El sector minero dominicano registró un crecimiento de 7.7% en el primer trimestre de 2026, consolidándose como uno de los principales motores de inversión y generación de empleo en el país. En ese contexto, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) expresó su preocupación tras la decisión del Poder Ejecutivo de suspender de manera inmediata cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, en la provincia San Juan.
La organización advirtió que la medida incluye la interrupción de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental previamente autorizado, lo que considera un retroceso en los procesos técnicos de evaluación.
CAMIPE sostuvo que detener este tipo de estudios no fortalece la protección ambiental, sino que limita el análisis científico necesario para determinar la viabilidad de los proyectos bajo criterios de sostenibilidad.
El sector también planteó la necesidad de una reforma legal que actualice el marco regulatorio de la minería en el país, a fin de garantizar reglas claras y seguridad jurídica, en línea con los objetivos del Plan META 2036.
En la misma línea, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) respaldó la importancia de que las decisiones sobre proyectos de alto impacto se sustenten en evidencia técnica y respeto a los procesos institucionales.
El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, señaló que la minería responsable es posible bajo un equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y cohesión social, aunque advirtió que la suspensión abre interrogantes sobre la consistencia de los procedimientos.
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La decisión del presidente Luis Abinader se produce en medio de manifestaciones sociales contra el proyecto, lo que ha reactivado el debate sobre la aplicación de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Mientras el Gobierno ha argumentado que la falta de licencia social impide la continuidad del proyecto, el sector empresarial insiste en que las decisiones deben basarse en criterios técnicos, cumplimiento normativo y debido proceso.
A pesar de las diferencias, CAMIPE reiteró su disposición al diálogo con las autoridades, comunidades y expertos, con el objetivo de construir consensos que permitan compatibilizar desarrollo económico y protección ambiental.
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