José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) fue detenido la noche de este miércoles tras un extenso interrogatorio de más de cuatro horas por la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) por el caso de licitación a Transcore Latam.
Esta acción se enmarca en una investigación sobre su vinculación con la red semafórica del Gran Santo Domingo, un proyecto que se ejecutó bajo un contrato con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant). Este contrato fue anulado debido a serias irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación.
Hiroito Reyes confirmó la detención, pero se negó a proporcionar más detalles a la prensa, dejando en el aire la situación del empresario. Jochi Gómez es uno de los cofundadores de Transcore Latam, la empresa actualmente bajo el escrutinio del Ministerio Público.
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Esta investigación fue solicitada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la cual encontró indicios de delitos penales relacionados con corrupción, falsificación de documentos y vicios en el proceso de contratación.
Transcore Latam fue adjudicada con más de RD$1,300 millones en junio de 2023, a pesar de que otros oferentes impugnaron el proceso, alegando que la empresa no cumplía con los requisitos necesarios para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema de semáforos.
El contrato se mantenía en ejecución
A pesar de que la DGCP suspendió el contrato, hace un año, Transcore Latam continuó operando la red semafórica. Recientemente, Gómez ha sido acusado de sabotear este sistema, lo que provocó un grave caos en el tráfico de la ciudad entre el 27 y el 29 de agosto de 2024.
Las acusaciones fueron presentadas por Milton Morrison, director del Intrant, quien solicitó al Ministerio Público que investigara las acciones atribuidas a Gómez.
El 17 de septiembre, bajo la gestión del nuevo director del Intrant, se inició el proceso de rescisión del contrato con Transcore Latam. Al llegar a su interrogatorio, Gómez expresó: “Tamo’ tranquilo y vamos a defendernos”.
La denuncia sobre las irregularidades en la licitación fue interpuesta por la dirección de Compras y Contrataciones, que identificó graves fallas en la ejecución del procedimiento, incluidos indicios de falsificación de documentos, una composición accionaria difusa y movimientos sospechosos de accionistas.
El escándalo ha levantado un manto de controversia sobre la administración del Intrant y la transparencia en los procesos de contratación pública, lo que ha generado un amplio interés en la opinión pública y medios de comunicación. La situación sigue desarrollándose y podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y empresarial del país.
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