Contrabando de hidrocarburos conlleva hasta cinco años de prisión en RD

La Ley 17-19, promulgada el 20 de febrero de 2019, establece un régimen sancionador contundente para combatir el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados, incluyendo los hidrocarburos, cuyo contrabando en grandes cantidades puede acarrear penas de hasta cinco años de prisión.

La normativa fue diseñada por las autoridades dominicanas para proteger la economía, garantizar la competencia justa y preservar la salud pública. En sus considerandos, la ley reconoce que el comercio ilícito es un fenómeno complejo, en constante evolución, favorecido por el difícil control fronterizo y el uso de tecnologías modernas.

El principal objetivo de la Ley 17-19 es erradicar el comercio ilícito mediante la tipificación de delitos como contrabando, comercio ilícito y falsificación, así como la definición de sanciones administrativas y penales. La ley regula productos como medicamentos, alcohol, tabaco e hidrocarburos, y se aplica en todo el territorio nacional, incluyendo zonas francas y centros logísticos.

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Hidrocarburos: sanciones específicas según cantidad

Hidrocarburos

El documento detalla sanciones penales proporcionales a la cantidad de hidrocarburos involucrada en una actividad ilícita:

  • De 1 a 80 galones: prisión de 3 a 6 meses y multa de 50 a 100 salarios mínimos mensuales.
  • Más de 80 galones: prisión de 6 meses a 1 año y multa de 100 a 200 salarios mínimos, no inferior al 200% del valor aduanero.
  • Más de 1,000 galones: prisión de 3 a 5 años y multa de 200 a 300 salarios mínimos, con un mínimo del 200% del valor aduanero.

Estas penas se aplican tanto a quienes introduzcan o extraigan hidrocarburos ilegalmente, como a quienes los oculten, disimulen, transporten, almacenen o comercialicen sin cumplir la normativa aduanera vigente.

El Ministerio Público, a través de la procuraduría especializada, tiene la responsabilidad de investigar, procesar y perseguir a los responsables de contrabando de hidrocarburos y otros productos regulados. Además, apoya a la Administración Tributaria y a los órganos reguladores en casos de evasión fiscal, fraude aduanero y decomisos.

La ley también creó el Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención, dependiente del Ministerio Público, integrado por representantes de la Procuraduría General, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de Salud, la Direccion General de Impuetsos Internos (DGII), lDirección General de Aduanas (DGA), Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) y gremios vinculados a los productos regulados. Este consejo asesora en el diseño de políticas de prevención del comercio ilícito.

En el caso de los hidrocarburos, el MICM queda habilitado como órgano regulador para sancionar infracciones administrativas y garantizar el cumplimiento de la ley.

Infracciones y sanciones generales

La Ley 17-19 contempla un amplio régimen de sanciones administrativas, que incluye:

  • Multas económicas.
  • Decomisos de productos regulados.
  • Cierre temporal o definitivo de establecimientos.
  • Demolición de estructuras.
  • Paralización de actividades.

Estas sanciones son independientes de las responsabilidades penales, que incluyen:

  • Delitos de comercio ilícito, contrabando aduanero y contrabando en general.
  • Penas de 3 a 5 años de prisión, con agravantes que pueden elevar la sanción hasta 10 años en casos que involucren medicamentos, reincidencia, participación de funcionarios públicos, delincuencia organizada o uso de violencia.
  • Decomiso obligatorio y destrucción pública de bebidas alcohólicas, medicamentos y productos de tabaco; los hidrocarburos decomisados quedan a favor del Estado.

Con la Ley 17-19, el Estado dominicano fortalece la lucha contra el contrabando de hidrocarburos, estableciendo sanciones proporcionales a la cantidad involucrada y asegurando la supervisión del MICM. La normativa busca proteger la economía, garantizar un mercado competitivo y regulado, y salvaguardar la salud pública.

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