La transición energética divide a países productores y defensores de renovables

A dos años de que los países acordaran reducir el uso de combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa, el debate sobre cómo y a qué ritmo avanzar en la transición energética se consolidó como uno de los ejes centrales de la COP30, celebrada en noviembre en Belém, Brasil.

El compromiso global incluye triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar las mejoras en eficiencia energética para 2030, un objetivo clave considerando que el sector energético genera cerca del 75 % de las emisiones globales de dióxido de carbono. Aunque los avances son evidentes —más del 90 % de la nueva capacidad energética instalada en 2024 y 2025 provino de fuentes renovables—, la producción de combustibles fósiles continúa en expansión.

Presiones contrapuestas en el escenario global

Mientras las energías limpias ganan terreno, Estados Unidos, principal productor mundial de petróleo y gas natural, impulsa una estrategia para mantener los combustibles fósiles como eje del sistema energético y presiona a otros países para que continúen comprándolos y utilizándolos.

Este choque de visiones convirtió a la transición energética en un punto central de la COP30, donde el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva propuso la creación de una hoja de ruta formal que permita pasar del discurso a la acción para superar la dependencia de los combustibles fósiles.

Apoyos y resistencias

Más de 80 países respaldaron la iniciativa, desde pequeñas naciones insulares vulnerables al cambio climático hasta economías que ven oportunidades en las energías limpias, e incluso algunos países productores de hidrocarburos. Sin embargo, la oposición liderada por el Grupo Árabe, integrado por países productores de petróleo y gas, logró bloquear cualquier referencia explícita a esa hoja de ruta en el acuerdo final de la conferencia.

Pese a ello, los impulsores del plan continúan avanzando. El presidente de la COP30, André Aranha Corrêa do Lago, anunció que en 2026 liderará un proceso para desarrollar dos hojas de ruta: una para detener y revertir la deforestación y otra para la salida progresiva de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos.

Equidad y dependencia económica

El debate revela la tensión entre los llamados “petroestados” y “electroestados”, y plantea interrogantes clave sobre la equidad de la transición. En varios países, los ingresos del petróleo, gas o carbón representan la principal fuente fiscal, lo que obliga a pensar en modelos de diversificación económica.

El caso de Nigeria ilustra el dilema: aunque el petróleo aporta entre 80 % y más del 90 % de los ingresos gubernamentales, cerca del 39 % de su población carece de acceso a electricidad, pese a contar con abundantes recursos renovables aún sin explotar.

Modelos en discusión

Durante la COP30 se discutió que la hoja de ruta tenga una base científica alineada con el Acuerdo de París, incorporando distintas vías para una transición justa. Brasil y Noruega emergen como posibles referencias: el primero analiza un fondo de transición energética financiado con ingresos petroleros, mientras que el segundo creó una comisión formal para planificar el abandono gradual de los combustibles fósiles.

La Unión Europea, por su parte, avanza con políticas para reducir la demanda de hidrocarburos y fijó como meta que 42.5 % de su energía provenga de fuentes renovables en 2030, reforzando su Régimen de Comercio de Emisiones.

Renovables en alza, fósiles aún presentes

Aunque la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que las renovables sigan creciendo más rápido que cualquier otra fuente y que en 2025 la inversión en energías limpias duplique a la de combustibles fósiles, las inversiones en hidrocarburos también aumentan por la creciente demanda energética.

El último informe de la AIE anticipa un incremento del 50 % en el suministro global de gas natural licuado (GNL) hacia 2030, con cerca de la mitad proveniente de Estados Unidos, aunque persisten dudas sobre su destino final.

El avance del diálogo iniciado en Belém será determinante para la capacidad global de gestionar el cambio climático. Corrêa prevé presentar avances en la COP31, prevista para finales de 2026, donde Australia liderará las negociaciones, pese a que la cumbre se celebrará en Turquía.

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