La minería dominicana atraviesa uno de sus mejores momentos desde el punto de vista económico, pero sus principales actores coinciden en que el desafío para garantizar su crecimiento ya no se limita a producir más minerales, sino a construir confianza con las comunidades donde desarrolla sus operaciones.
Ese fue uno de los principales mensajes del panel “Cómo las Américas pueden avanzar en la cadena de valor minera”, celebrado durante el Americas Investment Forum (AIF) 2026, donde autoridades, representantes empresariales y especialistas internacionales coincidieron en que la sostenibilidad futura del sector dependerá tanto de sus resultados financieros como de su aceptación social.
Un sector que lidera el crecimiento económico
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que la minería cerrará 2026 con una participación cercana al 2.5% del producto interno bruto (PIB) y se convertirá en el sector económico de mayor crecimiento del país, con una expansión estimada de cerca del 10%.
A ese desempeño se suma que el oro continúa siendo el principal producto de exportación de bienes de República Dominicana, con ventas superiores a US$2,600 millones durante 2025 y perspectivas de superar ese monto este año.
El funcionario también destacó el dinamismo de la inversión extranjera directa (IED). Explicó que el sector captó alrededor de US$500 millones en 2025 y que solo en el primer trimestre de 2026 ya acumulaba cerca de US$300 millones, una tendencia que apunta a superar los resultados del año anterior.
En materia fiscal, indicó que la minería aportó aproximadamente US$750 millones en recaudaciones durante 2025, mientras que los trabajadores del sector perciben salarios que más que duplican el promedio nacional, reflejando el alto nivel de especialización que requiere la actividad.
“Es el sector económico que mayor crecimiento está presentando en la economía dominicana”, resumió Santos.
La licencia social gana protagonismo
Pese a esos indicadores, el ministro reconoció que el principal desafío de la industria continúa siendo la aceptación social.
“Parte de la resistencia viene porque muchas personas todavía imaginan la minería del pasado”, expresó, al señalar que buena parte del debate público sigue asociando la actividad con prácticas que, según sostuvo, difieren de los estándares de la minería moderna.
En ese contexto, uno de los conceptos que dominó la discusión fue el de licencia social, entendido como la confianza y aceptación de las comunidades hacia los proyectos mineros.
Para Gisselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, esta licencia ha adquirido una importancia equivalente a los permisos regulatorios.
“La licencia social ya se ha entendido que es una licencia igual de importante que los permisos que te permiten operar”, afirmó.
La ejecutiva explicó que perder el respaldo de las comunidades puede traducirse en retrasos operativos, mayores costos y riesgos que terminan afectando la competitividad de los proyectos.
Como ejemplo citó el bloqueo registrado en enero de 2025 durante los trabajos de expansión de Pueblo Viejo, situación que obligó a establecer una mesa de mediación con el Gobierno, representantes comunitarios, el Defensor del Pueblo y la Iglesia.
“La licencia social es algo que se construye día a día”, sostuvo.
Según Valera, esa experiencia llevó a la empresa a reforzar una conclusión: invertir en relaciones preventivas con las comunidades resulta menos costoso que gestionar conflictos una vez se producen.
Innovación y talento local como ventaja competitiva
Durante el panel también se destacó que la competitividad futura del sector dependerá de la innovación tecnológica y del desarrollo del capital humano nacional.
Valera recordó que cuando Barrick inició operaciones en Pueblo Viejo fue necesario incorporar tecnología especializada y personal extranjero para procesar un tipo de mineral que no podía explotarse con los métodos existentes.
Con el tiempo, explicó, la estrategia se concentró en transferir ese conocimiento al talento dominicano, hasta alcanzar que el 98% de los colaboradores de la empresa sean nacionales, transformando el modelo hacia uno basado también en la formación de capacidades técnicas.
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Una visión compartida en América Latina
La necesidad de agregar valor a la minería también fue respaldada por representantes de otros países de la región.
Desde Perú, Daniel Córdova planteó que el siguiente paso consiste en desarrollar ecosistemas de innovación, impulsando empresas tecnológicas, startups y proveedores especializados capaces de ofrecer soluciones para la industria minera.
A su juicio, estas innovaciones también pueden contribuir a reducir conflictos sociales mediante mejoras en áreas como el manejo del agua, los relaves y el transporte de minerales.
Por su parte, Sergio Pardo, de Argentina, sostuvo que la minería debe entenderse como parte de la transición energética mundial, donde atraer inversiones exige combinar seguridad jurídica, sostenibilidad ambiental y reglas estables de largo plazo.
“La minería en el mundo hoy ya no usa libreto; no hay espacio para otra cosa”, expresó.
Modernizar el marco legal
Durante su intervención, Santos señaló que República Dominicana trabaja en la actualización de su legislación minera, vigente desde 1970, con el propósito de adecuarla a los avances tecnológicos y reducir la burocracia que enfrentan los inversionistas.
Sin embargo, consideró que las reformas legales, por sí solas, no serán suficientes.
“La mejor forma de combatir esos relatos es con resultados concretos”, afirmó, al insistir en que las comunidades deben percibir de manera tangible los beneficios que genera la actividad minera.
Para el ministro, esos resultados deben reflejarse en infraestructura, servicios públicos y proyectos financiados con los recursos que produce el sector, de manera que las comunidades se conviertan en la principal evidencia de que la minería moderna puede traducirse en desarrollo local.
Así, mientras las cifras consolidan a la minería como uno de los principales motores de crecimiento, exportaciones e inversión extranjera de República Dominicana, los propios protagonistas del sector coinciden en que el siguiente paso dependerá de transformar ese desempeño económico en confianza, innovación y beneficios visibles para las comunidades.
