El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que la suspensión definitiva del proyecto minero Romero en San Juan anunciada a inicios de semana por el presidente Luis Abinader ocurrió mientras aún estaban pendientes los estudios ambientales que debían determinar si la explotación era viable o no desde el punto de vista técnico.
Durante su participación en el Desayuno del Listín Diario, Santos explicó que el proceso establecía completar esas evaluaciones antes de una decisión final. Sin embargo, reconoció que el rechazo social sostenido en la provincia creó un escenario que obligó al Gobierno a actuar: “Desde el punto de vista técnico, el proceso debía concluirse. Pero las circunstancias sociales llevaron a una decisión distinta”, señaló.
Santos insistió en que, aunque San Juan tiene un tejido económico centrado en la agricultura, la fortaleza de cualquier país depende de su capacidad para diversificar sectores productivos. Recordó que la minería es considerada “contra cíclica”, pues mantiene o aumenta su producción en períodos de incertidumbre o desaceleración.
Según el ministro, en 2024 la industria minera aportó RD$18,000 millones al fisco, y en 2025 la cifra ascendió a RD$45,000 millones, convirtiéndose en un soporte económico en momentos en que otros sectores se vieron afectados por tensiones geopolíticas y volatilidad internacional.
Además, destacó que en el primer trimestre de 2026 el sector energía y minas captó el 40% de la inversión extranjera directa y registró un crecimiento de 7.7%.
Santos admitió que las exploraciones mineras en el país continúan enfrentando resistencias sociales y ambientales, y consideró prioritario reforzar la educación pública sobre minería responsable. Aseguró que un proyecto bien gestionado debe maximizar los beneficios económicos y sociales para las comunidades, al tiempo que minimiza su huella ambiental.
Caso GoldQuest
En respuesta a las inquietudes generadas por la paralización del proyecto Romero en el ámbito internacional, Santos informó que el ministerio mantiene comunicación directa con inversionistas para ofrecer garantías y claridad.
La empresa GoldQuest, promotora de la iniciativa, registró pérdidas superiores al 25% tras la suspensión y fue objeto de una paralización temporal de sus cotizaciones por parte de organismos reguladores en Canadá.
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El ministro dejó claro que la medida adoptada por el Gobierno es exclusiva del proyecto Romero y no constituye un cambio en la política nacional hacia la inversión extranjera:
“La República Dominicana sigue siendo un país que respeta la inversión. Este es un caso puntual, no un mensaje general”, afirmó.
Santos anunció además que continúa en marcha el proceso de reforma integral a la Ley Minera, vigente desde 1971. La propuesta busca modernizar procedimientos, incorporar tecnologías actuales, reforzar mecanismos de supervisión ambiental y asegurar que las comunidades cercanas a los proyectos reciban mayores beneficios directos.
El proyecto será remitido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en un plazo de 60 días, con el consenso de los sectores involucrados.
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