haitiano con declaraciones protocolares.
La pacificación de Haití exige objetivos verificables, neutralización de los arsenales en manos de las pandillas, corte de sus redes de financiamiento exterior y un compromiso sostenido de las potencias históricamente vinculadas a ese país. Pretender contener las secuelas en la línea fronteriza dominicana mientras se posterga indefinidamente la reconstrucción interna de Haití equivale a cebar una crisis hasta que resulte incontrolable.
La República Dominicana debe mantenerse vigilante, fortalecer su cohesión institucional y desplegar una diplomacia activa y sin complejos. El alarmismo vacío paraliza; la advertencia fundada prepara.
Ayudar al pueblo haitiano exige trabajar por su seguridad y desarrollo dentro de su propio suelo, mediante instituciones capaces de protegerlo. Defender al pueblo dominicano exige garantizar que la ausencia de esa respuesta internacional no termine sacrificando la supervivencia de nuestra nación. Dos pueblos soberanos, dos Estados diferenciados y una responsabilidad global que ya no admite más dilaciones.
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